El fiscal general mantiene su decisión de quedarse y acusa a los críticos de "interferir"

La nueva oleada de malestar en una parte del seno de la Fiscalía que han evidenciado este viernes 13 miembros de la cúpula no altera la decisión adoptada en su día por Álvaro García Ortiz de mantenerse en su puesto a pesar de la investigación penal en su contra. El fiscal general no se irá y no comparte las valoraciones realizadas en la misiva y, muy en concreto, aquellas en la que se insinúa que su estrategia de defensa supone una falta de respeto al procedimiento y al juez. Fuentes cercanas al fiscal general han expresado, tras haberse público el escrito, "su absoluto respeto al proceso" y han reclamado que no haya "factores externos" que interfieran en él.

La carta reprocha al fiscal general no solo su permanencia en el puesto y los pésimos efectos que provoca en la institución, sino también su decisión de no responder esta semana durante su comparecencia a las preguntas del instructor y limitarse a contestar a su defensa. Según explicó durante el interrogatorio, considera que una parte fundamental de la investigación -el registro de su despacho- fue irregular. Además, acusó a Ángel Hurtado de denegarle la práctica de diligencias en su descargo y de tener ya formado un criterio que "le impide conocer la verdad".

Las críticas van más allá de estos dos elementos para alcanzar el "cuestionable" papel desempeñado por la Fiscalía en la causa. La encargada de llevar las riendas en nombre del Ministerio Público es la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, su número dos, y en las comparecencias de esta semana ha evidenciado que comparte la estrategia de defensa de su superior. Se negó a preguntar -igual que García Ortiz a responder- al ver que el registro violó derechos del imputado. Para los críticos, esta postura pone en evidencia que ambos actúan de la mano y que Sánchez Conde actúa, de hecho, en su defensa.

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Pese a todo, el fiscal general mantiene la misma postura que ya mostró en la Junta de Fiscales de Sala celebrada cuando se abrió la causa. Ante la cúpula defendió entonces que seguiría porque marcharse equivaldría a asumir la culpa y a debilitar a la propia Fiscalía, dando la imagen de que es posible empujar a la renuncia a un fiscal general. Los fiscales más críticos, los mismos que ahora firman la misiva, le advirtieron entonces de los riesgos de confundir persona e institución. Al final, las dos cosas están tan mezcladas que no es posible separarlas y lo que le sucede a la persona repercute en el cargo, le dijeron.

No se moverá

Nada de esto hizo mella entonces en García Ortiz ni lo hará tampoco ahora. La carta menciona que, en estos meses, el procedimiento ha avanzado para ponerse cada vez peor y que, por ello, ha llegado el momento de que se replantee las cosas. Sin embargo, las fuentes consultadas que la opinión es de una parte que no alcanza ni a la mitad de la Junta de Fiscales de Sala y, por ello, no representa un sentir mayoritario.

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Como ha avanzado El Confidencial, el fiscal general prevé llevar la impugnación de la instrucción del Supremo hasta sus últimas consecuencias y recurrirá al Tribunal Constitucional la supuesta vulneración de derechos que le supuso el registro. La maniobra se dirige a empujar a la nulidad el procedimiento y con ello, evitar el juicio o, al menos, anular las pruebas obtenidas por la Unidad Central Operativa en el copiado de los móviles y ordenadores.