'Caso Mediador’: maniobras dilatorias, robo de pruebas, ceses y nombramientos a medida

El 14 de febrero de 2023 vio la luz uno de los episodios más sensibles a los que se ha enfrentado el PSOE de Pedro Sánchez: el ‘caso Mediador’, una trama corrupta en la que varios empresarios, políticos socialistas e incluso un general de la Guardia Civil presuntamente pagaron y cobraron sobornos a cambio de favores y amaños en contratos públicos. El caso ya acumula 15.000 folios y 42 tomos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia canario. Sin embargo, dos años después de hacerse público el escándalo, la parte más sensible de la investigación parece haber entrado en un callejón sin salida.

El Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife investiga varios delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y delito contra la administración de Justicia. La arista más delicada del caso ya está en manos de la Fiscalía Europea: según las pruebas que constan en el sumario, la trama del caso Mediador habría sacado tajada de los contratos opacos con los que la FIIAPP, una agencia de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, equipa y entrena a varios regímenes del Sahel para frenar la inmigración irregular y el yihadismo. El dinero de esos contratos procede de fondos europeos.

El Inspector Jefe de la Policía Nacional que destapó el caso, Francisco Moar, fue expulsado de la investigación tres días antes de la reunión clave con representantes de la Oficina Antifraude europea. En esa cita tenían previsto poner en común los hallazgos sobre los contratos antimigratorios del Sahel. La FIIAPP, institución del gobierno que los adjudicó, no está siendo investigada. Tampoco la autoridad que los firmó, la por entonces directora de esta agencia de cooperación, Anna Terrón i Cusí, veterana del Partido Socialista que también ocupó otros altos cargos en el gobierno de Zapatero. ¿Por qué?

Un cúmulo de casualidades

El caso Mediador ha estado rodeado de movimientos soterrados y maniobras dilatorias desde el principio. Varios se produjeron en marzo de 2023, un mes después de que estallara el caso.

El primero fue la destitución del Inspector Jefe Moar al frente de las pesquisas. El caso estaba en manos de la Policía Nacional, pero entonces pasó a la Guardia Civil. Entre los principales investigados figuraba un general de división del Instituto Armado, Francisco Espinosa.

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Moar había sido propuesto para una medalla, pero el comisario principal de Canarias, Jesús María Gómez, frustró esa condecoración. Antes de llegar a Canarias a propuesta del ministro Marlaska, Gómez saltó a la fama por ser el responsable del puesto fronterizo de Barajas cuando se produjo la polémica reunión entre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y José Luis Ábalos.

Unos días después de que Moar fuera apartado, entre el 31 de marzo y el 2 de abril, desaparecieron dos teléfonos móviles bajo custodia policial en la caja fuerte de su despacho. Una de las cerraduras de la oficina había sido forzada. La Justicia aún no ha dirimido la denuncia que presentó Moar por estos hechos. La defensa de los acusados de ‘Mediador’ podría argumentar que las pruebas de esos teléfonos no son válidas porque la cadena de custodia quedó en entredicho. Uno de esos terminales, un Samsung blanco, contiene más de 400 audios comprometedores para el Partido Socialista, según el mando policial que dirigió la investigación.

En abril tuvo lugar otro suceso destacado: la jueza que investiga el ‘caso Mediador’ puso en manos de la Fiscalía Europea la parte del caso que afecta a los contratos antimigratorios del Sahel. Un día después, el 18 de abril, la FIIAPP afirma que sufrió un ciberataque y que por esta razón no pudo entregar parte de la documentación requerida sobre esos contratos. Fuentes de la Guardia Civil y el Servicio Antiblanqueo aseguran que no se trató de un ciberataque, sino de un acto premeditado para destruir pruebas incriminatorias. La FIIAPP asegura que “no se ha llevado a cabo ningún borrado de información” y que “ninguna información solicitada se vio comprometida por el ciberataque”.

En 2020 el director jurídico de la FIIAPP elaboró una guía interna repleta de memes para atajar las negligencias de esta agencia a la hora de adjudicar contratos. El documento y su tono cómico ilustra el caos en el manejo de dinero público de la FIIAPP, que gestiona más de 100 proyectos por un valor superior a los 500 millones de euros. Tras dos años denunciando a nivel interno mala praxis, el director financiero dimitió. Hasta la fecha, ningún responsable de la FIIAPP ha sido procesado por posibles irregularidades en esas adjudicaciones.

No es la primera vez que las sospechas de corrupción se ciernen sobre la FIIAPP. Tampoco es la primera vez que esta institución evita rendir cuentas y depurar responsabilidades. La FIIAPP, institución con la que el gobierno de España envía cantidades ingentes equipamiento antimigratorio a varios países africanos, es objeto de avisos y reprimendas constantes por parte de los entes encargados de supervisar la gestión del dinero público.

La Intervención General del Estado (IGAE), responsable de supervisar la gestión económica del sector público, señala que los procesos de contratación de la FIIAPP no son claros. Desde 2020, este ente, adscrito al Ministerio de Hacienda, también ha alertado de que esta agencia de cooperación incumple la Ley de Contratación. La IGAE incluso ha detectado varios contratos de la FIIAPP adjudicados sin ningún proceso de licitación. En otros casos, señala que la FIIAPP ficha a expertos mediante contratos menores que después prorroga, logrando así desembolsar grandes sumas sin convocar concurso público. No es posible comprobar que los contratos de la FIIAPP se cumplen, denuncia la IGAE. El Tribunal de Cuentas también enumera los incumplimientos de la FIIAPP en materia de contratación, gestión de personal y transparencia. Un año antes de que estallara el ‘caso Mediador’, en su auditoría correspondiente a 2022, este Tribunal ya alertaba sobre los contratos de la FIIAPP ahora investigados por la Fiscalía Europea.

Externalización antimigratoria al margen de la ley

El Inspector Jefe Moar califica las pesquisas del ‘caso Mediador’ como “una investigación fallida”. No sería la primera vez que la FIIAPP esquiva la acción de la justicia. Una investigación internacional desveló en 2024 el papel destacado de la FIIAPP en las operaciones de Mauritania para detener a personas negras y abandonarlas en el desierto. Esta agencia gubernamental no asumió responsabilidades por los hechos probados ni fue encausada.

Un ejemplo está en los contratos en el Sahel investigados en el ‘caso Mediador’. Estas adjudicaciones corresponden al proyecto GARSI, liderado y gestionado por la FIIAPP. Precisamente en abril de 2022, cuando la investigación avanzaba en secreto, la Comisión Europea recibió una evaluación confidencial de este proyecto. Entre otros asuntos, señala que la FIIAPP empleó “al menos 12 millones de euros” en gastos no justificados. El equipamiento entregado por esta agencia para los países del Sahel era inadecuado y en varios casos “simplemente no ha llegado al país”, reza el informe.

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Una nota de inteligencia a la que tuvo acceso porCausa detalla varios episodios en los que mercenarios rusos del Grupo Wagner y yihadistas de JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel, tomaron el control de vehículos blindados que la FIIAPP entregó a Mali. A puerta cerrada, dos directivos de la agencia reconocen que no tienen mecanismos ni protocolos para hacer seguimiento de estas entregas. Varios contratos de la FIIAPP bajo investigación de la Fiscalía Europa tenían como destino Mali.

Sumido en una grave crisis política, en febrero de 2024 el presidente de Senegal suspendió las elecciones previstas para ese mes. Miles de senegaleses volvieron a protestar en defensa de la democracia. El gobierno respondió con violencia. Una investigación reveló que Senegal usó vehículos blindados suministrados por la FIIAPP para aplastar la movilización en las calles. La represión dejó al menos 60 muertos. La Comisión Europea abrió una investigación y la concluyó sin depurar responsabilidades. En los últimos años esta agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado más de 700 blindados, quads, drones, todoterrenos y otros vehículos a países africanos regidos por dictaduras, pero se niega a facilitar informaciones básicas, como el modelo de esos vehículos. “El compromiso con la transparencia es absoluto”, reza el comunicado que la FIIAPP publicó hace dos años, el 14 de febrero de 2023, al estallar la trama ‘Mediador’.