Ábalos se suma a la batalla contra el Supremo y acudirá al TC si no se anula su caso

Empieza a crecer la cola de aquellos que quieren llamar a las puertas del Tribunal Constitucional. El exministro de Transportes José Luis Ábalos, centro de la investigación que dirige el Supremo prevé recurrir al órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido en el caso de que el Tribunal Supremo no atienda su petición de anular el procedimiento abierto en su contra por el presunto cobro de comisiones vinculado al caso Koldo. El exministro recurrió la concesión por parte del Congreso del suplicatorio que permite al juez Leopoldo Puente investigarle y esgrime que se ha producido una grave violación de sus derechos fundamentales.

El caso que quedó bautizado con el nombre de su asesor de confianza ha ido creciendo y, ahora mismo, apunta a la futura imputación de otros aforados. Tras obtener el visto bueno de la cámara baja, el juez ordenó diligencias dirigidas a confirmar las acusaciones que ha lanzado Víctor de Aldama y que, en resumen, implican a cargos del Gobierno como el ministro Ángel Víctor Torres o la vicepresidenta María Jesús Montero y del partido socialista, como su secretario de Organización Santos Cerdán. La nulidad del procedimiento que busca Ábalos no le salvaría, así, solo a él.

El exministro ha ido armando un relato en el que ha combinado una denuncia contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) con la afirmación de que la forma de proceder de los agentes en la fase en la que los hechos estaban secretos y en plena investigación ha vulnerado sus garantías procesales y "los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución". En un nuevo recurso presentado esta misma semana ha acusado al instructor de liderar "una causa general" contra el Ejecutivo y el propio PSOE.

Su principal argumento de nulidad se basa en que se interceptó su "correspondencia privada" en un momento en que aún era aforado como diputado. Todo comenzó cuando la UCO intervino el teléfono de Koldo García y captó una conversación de este con él, en la que ambos quedaban en que el asesor le enviaría documentación que le había entregado su subsecretario de Transportes. El encargado de llevarla fue Joseba García.

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Ambos quedaron para esa entrega en su casa de Valencia pero, de camino, el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil paró el vehículo de García, lo registró y se incautó el sobre donde iba la documentación que llevaba una inscripción en el exterior a nombre de José Luis Ábalos Meco". "En el adverso estaba cerrado y con el sello oficial del MITMA", denunció el exministro.

"Suma gravedad"

"Los hechos descritos en el apartado anterior son de suma gravedad, por cuanto, vulneran mi derecho fundamental al secreto de las comunicaciones dado que yo era el destinatario de dicha documentación, y nunca consentí el que abriera dicha documentación, como tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo que motive la apertura de correspondencia", argumentaba y señalaba, indicando ya que el destino final es el Constitucional, que el artículo 18.3 de la Constitución garantiza, su derecho. "Es un hecho muy grave para la Democracia y el Estado de Derecho porque es una investigación al margen de una autorización judicial", concluye.

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La estrategia de acudir al Constitucional por la vía más rápida y hacerlo antes de que el procedimiento avance y acabe en juicio es la adoptada, también, por el fiscal general del Estado. En su caso, considera que el registro de su despacho violó sus derechos y, como ya ha publicado El Confidencial, prevé acudir al TC en el caso de que la Sala de Apelaciones rechace su recurso. Álvaro García Ortiz tiene, de su lado, a la Fiscalía. Su número dos está a cargo de caso y ya ha anticipado que considera que la entrada en la Fiscalía General fue ilegal.

Ábalos no tiene, sin embargo, esa suerte. La Fiscalía Anticorrupción se encargó del procedimiento desde sus inicios y ha instado que acabe, como ha acabado imputado. Su próxima cita con el juez será el 20 de febrero. Ya sin la protección de la inmunidad, las partes pueden pedir medidas cautelares en su contra y el instructor, acordarlas.