Ángel Víctor Torres adjudicó 60 millones de euros a empresas investigadas por la justicia

Las tramas de corrupción que investiga la justicia en torno al Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres no dejan de multiplicarse. Durante la etapa del ministro de Política Territorial al frente del Ejecutivo canario, se adjudicaron 51 millones de euros a empresas que están siendo investigadas a día de hoy en los tribunales: Soluciones de Gestión (caso Koldo), RR7 (Caso mascarillas), Eurofins Megalab (trama de las PCR), Innjoo Technology (mascarillas y material sanitario), Levantina, Ingeniería y Construcción (adjudicación de obra pública) y Damco Trading Services y Tanoja Services (material sanitario). El ministro, sin embargo, no tiene intención de dimitir, y ha defendido en numerosas ocasiones su gestión de la pandemia.

A la empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, Canarias le pagó 11,8 millones de euros. Del lote de 4,75 millones de mascarillas contratadas inicialmente, 837.800 resultaron defectuosas. Aun así, un apaño del Gobierno de Víctor Torres permitió a la empresa cobrar lo estipulado inicialmente. Se le cobraron estas mascarillas al precio de las quirúrgicas de abril de 2020, o sea, a 84 céntimos la unidad, un 560% más caro que en noviembre. También se le permitió enviar a mayores una remesa de 555.000 mascarillas FFP2 a 2,5 euros la unidad, el precio que tenían seis meses antes.

Víctor Torres ha ocultado buena parte de lo que sabía en las sucesivas comisiones de investigación en Congreso y Senado. Empezó diciendo que no habló de mascarillas con Koldo, que solo se comunicó con él para hablar de los test PCR de Eurofins Megalab. Luego no tuvo más remedio que admitir conversaciones directas con el asesor de José Luis Ábalos para acelerar el pago a Soluciones. Víctor Torres habló directamente con la trama, como desveló El Confidencial, algo que el presidente negó en el Senado al afirmar que no habló con intermediarios de Aldama.

Eurofins Megalab, empresa de la que formaba parte el socio de Aldama, Ignacio Díaz Tapia, también hizo negocio con el Gobierno de Canarias. El Servicio Canario de Salud pagó 5,3 millones de euros a cambio de llevar test PCR. Aldama ha declarado en sede judicial que, como contraprestación, facilitó al expresidente canario "inmuebles para encuentros de diversa naturaleza en los que participaba junto a otras personas".

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El Gobierno de Víctor Torres también fue el primero en ser investigado por contratos en la pandemia a cuenta de la adjudicación de cuatro millones a RR7 United, una empresa dedicada a la compraventa de coches que jamás trajo una mascarilla.

Las dos jefas del servicio de contratación advirtieron a Ana María Pérez, directora general de Recursos Económicos, tras el pago por adelantado de dos millones de euros —sin haber recibido una sola mascarilla— de que RR7 United era una "empresa fantasma". Pese a ello, el SCS pagó otros dos millones de euros más a la compañía. El caso está siendo investigado por la Fiscalía Europea. Pérez era la persona con la que primero contactó Íñigo Rotaetxe para exigir el pago de las mascarillas a Soluciones.

Entre las empresas en las que confió el Gobierno de Víctor Torres como proveedores en la pandemia se encuentran también Damco Trading Services y Tanoja Services, dos empresas investigadas por la Fiscalía canaria. Cuatro empresarios están siendo investigados por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación por contratos de venta de material sanitario durante la pandemia. Canarias les pagó 22,8 millones de euros, y se quedaron con una comisión de cerca de 10 millones. Se trata de una investigación al margen del caso Koldo.

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El río de adjudicaciones a empresas investigadas continúa con Levantina, Ingeniería y Construcción, a la que se concedió un contrato por 7,2 millones para la reforma completa del edificio Royal para convertirla en sede de la Agencia Tributaria Canarias en Las Palmas. Estas obras se pararon porque la compañía entró en preconcurso. La persona al frente de la compañía, José Ruz Martínez, está considerada por la Guardia Civil como una de las personas de la órbita de la trama de Aldama, y fue detectado en algunas de las reuniones de La Chalana.

Por último, la Audiencia Nacional ha solicitado recientemente diligencias a la UCO para que investigue a Injoo Technology, empresa especializada en móviles que facturó 9 millones en contratos con Canarias. Fue constituida por la misma administradora que concibió Have Got Time SL, la compañía que alquiló el chalet a José Luis Ábalos en Cádiz en el verano de 2021.

El Partido Popular ha solicitado la dimisión de Víctor Torres por ser la puerta de entrada de diferentes tramas de corrupción en Canarias, pero ni sus relaciones con comisionistas como Víctor de Aldama ni las falsedades vertidas en las comisiones de investigación van a empujar al ministro a salir del Gobierno. Pedro Sánchez tampoco se lo ha pedido.