El juez pregunta si la queja de García Ortiz sobre sus datos afectará a las acusaciones

El instructor del caso de la revelación de secretos del fiscal general del Estado se ha dirigido a las partes en una providencia en la que se comunica de forma oficial la queja planteada por Álvaro García Ortiz sobre la difusión de sus datos y les pide que formulen alegaciones para recabar su opinión sobre si la eliminación de los detalles que incorporó la Unidad Central Operativa (UCO) en su informe afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones personadas en el procedimiento o de la Fiscalía y la defensa.

El magistrado señala que ha conocido la queja presentada por García Ortiz en el Consejo General del Poder Judicial sobre la difusión de datos del investigado en determinados medios, al parecer extraídos del informe de la UCO. Vuelve a recordar a todos los personados que deben guardar un deber de reserva y recuerda que ha advertido en diversas ocasiones contra la filtración de datos para evitar la difusión pública, fuera de la causa, "de información que durante la instrucción vayan siendo incorporados a las actuaciones".

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El fiscal general ha presentado en los últimos días dos escritos ante el Consejo en los que asegura que la UCO se excedió al reflejar en los anexos de su informe las direcciones de varios domicilios privados de las personas con las que mantuvo conversaciones, además del suyo propio. Además, ha indicado, según aseguran fuentes conocedoras de su queja, que la Guardia Civil se ha saltado el límite de investigación fijado y ha analizado llamadas de varios meses y no únicamente del periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo.

Revisión de su actividad

Los escritos también denuncian que la UCO refleja datos irrelevantes y aporta un desglose detallado de toda su actividad telefónica que considera desmesurado. En cuanto a los datos de personas ajenas al procedimiento, señala que se incluyen las direcciones postales y los DNI de fiscales como Dolores Delgado, un abogado, un periodista y un escolta. Interior anunció tras la queja que reforzará la protección del fiscal general por la difusión de estos datos.

Este mismo miércoles, la Dirección de Supervisión y Control de Datos del Consejo General del Poder Judicial inició actuaciones previas en relación con los escritos y anticipó que llevará a cabo las actuaciones "que resulten oportunas" a la vista de los escritos remitidos. Las funciones de proteger los datos respecto de las operaciones de tratamiento efectuadas con fines jurisdiccionales por los tribunales corresponden por ley al órgano de gobierno de los jueces.