El fiscal general reconoce ante el juez que "se cometió un error" con el caso del novio de Ayuso

El fiscal general del Estado admitió en su declaración como imputado que la Fiscalía cometió un "error" en la comunicación sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Según se desprende de la transcripción de su interrogatorio, Álvaro García Ortiz indicó que el transcurso de los hechos le ha llevado "a muchas reflexiones". "Ahora, con el tiempo bueno, me doy cuenta de que cometimos un error o desde la Fiscalía Superior se cometió un error".

"Quizá lo que teníamos que haber hecho en el momento en que tuvimos conocimiento que era una persona relevante y con trascendencia pública, de quien era denunciado por la Fiscalía, tendríamos que haber dado una nota de prensa, una nota informativa. De esa manera protegíamos también el ámbito de intimidad del señor Amador", dijo.

El fiscal general se refería, en concreto, a la posibilidad de informar en un comunicado de la presentación de la denuncia por delitos fiscales. Especificó que es algo habitual con personas de relevancia. "Me viene a la cabeza el supuesto de futbolistas, el caso de Ancelotti, en el que se puso ese día una nota de prensa por parte de la Fiscalía Superior, cuando se interpuso denuncia ante los juzgados, Xabi Alonso o fuera del ámbito del fútbol, por ejemplo, también el caso de Borja Thyssen", destacó.

En respuesta las preguntas efectuadas por la Abogacía del Estado -que ejerce su defensa- negó en tres ocasiones consecutivas haber filtrado correos de la defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni a la prensa ni a Presidencia del Gobierno o al Ejecutivo. Tampoco dio instrucciones a otros para que divulgaran el contenido de esos emails. Además, indicó que nunca ha intentado perjudicar al empresario Alberto González Amador. "Es un ciudadano con todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales", dijo.

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Europa Press

Respecto al borrado de sus mensajes en sus teléfonos, García Ortiz reivindicó su "derecho a manejar" su terminal "como quiera". "Borro porque es una imposición legal. Debemos borrar los datos de nuestros terminales. Lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y la ley de protección de datos española", Precisó que elimina todo "de manera regular" dado que muchas de las cosas que contienen sus aparatos son "ultrasensibles".

"Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos y de informaciones absolutamente inimaginables. Datos, informaciones que corresponden a todos los fiscales", dijo. Añadió que esa información "puede afectar a la seguridad de este país" y concretó que, en su etapa, ha cambiado de terminal hasta seis veces.

"Sin ánimo de entrar en polémica, el magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad"

El interrogatorio muestra, además, el pulso iniciado con el juez del Supremo que le investiga por revelación de secretos. Según se desprende del textual de la comparecencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, García Ortiz realizó una exposición completa sobre lo que considera irregularidades en la instrucción de su caso y acusó al magistrado de tener "certezas que le perjudican". "Sin ánimo de entrar en polémica, el magistrado instructor tiene una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad, y creo que esa situación me perjudica", lanzó.

Inconstitucional

Álvaro García Ortiz se quejó de que no le está permitiendo "garantizar su defensa" y aseguró que el registro de su despacho es una diligencia de investigación, invasiva de derechos fundamentales. Su exposición se vio poco después apoyada por la fiscal de la causa, su número dos Ángeles Sánchez Conde. La teniente fiscal, cuyo papel está siendo muy criticado por parte de la carrera, indicó que la entrada en las dependencias privada de la Fiscalía General es una diligencia "insólita, nunca antes acordada y supone cuestionar la actuación de un órgano constitucional como es la función vertebradora del Estado social y democrático de derecho".

Ambos destacaron que es "inconstitucional", anticipando así que prevén recurrir al TC. De hecho, Sánchez Conde se opuso al interrogatorio "hasta que se despejen" las dudas sobre el ajuste a la Carta Magna de la medida. Aprovechó también para cargar contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso y dijo que "contribuyó" a la difusión de una parte de los emails de su defensa, en los que se buscaba un pacto de conformidad, y que acabaron en poder de un grupo de periodistas.