Hacienda aplaca el 'motín del tasazo': multas para quien no aplique en abril el impuesto de basuras

El Ministerio de Hacienda ha puesto pie en pared ante el intento de rebelión de los ayuntamientos contra la tasa de basuras. El departamento que dirige María Jesús Montero advierte ya de que en ningún caso es posible un aplazamiento o renuncia sobre el nuevo impuesto municipal, que entra en vigor el próximo 10 de abril en toda España. Las administraciones que no lo apliquen en el plazo marcado se enfrentan a posibles sanciones, como multas económicas o la imposibilidad de acceder a fondos europeos. El 'motín del tasazo', impulsado sobre todo por consistorios del PP y Vox, está condenado al fracaso.

El tributo sobre la recogida de residuos, implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha generado un enorme rechazo entre los ayuntamientos. En primer lugar, porque subir impuestos siempre es impopular. Y en segundo término, porque su aplicación plantea muchas dudas y entidades como la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local prevén un aluvión de recursos en los tribunales. El enfado es tal, que algunos consistorios se han declarado en rebeldía y aseguran que no cumplirán con las fechas establecidas en la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Leganés, gobernado por el PP, encabeza esta reacción en la Comunidad de Madrid. El alcalde, Miguel Ángel Recuenco, se ha mostrado desde el inicio completamente en contra de la aplicación de este tributo, con el argumento de que es "injusto y evitable", amenazando incluso con la insumisión fiscal. Si bien finalmente ha cedido y cumplirá con lo establecido en la norma, en el equipo de Gobierno de la localidad son incapaces de aclarar cuándo se pondrá en marcha. "En abril no va a entrar, tiene que estar reflejado en una ordenanza y ya no daría tiempo", apuntan fuentes municipales, recordando que la coalición del PP y ULEG no tiene mayoría.

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Los ayuntamientos rebeldes esgrimen que la Comisión Europea ya concluyó que la directiva europea sobre la gestión de los residuos no iba en la línea marcada por el Gobierno y que no había obligatoriedad de convertirlo en un nuevo impuesto. Este extremo ha inflado las velas de Vox, convirtiendo el tasazo de basuras en una bandera política contra el PP y el PSOE, acusados de una supuesta complicidad en este tema. La formación ultraconservadora, incluso, asegura que ha conseguido un aplazamiento en algunos municipios donde gobierna con los populares, como Torrelodones o San Martín de la Vega (Comunidad de Madrid), destacándolo como uno de los hitos de su gestión municipal.

La realidad, sin embargo, es que es imposible. El Ejecutivo desmiente el anuncio de Vox y avisa de que el cumplimiento de la ley no es algo arbitrario. Tanto el Ministerio de Transición Ecológica, que impulsó la ley, como el de Hacienda subrayan que no existe ninguna posibilidad de aplazar la entrada en vigor del tributo. Y mucho menos una negativa. "La ley hay que cumplirla. Abril del 2025 para todo el mundo", declaran en el ministerio tras las preguntas de este periódico. El departamento de la vicepresidenta Montero elaboró en 2022 un documento donde ya señalaba las posibles consecuencias de esta indisciplina.

El escrito, elaborado por la Dirección General de Tributos, recordaba que España se exponía a una sanción de la Unión Europea por incumplir los objetivos en la gestión de residuos. Y acto seguido indicaba que esa multa sería repercutida a las administraciones responsables.

Bloqueo de fondos europeos

"El incumplimiento de los objetivos comunitarios que afectan a los residuos municipales podría conllevar que el Reino de España fuera sancionado, con lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 y en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dicha sanción sería repercutida a las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público responsables, lo que se aplicaría a aquellas entidades locales que no cumplieran con el establecimiento de la Tasa/PPPNT que tenga en cuenta el sistema de pago por generación y que no sea deficitaria", recoge el documento. Y añade: "Adicionalmente, la existencia de dicha Tasa/PPPNT puede ser exigida como criterio condicionante para el acceso por parte de las entidades locales a los fondos comunitarios".

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La inmensa mayoría de los ayuntamientos han encajado ya la tasa de basuras, que será como una especie de IBI, repercutido a los ciudadanos anualmente. Las administraciones han establecido diferentes fórmulas para aplicarlo, en unos casos en función del valor catastral de la vivienda, del número de empadronados o por el consumo de agua. Los inspectores de Hacienda Pública Local calculan que el recibo medio será en torno a los 190 euros e insisten en que su aplicación no está nada clara y conllevará tantos problemas como acarreó el impuesto de plusvalía. Las únicas certezas, al menos sobre el papel, es que la tasa no puede ser deficitaria y que los implicados tienen que tener todo dispuesto el 10 de abril.

La ley 7/2022 parte del principio de que "quien contamina paga" y que debe repercutirse al contribuyente: "(...) las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".