La libertad de prensa en España y el caso de El Confidencial llegan a Europa

La libertad de prensa en España llega a Europa. La entidad Impulso Ciudadano —presidida por José Domingo, exdiputado de Cs y letrado de la Seguridad Social— ha enviado a Bruselas su aportación al informe anual sobre el Estado de Derecho en la UE 2025, conforme prevé el reglamento comunitario, que tiene un apartado para que se aporten cuestiones por parte de entidades no gubernamentales. En el escrito, la entidad denuncia las carencias de la aportación del Gobierno español al informe enviado a la UE y destaca, especialmente, los problemas en el ámbito de la libertad de prensa.

El informe aporta datos a Europa que apuntan a que el Gobierno español maniobra para controlar el relato político del momento (intentando amordazar a la prensa, amenazando a rivales o señalando directamente a magistrados que investigan temas sensibles relacionados con altos cargos socialistas o con familiares del presidente del Gobierno).

Isabel Fernández, dirigente de Impulso Ciudadano, es la responsable de la aportación en materia de libertad de prensa, como profesora de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). “Hay varios puntos que son incomprensibles. Por ejemplo, el Gobierno se inventa un Plan de Acción por la Democracia que se basa en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Pero en él no engloba a los medios públicos, que son el punto nuclear del reglamento europeo y donde se dice que los medios públicos han de ser independientes”, explica a El Confidencial la académica.

Control de RTVE

Es la primera gran contradicción de un Gobierno que dice que apuesta por el pluralismo, pero que establece cuotas políticas en las cúpulas de los entes públicos. “Un hecho muy preocupante es la reforma del sistema de gobierno de RTVE mediante el Real Decreto Ley 5/2024. Esta norma reduce las mayorías necesarias para nombrar a los consejeros de RTVE. A partir de ahora, además de descartar definitivamente el concurso público, en vez de mayoría cualificada de dos tercios de Congreso y Senado, será suficiente la mayoría absoluta para designarlos".

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La eliminación del concurso público y la ampliación de los representantes elegidos por el Congreso son la realidad palpable que pone en duda la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Esa espectacular reforma se realizó mediante un decreto ley, una figura legislativa reservada sólo para situaciones de extraordinaria urgencia y excepcionalidad. Pero en este caso se utiliza para poder dar cabida en el consejo de administración a representantes de los socios del Gobierno. Por eso entraron en él Mikimoto y Sergi Sol por parte de Junts y ERC, por ejemplo”. Isabel Fernández había sido miembro del comité asesor de expertos en RTVE y había evaluado a aspirantes por concurso público, por lo que su experiencia la avala.

En el escrito a Europa, Impulso Ciudadano denuncia también las maniobras del Gobierno para amordazar a la prensa. “Ha sido muy llamativa la falta de apoyo del Gobierno de España al periodista Ignacio Cembrero, claramente acosado judicialmente por el Reino de Marruecos”.

El Gobierno, contra El Confidencial

Destaca también la “demanda del PSOE contra El Confidencial por tres reportajes en los que este digital denuncia que este partido prepara una campaña para desacreditar a jueces y periodistas. Este mismo digital ganó una demanda de la mujer del presidente del Gobierno por las informaciones que dieron lugar a la apertura de un proceso judicial conta ella”. Fernández cuestiona que el Gobierno español lanzase su plan de medios “coincidiendo con el caso Begoña Gómez”. Esa correlación en el tiempo hace “poco creíble” las iniciativas del Gobierno, que “dice cosas contrarias a las que ha hecho y obvia cuestiones como la regularización de los medios públicos que es una cuestión nuclear en el Reglamento europeo”.

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Destaca, asimismo, que Pedro Sánchez “solo concede entrevistas a medios afines y son muy limitadas sus comparecencias con preguntas”, llamando la atención también sobre el hecho de que “la Asociación de la Prensa de Madrid rechaza la intención del PSOE de suprimir querellas basadas en investigaciones periodísticas”. La profesora critica especialmente el veto a periodistas o medios en viajes del presidente del Gobierno.

Las alegaciones de Impulso Ciudadano a la UE revelan también la utilización de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que se convierte en un macrorregulador en el que el Gobierno está a punto de nombrar a cinco miembros, uno de ellos relacionado con la cuota catalana (el exdirector general de la Policía, Pere Ferrer). “Utilizan órganos importantísimos para satisfacer las exigencias de los socios políticos”, denuncia Fernández. El mercadeo con los miembros de la CNMC lleva a la autora del informe a asegurar que la propuesta de renovación en la cúpula del regulador “pone en evidencia la urgencia de reformar el sistema de designación de estos cargos, claramente controlado por el poder Ejecutivo. Esta propuesta sólo puede interpretarse como un reparto de sillones con los socios de gobierno para lograr los apoyos necesarios para la aprobación de los presupuestos generales del Estado”.

Registro oficial de medios

La profesora universitaria no ve mal que haya transparencia en las propiedades y los ingresos de los medios de comunicación, como anuncia el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero otra cosa es saber cómo se decidirá qué es un medio de comunicación para que pueda incluirse en un registro oficial. “¿Dónde pones el límite? ¿Decide el Gobierno quién es o quién no en función de sus afinidades? ¿Debe de tener un mínimo de periodicidad? ¿O un mínimo de personal? Estamos hablando de derechos fundamentales”, matiza Isabel Fernández.

Ese registro sería, a la postre, importante, porque decidiría a dónde iría la publicidad institucional, que se utiliza como financiación de medios. En el plan se habla de ser transparentes y de dejar constancia de a dónde se va el dinero público. “El Gobierno vende como algo muy grande que hará una ley para determinar a dónde irá la publicidad institucional. Pero para ser transparente no necesita ninguna ley. Puede ser transparente sin ley alguna. Nosotros, en el equipo de trabajo que tenemos en la Universidad, hemos intentado conocer muchas veces a dónde va el dinero de la publicidad del Gobierno y es imposible. El Gobierno practica una opacidad absoluta. No solo Pedro Sánchez. Ya lo hacía Mariano Rajoy”.