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El Supremo y el juez Peinado colocan ya a Moncloa y Ferraz en el centro de la corrupción
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Caso Koldo y Begoña Gómez

El Supremo y el juez Peinado colocan ya a Moncloa y Ferraz en el centro de la corrupción

El avance de las instrucciones da otro paso más para determinar la implicación de cargos del Gobierno y del PSOE en las tramas principales que rodean a Pedro Sánchez

Foto: Pedro Sánchez (EFE/EPA/Olivier Hoslet)
Pedro Sánchez (EFE/EPA/Olivier Hoslet)
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Los cabos sueltos relacionados con dos de las principales causas de corrupción que rodean al Ejecutivo son ya tantos que resulta difícil enumerarlos. Y todos parecen conducir a Moncloa y Ferraz. Esa es la conclusión a la que parecen haber llegado el instructor del caso Ábalos, por una parte, y el juez del caso Begoña Gómez, por otra, a la vista de la batería de diligencias que ordenaron este martes. El avance de los dos sumarios ha dado otro paso más hacia el Gobierno y el PSOE y ambos magistrados guardan firmes sospechas de que el exministro y la mujer del presidente son solo la punta de un iceberg de dimensiones aún incalculables.

El juez del Supremo Leopoldo Puente necesitó, por ejemplo, 11 páginas para desgranar las primeras diligencias que ordena en la investigación sobre el exministro de Transportes y la trama Koldo. En medio de la batería de pruebas a practicar, dejó claro que da credibilidad al testimonio que prestó en su día Víctor de Aldama y que está dispuesto a determinar hasta dónde llega, afecte al "aforado" que afecte.

Pidió, en concreto, a la Unidad Central Operativa (UCO) que ponga especial atención en rastrear los mensajes que pudiera haber intercambiado el empresario con personas con cargos públicos. Citó, de forma expresa, al ministro Ángel Víctor Torres y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Pero, además, dejó caer una coletilla que inquieta en el Ejecutivo: "O cualquier persona aforada ante el Tribunal Supremo". Una forma discreta de referirse a Pedro Sánchez.

En los mensajes -que conserva Aldama y que ya están en poder de la Guardia Civil- espera encontrar pistas para aclarar la ristra de cuestiones con aspecto de ser delictivas que se han ido detectando en su procedimiento. Los supuestos encuentros con "señoritas" en pisos de Airbnb en los que habría participado Torres, si estas recibieron compensaciones económicas y quién las abonó, el pago de comisiones a Cerdán y al jefe de gabinete de la vicepresidenta Montero, las comisiones pagadas por obra pública en decenas de contratos, la contratación en organismos públicos de Jessica, antigua pareja de Ábalos... y así hasta el infinito.

Foto: El expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. (EFE/Kiko Huesca)

El magistrado también da pistas sobre sus sospechas en su elección de los testigos a los que quiere interrogar a partir del 25 de febrero. Las declaraciones las inaugurará Ábalos el día 18, con el aviso por parte del juez de que, ahora que no es aforado, puede imponerle fianzas, retirarle el pasaporte o incluso mandarle a la cárcel si ve que hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Entre los testigos se encuentra la empresaria Carmen Pano, que aseguró en una entrevista que llevó bolsas de dinero a Ferraz. También el socio de Aldama que custodiaba "información sensible" que no ha sido localizada y que, según Aldama, afecta a Pedro Sánchez.

Mientras esto sucedía en el Tribunal Supremo, en Plaza Castilla, el juez Juan Carlos Peinado tomaba otra decisión que también afecta a Moncloa, en este caso de forma directa. El magistrado ha dado el salto de imputar a la asesora que trabaja con Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, a la que atribuye los mismos delitos con los que vincula a la mujer del presidente. Hasta el momento, la atención estaba centrada en que la ayudó para que desarrollara sus trabajos privados pese a ser cargo público. El magistrado va, sin embargo, más allá y la sitúa como cooperadora de los trabajos de Gómez que considera irregulares.

Tras la intervención de Presidencia

La asesora depende de Presidencia del Gobierno y, hasta hace unas horas, parecía haber esquivado la imputación que reclamaban las acusaciones desde hace semanas. El juez no solo la declara investigada, sino que acompaña su decisión con una serie de declaraciones complementarias que le servirán para determinar el alcance de las gestiones que realizó en nombre de su jefa. Y reclama, además, el registro de sus llamadas.

Por el momento, del contenido de la causa y de las declaraciones de testigos y acusaciones, se desprende que utilizaba los servicios de esta asesora del Ejecutivo para reclamar a empresas los pagos a su máster y que contactó con los patrocinadores para promocionar la cátedra. También se ocupaba de gestionar trámites relacionados con la actividad de la mujer del presidente del Gobierno en la Complutense.

A mediados de diciembre, el magistrado requirió a Presidencia que aportara la relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa: lo hizo a petición de las acusaciones, en concreto de Hazte Oír, que encaja los hechos con un delito de malversación por el uso de fondos públicos para fines privados.

Los cabos sueltos relacionados con dos de las principales causas de corrupción que rodean al Ejecutivo son ya tantos que resulta difícil enumerarlos. Y todos parecen conducir a Moncloa y Ferraz. Esa es la conclusión a la que parecen haber llegado el instructor del caso Ábalos, por una parte, y el juez del caso Begoña Gómez, por otra, a la vista de la batería de diligencias que ordenaron este martes. El avance de los dos sumarios ha dado otro paso más hacia el Gobierno y el PSOE y ambos magistrados guardan firmes sospechas de que el exministro y la mujer del presidente son solo la punta de un iceberg de dimensiones aún incalculables.

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