El asesino de Isaías Carrasco (PSE) es uno de los primeros beneficiados por la ley de los etarras

El preso etarra Beñat Aguinagalde, asesino entre otros del exconcejal socialista Isaías Carrasco y del empresario Inaxio Uria, será uno de los primeros terroristas beneficiados por la polémica reforma legal que permite recortar las penas de cárcel a quienes hayan cumplido antes en el extranjero.

Según ha podido saber El Confidencial, los abogados de Aguinagalde han solicitado ya a la Audiencia Nacional que revise sus condenas y convalide sus años entre rejas en Francia, acogiéndose a la modificación de la ley orgánica 7/2014, que fue tramitada con el silencio sibilino del PSOE y el resto de grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y ante la negligencia de la oposición de PP, Vox y UPN, que no se percataron del calado de la reforma y votaron todos a favor. Cuando este periódico informó del alcance de la norma, los populares maniobraron en el Senado para intentar frenarla, pero ya era tarde.

Fuentes jurídicas confirman a este periódico que la Sala de lo Penal ha recibido al menos media decena de escritos de condenados de ETA, y dos del GRAPO, en los que se insta a reclamar sus condenas francesas para que puedan ser descontadas los años cumplidos en ese país. Hasta ahora, no había trascendido el nombre de ninguno de los etarras que se verán favorecidos por la nueva ley. Según un informe preliminar de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, habría más de 40 reclusos beneficiados, mientras que Sare, la plataforma de apoyos a los presos de ETA, calcula que son 52.

Aunque el presidente de la Cámara Alta informó del veto del Senado, la Mesa del Congreso hizo caso omiso y envió la ley al Boletín Oficial del Estado, lo que ha suscitado en el Tribunal Constitucional el primer conflicto de atribuciones de la historia entre las dos cámaras legislativas.

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La derogación de la Disposición Adicional contenida en la LO 7/2014 limitaba temporalmente el reconocimiento de las sentencias dictadas por un Tribunal de un Estado miembro con posterioridad al 15 de agosto de 2010. Es decir, en la supresión del límite que impedía que los etarras pudieran computarse sus condenas francesas (dictadas antes del 15 agosto de 2010) en los límites máximos de cumplimiento en España. No hay otra interpretación posible. Sin esa limitación, y desde el pasado 8 de noviembre que entró en vigor la reforma legal, los presos etarras podrán descontarse en sus condenas acumuladas de 30 o 40 años de prisión en España (según el Código Penal por el que hayan sido juzgados) los años de condena cumplidos en Francia.

En total, Aguinagalde podrá descontarse hasta 4 años y 2 meses, que es el tiempo que cumplió condena en Francia, donde fue detenido en 2010. La fecha de cumplimiento efectivo prevista se sitúa en febrero de 2054.

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La Audiencia Nacional condenó en 2015 a 32 años de prisión a Aguinagalde por matar al concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco. El atentado, con varios disparos en la cabeza, tuvo lugar en marzo de 2008 en plena campaña para las elecciones generales. La condena se le impuso tras una repetición del juicio ordenada por el Tribunal Supremo. Dos años después, la Audiencia Nacional lo condenó a otros 44 años de cárcel por el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría, en diciembre de 2008.

Aguinagalde cuenta además con otra condena a 15 años de prisión por estragos terroristas dictada en enero de 2015 y una cuarta sentencia de casi 400 años de prisión. Esta última fue por estallar dos bombas-trampa en un repetidor del barrio de Santa Bárbara de Hernani (Guipúzcoa) con el objetivo de ocasionar una "matanza" de policías y causar la muerte a todos los agentes que se trasladaran a ese lugar a desactivar los artefactos en la madrugada del 16 de enero de 2009.