El Supremo avisa a Pumpido sobre la prevaricación mientras este acelera con la amnistía a Puigdemont

El diablo está en los detalles. Los últimos movimientos del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional están repletos de ellos. El órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido ha comenzado a dar una serie de pasos que apuntan a una aceleración de la resolución final sobre la ley de amnistía y sus efectos respecto a Carles Puigdemont. Mientras tanto, el Tribunal Supremo ha lanzado un mensaje en sus últimos autos que suena a aviso: el TC y sus miembros no están libres de una investigación por prevaricación.

El toque de atención del Supremo se ha producido en respuesta a querellas presentadas por Vox y HazteOír contra los siete magistrados progresistas por su actuación respecto al caso de los ERE. En mitad de los autos en los que se inadmiten las acusaciones lanzadas por el partido y la acusación, se deslizan valoraciones que, para algunos, han sonado a aviso. La Sala de lo Penal da carpetazo al asunto, pero advierte en uno de sus fundamentos que ello "no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión".

Para que algo de lo que hagan los magistrados del TC sea prevaricador, requiere —continúa explicando el Supremo— que sobrepase "de manera patente la mera ilegalidad y contradicción con el Derecho" o sea imposible sostener la resolución adoptada "mediante algún método aceptable de interpretación de la ley". Es decir, sentencias que no observen la Constitución o el resto del ordenamiento jurídico y se impongan como "producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad".

Lo que se dice aquí es que el Constitucional no es intocable y que si se cumplen esos requisitos descritos en el auto, entraría en una injusticia objetiva y lesionaría el interés colectivo en el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. "Posibilitaría tipificar la conducta como prevaricación, aun cuando de resolución dictada por magistrados del Tribunal Constitucional se tratase". En resumen, en un caso así, el Supremo estaría en condiciones de investigar al magistrado o magistrados que incurrieran en la conducta por prevaricación.

Impulso a la amnistía

Los últimos pasos del TC respecto a la ley de amnistía también están repletos de detalles. Una reciente decisión del presidente Pumpido ha conducido a pensar a algunos magistrados que se dispone a impulsar la resolución de la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, embarcado en la actualidad en un pulso negociador con el Gobierno de Pedro Sánchez en el que, entre otras muchas cuestiones como la inmigración o el uso oficial del catalán en la UE, permanece como exigencia la aplicación efectiva de la amnistía al líder de Junts, única vía para que se abra sin riesgo de encarcelamiento la posibilidad de volver a España.

Los recursos de inconstitucionalidad y amparo se acumulaban hasta el momento en la mesa del TC con la idea inicial de que quedaran congelados a la espera de que se resolviera, en primer lugar, la cuestión en la que precisamente el Supremo dudaba del ajuste de la norma a la Carta Magna. Sin embargo, distintas fuentes apuntan que el presidente ha activado en esta semana el estudio del recurso que presentó el PP contra la norma y que baraja que se resuelva en primer lugar. Como prólogo se ha reclamado un análisis a un grupo de trabajo con un plazo de dos meses y medio. Lo integrarán letrados que, según el grupo conservador, son de la confianza del sector progresista. La ponente será la misma que en el caso de los ERE, Inmaculada Montalbán.

De forma paralela, el Pleno de la próxima semana incluye en su orden del día el estudio de la admisión o inadmisión de uno de los recursos de amparo, en concreto el presentado por la exconsellera Dolors Bassa, excluida de la amnistía por la interpretación del Supremo respecto a la malversación. El ponente de la decisión será Pumpido.

A un lado el Supremo. Al otro el Constitucional. Lo más importante está en la letra pequeña.