La jueza de Badajoz pide datos a Moncloa sobre un colaborador del hermano de Sánchez

La jueza de Badajoz que investiga al hermano del presidente del Gobierno y a cargos locales extremeños ha dictado un extenso auto en el que ordena nuevas diligencias de prueba tras la ronda de declaraciones de enero. Entre otras peticiones, se dirige al Palacio de La Moncloa para recabar datos de un colaborador de David Sánchez que decía trabajar para Presidencia hasta que fue contratado por la Diputación de Badajoz.

El colaborador por el que pregunta la jueza se llama Luis Carrero. Su nombre aparece en múltiples correos incautados por la Guardia Civil al hermano de Sánchez. En su interrogatorio del pasado 9 de enero, David Sánchez le citó como una de las personas que trabaja con él en la Diputación. Según contó, Luis Carrero se acababa de incorporar al puesto en Badajoz.

En uno de los correos a los que ha tenido acceso este periódico, esta persona decía trabajar para Moncloa y se dirigía a David Sánchez como "querido hermanito". La magistrada, Beatriz Biedma, se interesó por este mail durante los interrogatorios que llevó a cabo a comienzos de mes. Ahora, una vez agotada la ronda de comparecencias, libra un oficio "por el medio más rápido posible a la Presidencia del Gobierno para que a la mayor brevedad informe a este juzgado sobre los puestos que haya ocupado Luis María Carrero Pérez, fecha de inicio y finalización de los mismos, contratos laborales firmados y motivo y fecha de la extinción de su relación laboral".

También cita como testigo a un cargo de Podemos de Extremadura que confesó en declaraciones a El Confidencial sus dudas respecto a la adjudicación de la plaza del familiar del presidente. “Nos llamaron la atención muchas de las cosas que luego han tenido recorrido”, dijo hace días a este periódico el dirigente morado Álvaro Jaén. Este cargo desveló en 2017 la adjudicación de la plaza pública al hermano de Pedro Sánchez, adelantándose siete años a la denuncia judicial de Manos Limpias que dio origen a este procedimiento judicial.

Podemos lo denunció en 2017

Álvaro Jaén era el secretario general de Podemos en Extremadura en 2017 y la jueza le ha citado el 14 de febrero. También convoca para ese mismo día en calidad de testigo a Francisco Serrano Murillo, un cargo sindical de CSIF que manifestó sus reparos respecto a la creación de la plaza en 2016, según consta en los correos incautados.

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Además, Beatriz Biedma se pone en contacto con la Diputación de Badajoz para pedirle una serie de documentos a partir de las declaraciones prestadas por los investigados y los testigos en los interrogatorios. En concreto, quiere "toda la documentación relativa al procedimiento de creación y provisión de la Jefatura de Servicio de Coordinación y Gestión Administrativa de los Conservatorios de Música" que le fue adjudicada al hermano de Sánchez.

También quiere las actas de las denominadas 'reuniones de presupuestos' que tuvieron lugar entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 en la localidad de Valdivia. La jueza pide esta información después de que el actual secretario general del PSOE y presidente de la Diputación, el también imputado Miguel Ángel Gallardo, le dijese en el juzgado que en esa reunión de Valdivia es donde se empezó a valorar la creación de la plaza que terminó en manos del familiar de Pedro Sánchez.

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La magistrada también solicita los informes periódicos o puntuales sobre el grado de consecución de los objetivos programados y planes de actuaciones, así como de cuantas actividades realizase David Sánchez Pérez-Castejón "desde el inicio de su actividad en la Diputación hasta el día de hoy".

En su batería de nuevas diligencias, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz se dirige a su vez al Teatro Real de Madrid para que informe sobre si David Sánchez "ha tenido o tiene cualquier tipo de relación laboral con dicha institución; si ha ocupado u ocupa algún tipo de cargo en cualquier órgano, aportando en su caso las remuneraciones que le hayan sido abonadas y si existen acuerdos o cualquier tipo de Convenio entre el Teatro y la Diputación de Badajoz desde septiembre de 2016 hasta la actualidad". La jueza cree que pudo incurrir en alguna incompatibilidad y esperará al desarrollo de estas peticiones antes de tomar declaración a más personas implicadas.