El tribunal rechaza citar a Almeida en el juicio del caso Mascarillas: "No lo entendemos necesario"

El tribunal que juzga desde este martes a Alberto Luceño y Luis Medina por el conocido como caso Mascarillas ha rechazado la petición de las acusaciones que ejercen el PSOE y Más Madrid de citar como testigo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "No está vinculado directamente con los hechos que son objeto de la presente causa", ha advertido la magistrada que preside el tribunal. "No lo entendemos necesario".

El abogado del PSOE ha defendido al arranque de la sesión que "la estafa llegó hasta los más altos niveles de funcionamiento del Ayuntamiento", pero ni el tribunal ni la Fiscalía Anticorrupción han considerado necesaria la declaración del alcalde. "La justificación que ha dado no se sostiene", ha advertido el representante del Ministerio Público. "Dice que es para demostrar el engaño que se ha producido, pero Almeida no intervino en ningún momento en las negociaciones de estas operaciones".

El fiscal también ha remarcado que el hecho de que Almeida enviara "un mensaje de agradecimiento" cuando las compras ya se habían cerrado "indica que no ha podido ser engañado con anterioridad". El alcalde ha reconocido en repetidas ocasiones que llamó a Medina, pero para agradecerle una donación que iban a hacer y no por las compras en sí mismas.

Las declaraciones de Medina y Luceño en principio se celebrarán a finales de mes. Este martes ha comparecido como testigos la presidenta de la universidad americana CIS, María de la Cebosa Sánchez, y ha confirmado que puso a Medina en contacto con el primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida. Según defendió este último ante el juez en 2022, él se limitó después a enviarle un correo genérico del Ayuntamiento que le había facilitado la excoordinadora general de la Alcaldía, Matilde García Duarte, quien también ha declarado este martes como testigo.

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"Carlos Martínez-Almeida es amigo mío. Se puso en contacto conmigo para decirme que había una persona que podía hacernos llegar material", ha explicado García Duarte ante el tribunal. "Al correo del señor Medina le dimos el mismo trato que a todos los correos que recibimos". "Yo no llamaba nunca de parte del alcalde. El alcalde, cuando quería, llamaba él", ha destacado.

El fiscal también le ha preguntado por el correo en el que la entonces coordinadora de Presupuestos del Ayuntamiento, Elena Collado, le indicaba que los empresarios renunciaban al cobro de comisiones, pero ella ha asegurado desconocer en qué se basaba para esa afirmación: "Nunca di instrucciones para que se contratara a nadie. Intentábamos ser ágiles, no burocráticos".

"Pa la saca"

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Alberto Luceño y nueve para Luis Medina en este juicio. Entre marzo y abril de 2020, ambos se embolsaron casi seis millones de euros en comisiones con la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Medina, hijo de Naty Abascal y del fallecido duque de Feria, se quedó con un millón tras contactar al Ayuntamiento a través de un primo del alcalde para iniciar el negocio. A partir de ahí, Luceño tomó las riendas y cerró tres contratos para suministrar mascarillas, guantes y test covid. "Pa la saca [sic]", celebró en un correo enviado a su socio el 30 de marzo.

Anticorrupción solicita para cada uno de ellos siete años de cárcel por estafa agravada y otros dos por falsedad en documento mercantil. La petición para Medina queda así en nueve años de cárcel, pero a Luceño todavía le suma otros dos delitos para alcanzar los 15.

El primero de ellos, el de falsedad en documento oficial, se centra en los supuestos documentos falsos que la Policía Nacional encontró durante el registro de su vivienda y empresa Entre ellos, "un carné de agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con su nombre y fotografía" y un certificado emitido por el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda en el que se presentaba como "agente oficial del Gobierno chino". A la vista de estos hallazgos, la Fiscalía pide otros dos años de cárcel para él.

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Su abogado no ha pasado por alto ese registro durante la sesión de este martes y ha pedido sin éxito al tribunal su nulidad. "Una entrada y registro tiene fundamentalmente un fin, que es la no destrucción de pruebas", ha argumentado. "Aquí no solamente se incautan de documentos que ya tenía la Fiscalía, sino que se incautan de objetos. Y consecuencia de esa incautación, que es prospectiva, el señor fiscal amplía su querella". "No tienen ningún sentido una entrada y registro después de dos años y medio de investigación".

Anticorrupción, que también se ha opuesto a ese intento de anular el registro este martes, finaliza su escrito pidiendo otros cuatro años de cárcel para Luceño por un delito fiscal. La Fiscalía apunta para ello a que, tras cerrar los contratos con el Ayuntamiento de Madrid, "eludió pagar a la Agencia Tributaria 1.351.386,29 euros, cantidad que habría debido pagar en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación". Por este último delito, la Fiscalía también pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria con dicha cantidad.