Crisis en el Gobierno por el "espectáculo" del SMI: Sumar exige una solución a la "torpeza" de Montero

Un mal día lo puede tener cualquiera pero el Gobierno de coalición hizo todo lo que estaba en su mano para convertir este martes en una jornada de alta tensión. La aprobación del aumento de 50 euros en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fue súbitamente desplazada por la confirmación del Ministerio de Hacienda de que, a partir de ahora, con 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, se pagará IRPF. Una decisión, denunció Sumar, que se tomó "de manera unilateral y sin consenso" y que abrió una crisis en directo entre dos socios de coalición, con Yolanda Díaz y Pilar Alegría corrigiéndose mutuamente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En el Ejecutivo reconocen que "no nos podemos permitir este espectáculo" porque el choque, lejos de quedarse en un enfrentamiento verbal, ha escalado a conflicto político. Sumar ha registrado en el Congreso una proposición de ley para tumbar la "imposición" de María Jesús Montero y que los trabajadores que cobren el SMI estén exentos de abonar el IRPF. Exigen una rectificación, a las buenas o a las malas, y en este caso su órdago es serio porque pueden conseguir votos suficientes para que salga.

En esta legislatura, ninguno de los socios había roto la disciplina interna. El cabreo del PSOE es mayúsculo y fuentes del bloque socialista del Ejecutivo califican de "populismo parlamentario elevado a la máxima expresión" el paso que ha dado Sumar. Los de Díaz abrieron también una senda para los demás. Podemos y el PP han presentado dos iniciativas con el mismo objetivo.

Todos estos movimientos meten al PSOE en serios problemas porque debe decidir si acepta o no su tramitación en la Mesa de la Cámara. El Gobierno puede frenar estas proposiciones de ley porque afectan a los ingresos del Estado pero en el caso de sus socios podría provocar incluso la ruptura total.

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Los socialistas se han quedado solos en este asunto, sin apoyos ni a derecha ni a izquierda, ya que hasta EH Bildu se ha posicionado en contra de la decisión de Hacienda. Y aunque nadie se atreve a aventurar cómo se podrá solucionar, sí se asume que será necesario un arreglo. "Seguro que nos ponemos de acuerdo. Si lo hacemos con Junts, cómo no vamos a hacerlo con ellos", señalan fuentes gubernamentales, que recuerdan con más dolor los perennes líos en la pasada legislatura con Unidas Podemos.

La cohabitación con Sumar es mucho más civilizada o, al menos, lo ha sido hasta ahora. Pero la relación del PSOE con Yolanda Díaz se ha deteriorado en el último año, conforme ella ha perdido liderazgo y músculo electoral en el espacio de la izquierda. Y a la espera de que logren encontrar una salida, en el ala socialista del Ejecutivo subrayan que ellos son "la parte mayoritaria".

En la Moncloa se justifica la necesidad de que se pague IRPF tras este nuevo aumento del SMI en que tienen que recaudar, sobre todo, después de que no hayan podido sacar adelante el impuesto a las energéticas, esté pendiente el del diésel y hayan cedido el impuesto a la banca a las comunidades autónomas para conseguir su aprobación. Destacan que deben cumplir una serie de hitos para percibir los fondos europeos y que eso obliga a Hacienda a equilibrar ingresos y gastos en función de las circunstancias.

El cálculo del bloque socialista es con este cambio en la tributación podrían percibir 2.000 millones de euros, que es el dinero que han comprometido para el impulso a las políticas de vivienda. El problema es que todas estas explicaciones tienen muy difícil comprensión en la opinión pública y el PSOE queda en este tema como el que quiere subir los impuestos a las rentas más bajas. Un dirigente de CCOO da cuenta de esta realidad en conversación con este periódico y apunta a la necesidad de poner el punto de mira en las rentas altas y del capital. No obstante, alude a una solución intermedia que podría pasar por crear un nuevo tramo del IRPF que garantice la progresividad por abajo, sin olvidar los ajustes por arriba.

"El asunto de los impuestos nunca es si subirlos o bajarlos, sino a quién", apuntan desde la formación magenta. Es su forma de reclamar a Montero una rectificación, ya que consideran que el Ministerio de Hacienda tiene margen de maniobra para "garantizar que las personas que están en la parte más baja de la pirámide salarial no sufran mayor presión fiscal". "No entiendo esta torpeza", expresa una fuente del grupo parlamentario, que califica la decisión del Ministerio un "error" del bloque socialista.

La agilidad da aire a Yolanda Díaz

"Hoy era un día para salir todos ganando frente al PP", insiste este dirigente izquierdista, que cree que el encabezonamiento de Montero no se entiende bien después de acabar con el impuesto a las eléctricas y "ampliar las deducciones a los rentistas". Se refiere así a una de las iniciativas incluidas por el Gobierno en su paquete de medidas en materia de vivienda, que permite desgravar el IRPF a los arrendadores que utilicen el límite de precios establecido por la ley de Vivienda.

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Los choques entre las dos fuerzas progresistas han sido una constante desde que el PSOE firmó con Unidas Podemos en 2019 un acuerdo histórico, pero hasta ahora no se habían representado en público, mucho menos en la etapa de Sumar. Ni en los momentos más duros se despacharon con mensajes casi opuestos, como sucedió este martes, a pesar de los intentos por mantener la sonrisa de Yolanda Díaz y Pilar Alegría, en la mesa del Consejo de Ministros. "La coalición goza de buena salud", llegó a decir Díaz, en una de las respuestas en la comparecencia de Moncloa. La paradoja es que este choque público le ha servido a la ministra de Trabajo para ganar crédito entre los suyos en un momento de debilidad política, aunque después en un acto del partido en Gijón no hizo más sangre del desencuentro entre los socios.

"Ha marcado territorio rápido y va a dar batalla", elogia una fuente de IU, una formación que no siempre ha compartido las estrategias de Yolanda Díaz, aunque en las últimas semanas ha sido más benevolente tras un cambio en las formas que la federación de izquierdas considera un gesto positivo. La agilidad de la dirigente gallega en esta pugna encaja con su apuesta por reforzar su perfil como ministra de Trabajo, que es el que le ha dado las mayores alegrías. Después del inicio de la tramitación de la reducción de la jornada a 37,5 horas ahora era el turno de la subida del SMI, que le ha permitido tomar aire en una fase crítica para su proyecto político.