Vox exige a los barones del PP que se declaren en rebeldía con Bruselas a cambio de presupuestos

El duro forcejeo que Feijóo y Abascal han protagonizado en las últimas semanas tiene una consecuencia inmediata. Las posibilidades de aprobar presupuestos en las seis comunidades donde el PP gobierna en minoría parecen cada vez más remotas. El optimismo que exhibían meses atrás algunos barones vuelve a empañarse por la estrategia de confrontación en la que se ha instalado Vox, que no se moverá de su posición de máximos. A la exigencia de renunciar a la acogida de más migrantes, Abascal sumó una nueva petición el pasado fin de semana: "romper con el PSOE en Bruselas de forma explícita".

Fuentes de Vox aclaran que lo que exigen a los presidentes autonómicos concernidos —los de Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León y Extremadura— es un compromiso claro y garantista de que no aplicarán en sus territorios las políticas del Pacto Verde, aunque eso implique enfrentarse a sanciones de Bruselas o a comprometer la postura de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, en Europa. Y reiteran que esta exigencia no es ni más ni menos que "cumplir" con lo que suscribieron en los pactos de gobierno de 2023, los mismos que saltaron por los aires sólo un año después por la salida unilateral de Vox de los ejecutivos.

La aprobación de los presupuestos autonómicos no es una cuestión baladí para el PP. Aunque en Génova defienden que no es determinante para la "estabilidad" y continuidad de sus ejecutivos, lo cierto es que el estancamiento de las cuentas lastra el relato en el que Feijóo basa parte de su estrategia de ataque a Sánchez: la incapacidad del dirigente socialista de armar una mayoría parlamentaria suficiente como para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, y la conclusión de que su mandato "está agotado".

"Vox tendrá que explicárselo a sus electores. Nadie les ha votado para complicar la vida a un gobierno de centroderecha", se defienden en la sede nacional del PP. Vox rebate rápidamente ese argumento, y niegan que su inflexibilidad les vaya a suponer un coste electoral. De hecho, Abascal ha recrudecido sus ataques a Feijóo en paralelo a la subida sostenida que están registrando en las encuestas, y en su entorno creen que les irá bien siempre que cumplan una máxima: "mantenernos firmes en nuestras convicciones".

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El partido de Abascal, que reniega de las 'baronías' y marca una directriz estricta a todos sus cargos territoriales, apunta a que no hará excepciones en su posicionamiento. Es decir, no flexiblizará sus condiciones en la Comunidad Valenciana pese a que, en este caso, las cuentas estarán orientadas a la reconstrucción tras las inundaciones del pasado mes de octubre. A Mazón le exigirá el mismo compromiso que al resto de sus homólogos autonómicos, aunque en este caso el PP cuenta con el 'comodín' del PSOE, que ya se ofreció a pactar las cuentas autonómicas por las urgencias de la región.

Pese a los guiños del presidente de la Generalitat —que sitúa a Vox como "socio prioritario"— la situación se ha tensado en los últimos días a cuenta de unas declaraciones de su vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, tras dar la "bienvenida" a la regularización de 25.000 extranjeros afectados por la DANA. Vox ya tenía al exmilitar en el punto de mira por evitar la confrontación con el Gobierno y "hacer el juego a Sánchez".

La inmigración es un asunto capital para Vox. Es su gasolina electoral. Y prefieren tumbar los presupuestos de seis comunidades autónomas antes que ver comprometida su postura, más en plena ola trumpista en el terreno internacional. Al partido ultraconservador no le vale con que Feijóo y sus comunidades se opongan al nuevo acuerdo suscrito entre el Gobierno y Canarias para activar una nueva reubicación de menores migrantes. Si entran más extranjeros en los territorios, advierten, estarán fuera de cualquier acuerdo. Y ello implica hacer elegir a los barones del PP entre no tener presupuestos o rebelarse contra la ley.

"Resulta absurdo pactar en las autonomías si Bruselas o Madrid tienen capacidad de romper el pacto cuando les venga en gana. La línea roja es saber qué garantía hay de que se vaya a cumplir lo pactado", reflexionan en el entorno de Abascal. Pese a mantener las espadas en alto, en Vox admiten que hay comunidades en las que ven más cerca un acercamiento, como Murcia o Aragón, mientras que en otras, como Castilla y León, se percibe mucho más complicado.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró el martes que no ve diferencia entre lo que les exige Abascal y lo que él ha reclamado al Gobierno y a la UE: endurecer la política migratoria y flexibilizar las políticas verdes para no perjudicar al sector agrícola. Es el mismo posicionamiento que tiene Alberto Núñez Feijóo. Pero, al menos de momento, no es suficiente para Abascal, que exige una ruptura expresa del pacto con los socialdemócratas en la UE y que implicaría la quiebra de la propia Comisión Europea.

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El enfrentamiento va camino de cronificarse. Porque Génova, al menos de momento, no quiere dar su brazo a torcer y ve "imposible" cumplir con las "ocurrencias" de Abascal. "Vox tiene que renunciar a querer dirigir al PP", denuncia un dirigente de la máxima confianza de Feijóo. "Deberían modular su ambición".