El Gobierno condiciona los presupuestos a que la negociación con Junts no sea "muy dura"

Compás de espera en la Moncloa, pendientes de que se desatasque con Junts los temas abiertos para vislumbrar si hay opciones o no de sacar adelante unos presupuestos. Aunque se ha logrado salvar la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público, tras rehacer el llamado decreto ómnibus, y se ha reconducido la crisis con Carles Puigdemont, las conversaciones con el socio más decisivo del Ejecutivo no acaban de dar frutos.

El traspaso de las competencias de inmigración sigue encallado porque Junts exige que sólo los mossos realicen las labores de control de fronteras y la oferta del Gobierno se limita a un modelo "compartido" con Policía Nacional y Guardia Civil. De estar a buenas o a malas con los posconvergentes, depende también un real decreto económico de medidas anticrisis, donde figuran los anticipos a cuenta de las autonomías, y el reparto puntual de menores extranjeros entre todas las comunidades ante el drama humanitario que sufre Canarias.

Puigdemont no tiene prisa porque cuenta con el mecanismo de presión de su proposición de ley que exige a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza. El pronunciamiento del Congreso no es vinculante, pero al Ejecutivo le iría muy mal que los posconvergentes votarán a favor y se produjera una nueva ruptura de su endeble mayoría parlamentaria. La previsión es que se debata el 25 de febrero o el 11 de marzo, lo que permite a Junts estirar cualquier negociación hasta el instante final, como es su costumbre.

En estas circunstancias, unos nuevos presupuestos se antojan una entelequia. El Gobierno persiste en el mantra de que no renuncia a ellos, pero ha ido virando hacia la idea de que en un contexto de economía boyante, no son indispensables. Hace unos meses mantenían que los presentaría aunque no contarán con apoyos suficientes para que todas las fuerzas políticas (particularmente Junts) se retratara. Ahora, según confirman fuentes socialistas conocedoras de las intenciones de Sánchez, se plantean si intentarán sacar las cuentas de este año aunque Puigemont muestre su predisposición. "Si la negociación es muy dura, igual no compensa", aseguran.

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El Gobierno ha acabado por acostumbrarse a la tensión que Junts imprime a la legislatura. En el equipo del presidente ya no inquietan los constantes amagos de ruptura. Y conforme se ha afianzado la interlocución con ellos se ha corroborado, sostienen fuentes del PSOE, que tienen "ganas de acordar". Lo que sucede, explican, es que conducen las conversaciones siempre a cuestiones muy "concretas", de las que no se apean, y eso complica que se pueda avanzar. El debate en torno a la cesión de la inmigración es un ejemplo. El control de las fronteras y que la Generalitat tenga la capacidad de emitir expedientes de expulsión o autorizar las estancias de larga duración, bloquea la transferencia de esta competencia.

El agotamiento, casi dolor, de negociar unos presupuestos con Junts y sus nuevas exigencias actúan como elemento disuasor para, si llega el caso, emprender esta batalla. El Gobierno cuenta, además, con la dificultad de poner de acuerdo a una mayoría muy heterogénea, con Junts y Podemos en cada extremo, y ERC decidida a partir de ahora a que su apoyo no se dé por seguro en cada votación.

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Los de Oriol Junqueras ya han advertido que "sin soberanía fiscal", sin avances en el cupo catalán, no respaldarán unas nuevas cuentas. El PSOE tiene la intención de recuperar terreno en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027 y abrir el melón de la financiación singular de Cataluña resulta totalmente contraproducente. Esta maraña de problemas hace casi imposible la aprobación de unos presupuestos, que como muy tarde el Consejo de Ministros debería impulsar en abril para que el Congreso les diera el visto bueno antes de verano.

Hace meses que la Moncloa se ha aposentado en el eslogan de que seguirán gobernando "con o sin presupuestos". Pero serían la prueba del algodón de la estabilidad de su apoyo parlamentario y, desde luego, un cheque en blanco para aguantar toda la legislatura. Ahora, hasta la exhibición de una mayoría sólida ha pasado a segundo plano. Los socialistas asumen que la relación con Junts proseguirá hasta el final aunque con las mismas idas y venidas. Habrá momentos buenos y malos. Y aun así la pretensión es permanecer hasta 2027 y que las generales sean en tiempo y forma.