Junts se jacta de "debilitar" a Sánchez y seguirá inflexible: inmigración por presupuestos

En el cuartel general de Junts per Catalunya reinaba ayer la euforia como pocas veces antes. "Pedro Sánchez ha demostrado su debilidad", se jactaron fuentes de la dirección del partido independentista a El Confidencial tras doblegar de nuevo al Gobierno. "No estamos cojos", celebraban confirmando así que Carles Puigdemont mantiene el mando a distancia de la legislatura con sus siete diputados del Congreso. La satisfacción era aún mayor porque, tras declararse la guerra, fue el propio presidente socialista quien salió a explicar públicamente que rectificaba y se rendía ante Junts.

El Gobierno había jugado muy fuerte al asegurar que no tocarían una coma del decreto ómnibus, que incorporaba medidas sociales como la revalorización de las pensiones, la subvención al transporte público o ayudas para los afectados de la DANA. Creyeron que la presión social vencería a Junts, como ocurrió con la proposición de la ley sobre alquileres vacacionales, o incluso al PP. Pero nada de eso ocurrió.

Al contrario, la caída del caballo fue mucho mayor. No solo porque el Consejo de Ministros aprobó una versión abreviada del decreto anterior, sino porque Sánchez anunció que también se tramitará la cuestión de confianza que le reclamaba Pugidemont, pese a prometer que no lo haría por ser "inconstitucional". Dos a cero en el momento más crítico de su relación con el PSOE. Tras coquetear con la ruptura, Junts anunciaba ayer que "las negociaciones se descongelan".

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Pero mucho más allá del acuerdo concreto sobre las medidas sociales y la cuestión de confianza, este último episodio representa el triunfo de la estrategia de máxima tensión de Junts y un aviso serio a Moncloa de que se mantendrán inflexibles en las cuestiones pendientes como es la cesión a Cataluña de las competencias en materia de Inmigración, comprometido hace un año con Puigdemont. "Obviamente esperamos que el PSOE y el Gobierno se muevan porque tenemos un acuerdo para la delegación integral de las competencias y está sobre la mesa (...) Cuando la tengamos, saldremos a explicarla", aseguró su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, en declaraciones a los periodistas y dando por hecho que volverán a doblegar al Gobierno. Si esto no se culmina, advierten desde Barcelona, no entrarán a negociar los Presupuestos.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios catalanes que el acuerdo para la transferencia de competencias de inmigración se podría "precipitar" en los próximos días y "desbloquearse". El mayor punto de fricción está en el control de las fronteras y la capacidad de decidir "sanciones". El Gobierno se niega a hacer un traspaso integral pero, como informó este periódico, sí se abre a que haya presencia de los Mossos en puertos y aeropuertos. Turull también ha recordado la demanda de Junts para que el proyecto de Presupuestos recoja las inversiones y la financiación suficiente para Cataluña que compense el déficit de los últimos años. Aún no han recibido de Hacienda una propuesta sobre el nuevo techo de gasto, que el Ejecutivo tuvo que retirar en septiembre ante la falta de apoyos en el Congreso.

Cuestión de confianza

Según informaron los independentistas, la Mesa del Congreso admitirá a trámite el próximo martes 4 de febrero su proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, tras incorporar algunos retoques "técnicos" en el texto. Se debatirá y votará por el Pleno en el plazo de "un mes o mes y medio". "Febrero o marzo", afirmó la portavoz independentista, exultante ayer. Sánchez quitó hierro a esta iniciativa de sus socios al asegurar que la prerrogativa exclusiva de someterse a la confianza de la Cámara es suya, y no lo hará porque no ve motivos para ello. Sin embargo, Puigdemont la activará como otro instrumento de presión para "avanzar" en las "carpetas" que negocian con el PSOE.

Los posconvergentes insisten en otro asunto crítico para ellos como es la "amnistía política" del expresidente catalán. El propio Sánchez ha afirmado públicamente no tener ningún inconveniente en reunirse con el líder de Junts, refugiado de la Justicia en Bruselas. Puigdemont reclama su rehabilitación política, ya que el Tribunal Supremo ha puesto freno a la "amnistía judicial". Pero exige llenar de contenido cualquier fotografía con Sánchez.

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Las concesiones a Junts tienen un coste para el Gobierno porque evidencia lo obvio: que no se puede hacer nada sin contar con su aquiescencia. Y tal vez habrían resultado más digeribles sin la resistencia pública mostrada en los últimos días, que directamente conectaba con un hartazgo muy extendido en la Moncloa y en Ferraz por el continuo maltrato que reciben de Carles Puigdemont. Si algo demuestra este episodio es que la relación con él siempre será "tensa" y "compleja", según constatan dirigentes socialistas que le conocen bien.

En el Ejecutivo recuerdan que "estas son las cartas que repartió la ciudadanía" y "nosotros las estamos sabiendo jugar". Esta es la reflexión que hacen del acuerdo. No han podido cumplir con el propósito de aprobar un único real decreto ley pero sacarán adelante en el Congreso todo el paquete social y esperan aprobar en unas semanas el económico.

De nuevo lo han hecho con un equilibrio que parecía imposible. Se prorroga la paralización de los desahucios por impago de alquiler para hogares vulnerables, como pedía Podemos, y a la vez se contenta a Junts con medidas de reparación a los propietarios afectados. La prueba de esta difícil armonía es que los socios progresistas han dado su aval al pacto alcanzado con Junts.

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Podemos valoró positivamente que se hayan garantizado sus exigencias y, en la misma línea, Bildu aseguró que se aprobará todo el escudo social, como ellos pedían. "Es positivo que Junts rectifique y apoye ahora las medidas", aseguró su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua. "Humo que se vende en Cataluña", apuntó Gabriel Rufián para calificar lo que ha logrado Puigdemont en este nuevo decreto social. "¿Y había que perder una semana para esto?".

Como publicó este diario las formas de Junts enfurecen también a los socios. Su afición por "esconder el voto hasta el último minuto", la manera en que someten al PSOE. "No hay quien les aguante", "son unos impresentables", unos "irresponsables", sostienen fuentes de los distintos grupos parlamentarios, que admiten además que la fragilidad del Ejecutivo, que Puigdemont se encarga de poner de manifiesto, les pasa "factura a todos".

Y eso es lo que ha vuelto a suceder esta vez. Junts pasa por encima de ellos y lanza el mensaje de que ha "aguantado" y conseguido más. A todos los partidos de la mayoría les daña pero a ERC lo destroza. Rufián no lo dejó pasar: "Joder a la gente tiene premio". Después de votar en contra de la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, el Gobierno ha negociado con ellos hasta la extenuación.

Opinión

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En cambio el PNV, que aplaude los matices introducidos por Junts a los desahucios y que el Estado "asuma las consecuencias de la inquiokupación", no culpa sólo a los de Puigdemont por esta dinámica de trabajo. "Es trabajo del Gobierno atar sus apoyos antes de llevar votaciones relevantes al Congreso y todos los grupos parlamentarios que respaldan al Ejecutivo tienen que entender que hay que llegar a acuerdos mínimos comunes", afirman fuentes del grupo vasco.

El Ejecutivo ha introducido otra vez en el nuevo decreto social la devolución al PNV del edificio en París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio. Aunque durante el mes que estuvo en vigor el primer decreto ómnibus ya se produjo la transmisión patrimonial, se incluye por "seguridad jurídica" ante los anuncios de recurso judicial del PP y Vox.

Los populares, que basaron su voto en contra al decreto y, por tanto, a la subida del 2,8% de las pensiones, en este "regalo" al PNV, se encuentran ahora en la misma tesitura. El PSOE ya afila los cuchillos: "¿Traicionará el PP a los pensionistas otra vez?". La Moncloa quiere creer que sus medidas sociales, la bonanza económica de España o los datos de empleo computarán en las próximas elecciones. No sucedió el 23-J, al menos no fue la fuerza motriz. Pero los mayores de 65 les respaldaron de manera clara. Lo mínimo que esperan es que se vuelva a repetir.