El Senado estudia abrir otro conflicto con el Congreso por bloquear las leyes del PP

La relación entre Congreso y Senado se encamina a la fractura total. Lo que hasta hace poco era inédito, ahora se ha convertido en la tónica habitual entre las dos Cámaras. El resultado de las últimas elecciones generales arrojó un resultado poco común, y permitió al PSOE controlar la Presidencia del Congreso y al PP la del Senado. Esta circunstancia, unida a la alta polarización política, ha provocado hasta tres grandes choques que podrían ampliarse en el corto plazo. Porque la Cámara Alta está analizando "fórmulas jurídicas" para acabar con el "bloqueo" de Francina Armengol, que mantiene congeladas hasta 14 leyes aprobadas en la Cámara de representación territorial.

La mayoría absoluta de la que el PP goza en el Senado permite a Feijóo desplegar y aprobar su "alternativa" programática al Gobierno. Pero todas esas iniciativas 'mueren' cuando llegan al Congreso, donde quedan enterradas en lo que los populares denominan como "el congelador de Armengol". Muchas de esas proposiciones de ley, denuncian los populares, contarían con el respaldo de la mayoría de la Cámara Baja para salir adelante, y pondría en aprietos al Gobierno.

Es el caso de la ley contra la ocupación ilegal, que fue remitida al Congreso hace justo un año, y que permanece en el cajón de sastre de la Carrera de San Jerónimo con hasta 34 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas. La toma en consideración de la norma se aprobó en el Senado con 144 votos a favor (PP, Vox y UPN) y contó con la abstención de PNV, Junts y Coalición Canaria, un esquema que, de repetirse en el Congreso, permitiría a Feijóo completar su tramitación parlamentaria. Pero los deseos del primer partido de la oposición chocan con el veto de Armengol. Y la paciencia del PP ha comenzado a agotarse.

Fuentes parlamentarias del PP señalan que aún no se ha decidido la fórmula para combatir ese cerrojazo legislativo y que la decisión se encuentra en fase de estudio, aunque desde el equipo jurídico del PP apuntan a que la vía que cobra más fuerza es la de plantear un nuevo conflicto de atribuciones entre las dos Cámaras, y que, en última instancia, sea el Tribunal Constitucional el que ejecute su resolución. "El Senado es un órgano constitucional, y su labor no puede quedar obstruida por la otra parte del Parlamento", sintetizan. "Los derechos políticos son derechos fundamentales, y podría condenarse al Congreso por su vulneración", añaden.

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"Es un conflicto competencial de libro", agregan otras voces autorizadas. "La Constitución da a las dos Cámaras la capacidad legislativa", argumentan. Algunas fuentes populares rebajan, no obstante, las posibilidades de éxito por la actual mayoría que impera en el Tribunal Constitucional, pero en el partido ven imprescindible activar nuevas maniobras de presión "social y mediática" para retratar la situación. El PP acaba de registrar en el Senado una de sus propuestas más importantes, la reforma de la Ley del Suelo, sobre la que sostienen su plan de vivienda. Pero con el panorama actual, todo apunta a que la norma volverá a chocar contra el muro de Armengol.

El Grupo Popular en el Congreso, dirigido por Miguel Tellado, ha realizado continuos requerimientos a la Mesa por esta cuestión. El último escrito de queja por "la actuación obstruccionista y arbitraria de la presidencia" en relación a las iniciativas que emanan del Senado se presentó esta misma semana, pero el órgano de gobierno del Congreso lo desestimó. "Es una auténtica falta de lealtad institucional y una costumbre que está impidiendo a una de las Cámaras que forman las Cortes generales desarrollar una de sus funciones, la función legislativa (...) erosionando gravemente la configuración de nuestro sistema parlamentario bicameral", recogía el texto.

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En abril de 2024, el PP registró también enmiendas a la reforma para adaptar el Reglamento al lenguaje inclusivo, orientadas a poner coto a la práctica habitual de la Mesa de la Cámara de demorar sine die la tramitación de determinadas iniciativas, y que las mismas puedan estar en plazo de presentación de enmiendas durante un máximo de dos meses y medio. Dichas enmiendas también permanecen paralizadas y sin visos de que salgan adelante.

El Senado ya ha utilizado en varias ocasiones la vía del conflicto de atribuciones. La última esta misma semana. El pleno de la Cámara Alta aprobará el próximo 12 de febrero un nuevo choque institucional contra el Gobierno y el Congreso por el intento del Ejecutivo de modificar la ley de eficiencia jurídica, conocida como 'ley Bolaños', por añadir texto tras su publicación en el BOE, modificación que no se votó en el Parlamento.

En concreto, el Gobierno no incluyó la subida del sueldo a dos grupos de jueces, error que subsanó mediante la fórmula de corrección de errores. Los populares denuncian que se trata de una maniobra "fraudulenta", porque "la corrección de errores está para modificaciones ortográficas" y "una ley sólo se puede modificar mediante otra ley". El primer partido de la oposición está alerta no tanto por el fondo de la cuestión, sino por la forma y el peligroso precedente que puede marcar a la hora de "legislar" al margen de las Cortes Generales

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El pasado mes de diciembre, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, formalizó otro conflicto con el Congreso, en esa ocasión a cuenta de la tramitación de la polémica 'ley Txapote'. El Gobierno 'coló' en la ley de antecedentes penales una reforma que permite acortar las penas a presos etarras. Armengol rechazó enviar la norma de nuevo a pleno pese al rechazo de la mayoría absoluta del Senado, y ésta llevó la disputa al Tribunal Constitucional. Se trata de un procedimiento nunca antes utilizado. Ni siquiera la amnistía logró llevar la guerra entre las Cámaras hasta el órgano de garantías. Pero el choque parece haberse cronificado, y el PP no renuncia a dar de nuevo la batalla.