El Gobierno destina 60.000 euros a estudiar el "sexilio" LGTBI en zonas rurales

El Ministerio de Igualdad ha formalizado un contrato por 60.000 euros para realizar un "estudio sobre el fenómeno del sexilio en España, sus causas, alcance y consecuencias". El sexilio se refiere a la migración de personas LGTBI a causa de la discriminación por orientación sexual o identidad de género. El estudio ha sido adjudicado a Fresno Servicios Sociales, que también deberá recoger "experiencias de discriminación y victimización que sufren las personas LGTBI+ sexiliadas, antes, durante y después de su proceso migratorio".

El Ministerio de Ana Redondo justifica esta iniciativa por la afluencia de los delitos de odio cometidos por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género. Según el último informe del Ministerio del Interior, confeccionado por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género suponen la segunda causa de agresión, correspondiendo al 23,3% del total. En primer lugar, no obstante, se encuentran las agresiones por racismo y xenofobia, alcanzando el 41%.

Datos de Interior, citados en el contrato, señalan que en España el 42% de las personas LGTBI (63% en el caso de las personas trans) se han sentido discriminadas en el último año, y que el 8% de las personas LGTBI han sido agredidas en los últimos 5 años (20% en el caso de las personas trans). "Escapar al control social y a la norma heterosexista, empezar de cero y establecer una nueva identidad, un mayor anonimato o incrementar las oportunidades para socializar pueden ser algunas de las motivaciones por las que las personas LGTBI migran a las grandes ciudades", apuntan citando al antropólogo José Ignacio Pichardo.

En este contexto, Igualdad apunta que "cobra especial importancia el fenómeno del sexillo, entendido como el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales". Explican que aunque los aspectos económicos "suelen ocupar una gran parte de las preocupaciones" de los ciudadanos que migran, centrarse solo en este elemento es una perspectiva "reduccionista" si no se tienen en cuenta otras motivaciones.

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En el plazo de un año, el adjudicatario deberá presentar un informe donde se dimensione el alcance del sexilio dentro de España, se identifiquen "los principales itinerarios de migración interior de las personas LGTBI+" y se apunten propuestas para abordar el problema.

Un problema de "despoblación"

Argumentan que apenas existen datos o cifras sobre el sexilio en España, lo que complica el poder saber las dimensiones del problema. Sí centran esta circunstancia en las áreas rurales, donde un menor porcentaje de personas manifiesta su sexualidad. "La consecuencia inmediata de este éxodo es una mayor despoblación de las zonas rurales. Muchas personas LGTBI que optan por emigrar son jóvenes, por lo que el sexilio debe ser un factor a tener en cuenta en el abordaje de las políticas sobre despoblación", subrayan.

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Los propios pliegos de contratación reconocen a España como uno de los países con "una mayor aceptación de la diversidad sexual, de género y familiar". Citan, por ejemplo, el ranking que elabora la organización ILGA-Europe, que sitúa a España como el cuarto país del mundo con mayor respeto al colectivo LGTBI. El Eurobarómetro Especial 535 sobre Discriminación en la UE concluye que el 80% de la población española se sentiría totalmente cómoda teniendo a una persona trans o intersexual en el cargo político electo más elevado, frente al 58% de la media de la UE.

A su vez, el documento elaborado por la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ recoge que mientras que en la Unión Europea el 22% de la ciudadanía se sentiría incómoda teniendo contacto diario con una persona lesbiana, gay o bisexual en el trabajo, en España este porcentaje cae al 7%. Pese a estos datos, el Gobierno argumenta que es necesario "seguir avanzando para eliminar cualquier barrera al disfrute de los derechos de las personas LGTBI, hacer de la sociedad española una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad". El Partido Socialista ya introdujo en el Congreso de los Diputados en 2022, con Irene Montero al frente de Igualdad, la necesidad de invertir más recursos públicos en conocer el fenómeno del sexilio.