Sánchez destina 7 millones en publicidad institucional para promocionar su plan contra la prensa crítica

El Plan de Acción por la Democracia es toda una prioridad para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así ha bautizado su equipo a la colección de medidas en el ámbito judicial, mediático y digital que bajo un envoltorio "democrático" atarán en corto la labor de medios y jueces y elevarán el control gubernamental sobre estos elementos de fiscalización del poder. Sánchez quiere que este plan sea un pilar de su mandato presidencial, y va a destinar a su promoción 7.835.000 euros, tal como consta en el Plan de Publicidad Institucional para el año 2025.

Prueba de la relevancia que implica esta iniciativa para Sánchez es que se trata de la tercera campaña más cara de las que impulsará el Gobierno este año. Solo la superan la campaña de la declaración de la renta, que costará 9 millones, y la de la DGT para la divulgación de la seguridad vial, dotada de 11,4 millones. Llevará el nombre de El valor de las libertades y la democracia en España, y será dirigida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Su ejecución es plurianual, y el coste para ambos años supera los 8 millones de euros.

La primera campaña se lanzará en marzo de 2025, y la segunda en junio de 2026. Según el plan del Gobierno, su objetivo es "dar respuesta al Plan de Acción por la Democracia, desarrollando todas las acciones de comunicación y de divulgación que se precisen para informar y comunicar sobre los valores de las libertades en España y temas relacionados con la democracia".

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Se difundirán las bondades del plan en televisión, radio, prensa, revistas, internet, cine y espacios físicos exteriores. Además, se realizará en todas las lenguas cooficiales (catalán, gallego, euskera y valenciano), aparte de en español. Sánchez destinará más a esta campaña que a la de prevención de la violencia contra las mujeres (5,9 millones), y siete veces más que a la difusión de becas y ayudas al estudio (850.000 euros) o a informar sobre el ingreso mínimo vital (1,8 millones).

De la 'ley Begoña' al control en redes sociales

Uno de los últimos pasos que ha dado el Ejecutivo en el marco de su Plan de Acción por la Democracia es la tramitación de la llamada ley Begoña, diseñada a la medida para archivar la investigación contra la mujer del presidente por presunta apropiación indebida, entre otros posibles delitos. Esta norma, que deberá pasar el visto bueno del Congreso de los Diputados, plantea que las investigaciones judiciales no deben partir de investigaciones periodísticas, además de eliminar la figura de la acusación popular y dejar todo el peso de la instrucción en la Fiscalía.

En este marco de este plan, el Gobierno también pondrá en marcha modificaciones en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor que conduzcan a la "rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados". Una iniciativa que busca atar en corto a la prensa crítica.

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En las próximas semanas, el Gobierno reactivará otro de los puntos claves de su plan: la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como organismo sancionador y de vigilancia de las redes sociales. Esta medida se encontraba recogida en el primer decreto ómnibus que el PSOE presentó al Congreso y que fue rechazado por la mayoría parlamentaria. Junts se opuso a su inclusión en el segundo decreto porque consideraba que se irrumpía en las competencias de Cataluña.

El Gobierno dotará a la CNMC de competencias para la "supervisión, investigación y sanción sobre los prestadores de servicios establecidos en España". Las sanciones previstas en el anterior ómnibus para plataformas digitales como Google, Facebook, X o WhatsApp alcanzaban los 600.000 euros y la prohibición de actuar en España dos años en el caso de las infracciones muy graves.