Máxima tensión en la coalición: Sumar presenta una proposición de ley contra la decisión de Montero

Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han protagonizado este martes un choque público sin precedentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a cuentas de la decisión del Ministerio de Hacienda de que los trabajadores que cobran el Salario Mínimo empiecen a tributar, tras la nueva subida de 50 euros aprobada hoy. Nunca antes las dos formaciones que forman el Ejecutivo han mostrado tan a las claras sus diferencias.

Era conocida la oposición de Sumar a esta medida fiscal, pero, lejos de mantener las formas, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han pasado toda la comparecencia enmendándose una a la otra, hasta el punto de que ha resultado más visible el enfrentamiento entre ellas, que la propia decisión de aumentar el SMI a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas.

El enfrentamiento político es de tal calibre que desde el grupo parlamentario de Sumar se ha anunciado la presentación de una proposición de ley en el Congreso para que las personas que cobren el SMI estén exentas de pagar el IRPF. Desde esta formación se justifica la iniciativa, en contra de su propio Gobierno, en que el anuncio se ha hecho "de manera unilateral y sin consenso".

La propia Díaz desveló en directo que Sumar "se ha enterado por los medios de comunicación". No hubo, indicó, ni comunicación ni deliberación previa en el Consejo de Ministros, donde también se encontraba la responsable de Hacienda, María Jesús Montero. Las dos vicepresidentas, primera y segunda, ya habían coincidido previamente, en la reunión del Comité interministerial para el seguimiento de los efectos de la dana. Precisamente que se filtrara primero a la prensa, poco antes de la rueda de prensa, es lo que ha agudizado el cisma interno.

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En estas circunstancias, Yolanda Díaz no quiso ocultar públicamente ni su enfado y ni su oposición a la medida. Defendió que "la justicia social empieza por arriba, no por abajo" y destacó "una peluquera tributa en España al 17,8% y una gran corporación al 3,8%". "Lo que queremos es que quien más tiene aporte más y desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año (el cómputo anual del SMI) sean exentas como lo han sido hasta ahora en nuestro país", afirmó.

A sus críticas quiso responder Pilar Alegría, del bloque socialista, pese a no haber sido directamente interpelada, y replicó que "esa parte que dicen que se lleva Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso". La portavoz incluso exhibió un gráfico para comparar el salario mínimo ahora y durante los gobiernos del PP y, de paso, contraponer el ejemplo de la peluquera citado por la vicepresidenta. "Con el PP se recibía al año la cantidad de 10.300 euros, lo que se significaba en un salario mínimo de 735 euros mensuales. Hoy, han pasado a percibir 16.500 euros anuales, con unas mensualidades de 1.184 euros en catorce pagas, es decir, un incremento del 61%".

La comparecencia discurrió en medio de una enorme tensión, en cotas superiores a las vividas en la primera legislatura con Unidas Podemos. En Sumar aseguran que habían "pactado" lo que iban a decir y que su intención no era responder. Pero el modo en que se han enterado de la resolución de Hacienda, a través de los medios de comunicación, ha hecho saltar todo por los aires. En Moncloa esgrimen que se trata de un asunto en que no hay acuerdo y que "llegado un punto de ingresos" es necesario comezar a pagar IRPF. Además, subrayan, la política fiscal la fija el Ministerio de Montero.

En Sumar asumen este reparto de competencias pero consideran que Hacienda ha cometido un error y por eso van a tratar de corregirlo en el Congreso. Es muy factible que su proposición de ley obtenga el respaldo del PP y otros grupos parlamentarios de derecha e izquierda. "El asunto con los impuestos no es si subirlos o bajarlos, sino a quién", señalan.