Parte de la cúpula fiscal exige a García Ortiz que dimita: "Provoca unos daños intolerables"

Parte de la cúpula de la Fiscalía ha dirigido una carta a Álvaro García Ortiz para exigirle su dimisión después de que esta semana haya declarado como imputado por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El escrito lo firman 13 de los 35 fiscales de sala, que es la máxima categoría de la carrera, y denuncian que está provocando "unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía".

Las tensiones en el seno del Ministerio Público por la decisión de García Ortiz de mantenerse como fiscal general comenzaron ya desde el inicio de la causa, pero, tras su controvertida declaración, han vuelto a coger fuerza. Los firmantes critican en concreto su decisión de no responder a las preguntas del magistrado. "Es impropia de un Estado democrático de derecho", aseguran. "Puede hacerlo como investigado, Don Álvaro García Ortiz; nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal (...), sigue representando al Ministerio Fiscal, entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los tribunales".

La carta la firman dos exfiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal, que pertenece a la conservadora Asociación de Fiscales, y María José Segarra, que forma parte de la Unión Progresista de Fiscales y accedió al cargo en 2018 a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

También destacan los cuatro fiscales que llevaron las riendas de la causa del procés —la propia Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena—, así como la jefa de Antidroga, Rosa Ana Morán, y el fiscal de sala de la sección penal del Supremo, Javier Huete. Los otros cinco firmantes son el fiscal de sala de la Sección Civil del Supremo, José Miguel de la Rosa; su compañera en esta misma sección Pilar Martín Nájera; la fiscal de sala contra la criminalidad Informática, Elvira Tejada; el exfiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix, y el exmagistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez.

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"Desde la última Junta de Fiscales de Sala en la que comunicó su decisión de continuar en el desempeño del cargo de fiscal general del Estado, se han producido hitos en la causa que se sigue contra vuestra excelencia en el Tribunal Supremo que hacen imprescindible —por el bien de la institución que dirige y de los miembros que la integran— su renuncia a dicho cargo", advierten. "La imagen del Ministerio Fiscal que el fiscal general del Estado representa y la institución misma que debe salvaguardar están siendo sometidas a una tensión insoportable".

Los firmantes apuntan a que su negativa a dar un paso atrás está causando "una merma de la confianza de la ciudadanía" y "un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales". Según argumentan, "es necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de la institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación", pero su permanencia en el cargo solo "difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera".

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"El avance de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal", critican. "El panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental". Con ese último apunte, los firmantes se refieren a la teniente fiscal del Supremo y número dos de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, que es la representante del Ministerio Público en la causa y el pasado miércoles se negó a hacer pregunta alguna durante el interrogatorio.

"Los escenarios procesales por los que está obligando a transitar a la institución del Ministerio Público, que como Fiscal General representa, son claramente reveladores de la necesidad de su dimisión", concluye la carta. "Tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad: dejando intacta la presunción de inocencia que ampara a vuestra excelencia, le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la institución a la que se debe".