Las 7.105 anotaciones de la UCO que dan alas al fiscal general

Un documento con miles de celdas de Excel en el que se repite una y otra vez la dirección postal completa del domicilio familiar del fiscal general del Estado. En concreto, 7.105 veces. Los anexos del último informe de la UCO sobre el tráfico de llamadas de Álvaro García Ortiz se han convertido en la nueva manzana de la discordia del caso por revelación de secretos que instruye el Tribunal Supremo. Las tensiones alcanzan a la Guardia Civil, al juez instructor -acusado de falta de celo- y al resto de personas cuyos datos figuran en esa relación, entre ellos, la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, un periodista y un policía que trabaja como escolta. El cóctel no puede ser más explosivo.

El episodio se ha ido desarrollando a lo largo de esta semana y tendrá aún nuevas entregas. Todo comenzó con un informe sin duda negativo para la defensa de García Ortiz, acusado por el alto tribunal de filtrar información privada del novio de Isabel Díaz Ayuso. Las conclusiones generales de la UCO indicaban que borró sus mensajes de Whatsapp "hasta dos veces" el pasado 16 de octubre, cuando la Sala de lo Penal anunció su imputación por un presunto delito de revelación de secretos. La Guardia Civil destacaba además que García Ortiz ha eliminado su cuenta personal de Gmail. No halló conversaciones telefónicas mantenidas en el periodo analizado con ningún miembro del Gobierno o cargo intermedio.

No obstante, junto a las conclusiones se remitieron al instructor y se notificaron a las partes los anexos con el bruto del cribado en los que figuran los famosos datos. El informe y los anexos han estado en poder de los medios, sin ir más lejos de este. La imagen que ilustra esta crónica ha sido retocada para tapar aquellos de tipo personal.

No habían pasado ni unas horas cuando el asunto explotó. Se sucedieron casi de forma simultánea dos hechos. El fiscal general acudía al Consejo General del Poder Judicial para quejarse de la violación del secreto de sus comunicaciones e Interior anunciaba que estudiaba reforzar su seguridad.

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El derecho al secreto de las comunicaciones está recogido en la Constitución y su violación es susceptible de recurso ante el Tribunal Constitucional que dirige Cándido Conde-Pumpido. El fiscal general ya anticipó durante su declaración como imputado que considera que una parte de la instrucción es irregular y viola sus derechos. Prevé reclamar el amparo del órgano en el momento en el que agote las vías de recurso en el Supremo, antes incluso de que se determine si el caso se manda a juicio. Con el nuevo capítulo, suma argumentos para hacerlo.

En los escritos remitidos al Consejo y según informan fuentes de su entorno, asegura que en estos anexos de los que se ha dado traslado a las partes se reflejan aproximadamente 240.000 registros de su actividad del día a día y laboral. También dice que el hecho de que esos datos circulen le pone en riesgo a él y a su familia. Pide una intervención del Consejo para restringir la difusión y garantizar sus derechos.

Señalar a la UCO

Lo sucedido ha servido también para que el fiscal general redoble sus críticas tanto a la UCO como al juez que le investigan. Ahora les acusa de exceso, pero ya en anteriores escritos de su defensa -que coincidieron también con otros informes- cargó contra la Unidad y aseguró que sus conclusiones incluían "importantes irregularidades y omisiones" que llevan a "erróneas inferencias".

Opinión

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El juez Ángel Hurtado tampoco sale bien parado. Ya reflejó su opinión en un auto dictado hace unas semanas en el que se oponía a varias diligencias reclamadas por García Ortiz, entre ellas, la publicación de sus números de teléfono. El magistrado dijo entonces que el derecho a la reserva de datos no es un derecho absoluto e incondicionado y que puede existir un interés legítimo para no suprimirlos, que justifique que no se haga.

Si el fiscal atacaba a la UCO, el juez la defendía y aseguraba -y no ha sido la primera vez- que lo único que ha hecho es "cumplir con su deber de ir informando a este sobre el resultado sus pesquisas" que, lógicamente, refleja en sus oficios. Respecto a los teléfonos, decía que las diligencias a practicar giraban en torno a determinados datos personales y que para avanzar era fundamental que tanto él como las partes del procedimiento los consultaran sin restricciones.

Lo que el juez ya ha adelantado es que entonces y ahora cree que el acceso de las partes a esta información garantiza su derecho a la tutela judicial efectiva. Ha pedido el criterio de las partes para determinar como proceder en adelante. Lucha de derechos. Lucha de sables.