La 'infiltrada' que no gusta a Sumar: los de Yolanda Díaz, contra Interior para frenar esta figura

María Isern, policía nacional, estuvo tres años infiltrada en movimientos sociales en Cataluña hasta que fue descubierta por su pareja sentimental, Óscar Camps, imputado por el corte de las vías del AVE en 2018. Durante este tiempo, mantuvieron una relación con proyecto de futuro, la intención de mudarse y de iniciar una vida familiar, según contó Camps. El activista considera que fue utilizado como "un objeto y un instrumento", como recoge el Diario de Mallorca, y califica lo que le ocurrió como "un delito de torturas, de lesiones y también de revelación de secretos".

Sumar abre una nueva brecha contra su socio de Gobierno por la infiltración de Isern en 2020, a quien en Girona conocían como María Perelló, y ha registrado un documento en el Congreso de los Diputados donde se muestra en contra de las infiltraciones en asociaciones políticas. "Las infiltraciones, en algunos casos, han llegado incluso a condicionar la vida personal, privada e íntima de activistas", apunta el escrito de la diputada Àgueda Micó.

El partido de Yolanda Díaz realiza una batería de preguntas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y alega que "las infiltraciones alcanzan una pluralidad de consecuencias negativas, no solo para el estado social y democrático de derecho o para el derecho de reunión y asociación, sino también para las personas afectadas: son situaciones de maltrato o tortura, tal como han apuntado los psiquiatras después de evaluar los impactos psicológicos en las personas afectadas por las infiltraciones".

Sumar se refiere directamente a las infiltraciones en movimientos independentistas catalanes que tuvieron lugar a comienzos del 2020, después de las movilizaciones contra la sentencia del procés. Al menos cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía se infiltraron en diversas asociaciones siguiendo órdenes de la Comisaría General de Información, al servicio de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía, con funciones de captación de información para la orden y la seguridad pública. Su misión, como recuerda Sumar, "es combatir el terrorismo y todas las actuaciones están en secreto absoluto".

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La formación carga contra el Ministerio del Interior, al que señala como "responsable civil subsidiario de estas infiltraciones y, por lo tanto, de las vulneraciones de derechos". "Todas las actuaciones tienen que tener como límite, al menos, los derechos fundamentales y se tiene que defender con un control judicial, ¿cómo explica el Ministerio del Interior estas infiltraciones con las graves consecuencias que atentan contra los derechos fundamentales de las víctimas?", asevera Sumar.

El partido de Díaz llega a insinuar que las infiltraciones en estas asociaciones exceden los términos que plantea la ley para las actuaciones de los agentes encubiertos. Esta figura está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y según explica Sumar "se tiene que restringir solo a supuestos delictivos muy concretos, como por ejemplo el terrorismo o el narcotráfico, y siempre operando bajo autorización y control judicial".

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"¿Considera el Ministerio del Interior que los movimientos sociales y políticos en los que se han identificado infiltrados se circunscriben a estos supuestos delictivos?", pregunta al respecto. Ante la posibilidad de que Marlaska responda que la actuación está amparada en la figura del "agente de inteligencia", que no está definida dentro del marco legal vigente y no está sujeta a control judicial, pregunta por los "objetivos que perseguía el Ministerio del Interior con estas infiltraciones"; "cómo se seleccionan, y en base a qué variables, los movimientos sociales en los cuales se infiltran; y "cuáles son las razones que motivan estas infiltraciones".

Finalmente, Sumar interroga por las medidas que tiene previstas tomar Interior "después de conocer estas infiltraciones que atentan contra los derechos fundamentales de las víctimas", cuál es su valoración y si tiene información sobre las mismas. Este punto de fricción entre los socios de Gobierno se suma al último choque entre ambas facciones a cuenta del IRPF para el salario mínimo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exige su retirada ante la negativa de María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Otro enfrentamiento de la líder de Sumar con un miembro del Ejecutivo tras el que mantuvo con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, por la aplicación de la jornada reducida.