El Supremo confirma la condena de 4 años y medio de Borrás y la excluye de la amnistía

La Sala de lo Penal ha confirmado este miércoles la condena a 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros impuesta a la expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borrás por delitos de prevaricación administrativa, continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por adjudicar de forma irregular a un conocido, mediante 18 contratos menores, la elaboración del portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que ella dirigía entre 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros.

Además, el tribunal, de acuerdo con la Fiscalía, rechaza la petición de la recurrente de que se le aplicase la ley de Amnistía de junio de 2024, ya que los hechos probados que han sido calificados como delitos de prevaricación y de falsedad no guardan relación alguna con el proceso independentista catalán. La Sala desestima íntegramente el recurso de casación de Borrás en el que, entre otros motivos, cuestionaba la proporcionalidad de la pena impuesta y se basaba para ello en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña propuso en su sentencia un indulto parcial para dejar en dos años la pena de prisión, y en el voto particular discrepante de una magistrada del tribunal catalán que reclamaba una condena inferior.

Borràs recurrió ante el TS aduciendo, entre otras razones, una persecución política por sus creencias independentistas y falta de imparcialidad del tribunal que la juzgó. Alegaba que "todo lo ocurrido" en este procedimiento judicial contra la expresidenta del Parlament "no es casual ni está privado de intención política" puesto que se enmarca en un "contexto convulso" tras la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 suspendido por el Tribunal Constitucional.

El Supremo no solo no atiende estos argumentos sino que, además, los rechaza de plano. Considera proporcionada la pena impuesta y destacar el indulto parcial que hubiera dejado la pena en dos años, porque “los hechos probados se enmarcan en una conducta inserta en la corrupción de un funcionario público que se sitúa al margen de la ley, la desobedece y vulnera los principios que informan el actuar de la administración pública. Enmarcados los hechos en la corrupción, es difícil atender la consideración que la recurrente expresa”.

La sentencia afirma que la conducta típica en los delitos de corrupción se centra en la obtención de puestos dentro del Estado, directamente o a través de influencias, para delinquir, para obtener ventajas patrimoniales, para desmantelar al Estado, o para apropiarse del patrimonio del Estado. “En ocasiones, desde esa ocupación, directa o indirecta, se utiliza el puesto estatal para extorsionar a personas, físicas o jurídicas, o para asegurarse la adjudicación de contratos, propiciando situarse en los dos lados de la contratación, como Estado y como adjudicatario de la concesión o del contrato, alterando las condiciones de la libre concurrencia. Son imaginables muchas formas de actuar, asegurándose el enriquecimiento personal y los favores del poder, desde dentro o a través de personas interpuestas”, subrayan los magistrados.

El tribunal explica que la reacción de los Códigos penales ha consistido en la tipificación de nuevas figuras penales y junto a las clásicas de prevaricación, cohecho y malversación han surgido nuevas figuras típicas como el tráfico de influencias, el fraude a la administración… "dirigidas a reprimir conductas antisociales en las que la lesión a la ciudadanía es mucho mayor que la que se deriva del coste patrimonial consecuente a un enriquecimiento ilícito, pues se ponen en cuestión aspectos básicos de la ordenación social, como los principios de transparencia, de igualdad de oportunidades, de objetividad en el ejercicio de la función pública y, por ende, el propio funcionamiento del sistema democrático que se cuestiona con los comportamientos en los que el sistema de poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía".

El monto de los contratos otorgados a su amigo Isaías Herrero, que también fue condenado por estos hechos, fue de 335.700 euros. Andreu Pujol, otro acusado, prestó su nombre y el de sus empresas para camuflar el destinatario final de ese dinero. Durante el juicio, quedó claro que Borràs no solo conocía que estaba obrando ilegalmente, sino que, además, daba instrucciones a Herrero sobre cómo hacer trampas para detraer el dinero público.

Contra las norma de convivencia

La sentencia, dictada por unanimidad y ponencia del presidente en funciones de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, concluye que desde la perspectiva expuesta el alegato de la recurrente "es difícilmente atendible, dada la entidad del daño producido, porque no solo se ha producido un quebranto patrimonial, al Estado o a terceros concurrentes, sino también un daño a las normas de convivencia y de ordenación social, en los términos señalados, por un funcionario público llamado a observar las exigencias del Estado de derecho".

En cuando a la pretensión de quedar amnistiada, el Supremo contesta que ni el perfil, ni el desarrollo de una acción de gobierno, en la parcela administrativa que dirigía, "permiten considerar que la conducta por la que ha sido condenada se enmarca en un contexto del denominado proceso independentista catalán". Añade que el hecho probado refiere una contratación administrativa para facilitar una adjudicación directa a una persona obviando la normativa que está prevista para evitar la corrupción y asegurar la transparencia y la igualdad de los posibles licitantes.

Para el Supremo, en ninguno de los apartados de la Ley de Amnistía puede encuadrarse la conducta de Borrás, "a excepción de la consideración de la existencia de un perfil intensamente independentista, que remite a una consideración propia de un derecho penal de autor y no un derecho penal de actos, que es lo reflejado en el hecho probado, en el que se refiere una conducta que ha sido subsumida en un tipo penal".