"En 2024 llegaron 6.000 inmigrantes a Baleares: en unos años podemos estar como Canarias"

Marga Prohens (Campos, Mallorca, 1982), presidenta de Baleares, advierte del “deterioro democrático” que sufre España a cuenta de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. La lista, según la dirigente popular, es larga e incluye la Ley de Amnistía, las maniobras para “atacar la libertad de prensa” o la polémica propuesta para limitar la acusación popular, la figura a través de la que se abrió una investigación contra su mujer, Begoña Gómez, en los juzgados. Prohens consiguió en las elecciones del 28-M arrebatar el Govern al PSOE de Francina Armengol, a la que reprocha haber mentido sobre su relación con la trama Koldo o sobre los detalles del contrato que firmó con la mercantil de los comisionistas. La cartera de retos para la presidenta popular es abultada, e incluye cambiar el modelo turístico de las islas, el acceso a la vivienda y la inmigración. Al igual que Canarias, el archipiélago ha batido todos los récords en 2024 y los servicios de acogimiento están sobrepasados, de ahí su exigencia para que el Gobierno central se implique y no deje a su suerte a las comunidades receptoras.

PREGUNTA. La semana pasada, con la votación del decreto ómnibus en el Congreso, quedó patente otra vez la inestabilidad y la fragilidad sobre la que se asienta el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Ha llegado el momento de que el presidente convoque elecciones?

RESPUESTA. Hace mucho que se deberían haber convocado elecciones. Desde el momento en que llegas al Gobierno como dijiste que no harías. Desde el momento en que mantenerte en el Gobierno supone aprobar leyes con las que te cargas el principio de igualdad entre todos los españoles. Deberías haber convocado elecciones cuando se habla más del cerco judicial a la presunta corrupción del Partido Socialista en general y de Pedro Sánchez en particular, que no de una acción de Gobierno que es inexistente.

P. ¿Es concebible que la revalorización de las pensiones, por ejemplo, o que las ayudas para los afectados a la DANA hayan pasado a formar parte de un intercambio de cromos?

R. Demuestra la ética del Gobierno. No se puede consentir que, con los jubilados mediante, con las ayudas de la DANA o con la gratuidad del transporte público, se haga un chantaje al conjunto de los españoles y se coja a los jubilados, a los usuarios del transporte público o a la gente de Valencia como rehenes. Esto es a lo que ha jugado el presidente del Gobierno de España con el decreto ómnibus.

P. Censura las cesiones que el Gobierno de Sánchez ha concedido al independentismo en el año escaso de legislatura. ¿Hasta dónde cree que está dispuesto a llegar?

R. Hasta donde haga falta para mantenerse un día más en Moncloa. Y esto es lo peligroso y lo delicado de la situación que vivimos. La inmensa mayoría de los españoles tenemos la certeza de que tenemos un presidente sin límites. Ahora suplica una reunión en Ginebra o es capaz de crear un Ministerio de la Verdad. No es suficiente con una Ley de Amnistía que acaba con la igualdad de los españoles, sino que ahora toca atacar el principio de libertad de prensa, que es la base de nuestra democracia, o se presenta un proyecto de ley para interferir directamente en los procesos judiciales que afectan a la familia del presidente.

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P. Sobre el tema concreto de la financiación y el cupo catalán pactado con ERC. ¿En qué posición queda una comunidad como Baleares cuando se ha negociado de forma bilateral con Cataluña y no con el conjunto de autonomías?

R. Baleares, junto a Madrid y Cataluña, es una comunidad aportadora neta. Ese cupo o concierto supone que una de esas comunidades deje de aportar a la caja común. ¿Tendremos que aportar más esas dos comunidades? Me niego rotundamente, y me van a encontrar en todos los frentes. Los ciudadanos de Baleares no van a pagar de sus bolsillos las cesiones de Sánchez al independentismo. Y me niego también a que las comunidades perceptoras dejen de recibir fondos. O lo acabaremos pagando todos los españoles con otra subida de impuestos a las familias y a las rentas medias. Ninguna de las tres premisas me sirve. Siempre he dicho una cosa y lo hago con la autoridad de ser una comunidad aportadora: las cosas que nos afectan a todos, se hablan entre todos. No es cierto que se haya abierto un debate sobre el nuevo sistema de financiación. Yo exigí en la Conferencia de Presidentes un calendario. Quien tiene que presentar una propuesta es el Gobierno de España. No hubo ni compromiso, ni cronograma, ni boceto de propuesta… Tampoco se nos emplazó a un futuro Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendría que celebrarse este mes de enero. Ya estamos a 27 y nuestros consejeros no han sido convocados.

P. ¿Cómo considera que tendría que reformarse el sistema de financiación autonómica?

R. El actual sistema ya se pactó a dos bandas entre el Gobierno de España y Cataluña y comunidades como Baleares salimos perjudicadas. Somos la segunda en aportar y de las últimas en recibir. Por tanto, tiene que haber un cierto principio de ordinalidad. La diferencia que hay ahora es abismal. Sobre todo, porque en el caso de Baleares hay algo que no se tiene en cuenta en el actual sistema, que es la población flotante. Somos una comunidad con 1,2 millones de habitantes que en 2024 hemos recibido a 19 millones de turistas. Turistas que suponen el 80% de nuestro Producto Interior Bruto, que nos hacen ser una de las comunidades más dinámicas y uno de los motores económicos del país, pero evidentemente consumen recursos: agua, seguridad, sanidad, transporte… También vemos cómo está en entredicho algo que para mí es imprescindible, la autonomía fiscal.

P. Más allá de por el frágil equilibrio en el Congreso, el Gobierno también se ha visto sacudido por el caso Koldo y por la investigación abierta contra la mujer del presidente. El anterior Gobierno balear fue una de las administraciones que contrató con la trama. Se firmó un contrato de compra de mascarillas por 3,7 millones de euros. ¿Qué responsabilidad debería asumir la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol?

R. Debería asumir una responsabilidad con la verdad. Francina Armengol mintió cuando negó cualquier contacto o cuando aseguró que las mascarillas no habían caducado. Dijo que habían reclamado el dinero cuando es absolutamente falso, también aseguró que se había informado al Gobierno entrante, en este caso a nosotros, y le puedo asegurar que hemos revuelto todos los papeles y que no había ni rastro de esa información. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación. Hemos visto, por los mensajes que han ido saliendo, cómo la presidenta del Congreso tenía una relación cordial, no sé si de amistad, pero al menos cordial y de proximidad con Aldama y con Koldo. El primer compromiso de la tercera autoridad del Estado tiene que ser con la verdad, y si la tercera autoridad del Estado no es capaz de ser garante de la verdad y de la transparencia en su gestión anterior, no puede ser la tercera autoridad del Estado.

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P. ¿Cree que el Govern de Armengol sabía lo que estaba pasando realmente con ese contrato?, ¿Quién estaba detrás y qué tipo de intereses tenía?

R. Los hechos demuestran que eran perfectamente conocedores de todo. Al menos la propia presidenta, que lo ha negado. Para mí todo constituye un reconocimiento explícito, sabían que habían comprado un material defectuoso y que no podían reclamarlo.

P. Su Gobierno ha anunciado que va a reclamar el dinero, ¿Tiene fe en poder recuperarlo?

R. Hemos pedido la nulidad del contrato y también hemos reclamado por la vía penal por el total del montante. Lo digo porque hubo una petición del PSOE, cuando intentó involucrar al PP en la trama, de que se reclamase parte de esos 4 millones. Es decir, incluso después [de estallar el escándalo] el PSOE de Baleares ha seguido defendiendo los intereses de la trama. Dijo que era una barbaridad que se pidiera la nulidad de ese contrato por el montante total. Es un proceso complejo, pero no vamos a cesar en nuestro empeño y vamos a llegar hasta donde haga falta.

P. Su Gobierno está auditando todos los contratos firmados por el anterior Ejecutivo que superasen los 100.000 euros. ¿Han encontrado alguna irregularidad?

R. No tenemos todavía los resultados porque es una auditoría compleja. Tomamos la decisión cuando vimos que no se estaba contando la verdad en las comisiones de investigación.

P. ¿Tiene límite el turismo en Baleares? Un documento técnico del Plan de Transición Energética y Cambio Climático resalta que las Islas tienen un límite de 13,5 millones de turistas.

R. Este es un tema absolutamente técnico que nada tiene que ver con el límite de turistas, que lo marcan las plazas turísticas, no un documento de Energía, que lo que ha hecho es solucionar y ajustar a la realidad lo que antes era un brindis al sol. Respecto a la pregunta de si Baleares tiene límite, sí, Baleares ha llegado a su límite con un turismo que ha crecido más en volumen, que no en valor. Por eso, la estrategia de transformación turística que presentamos la semana pasada en Fitur se basa en cambiar también esta visión y apostar por el valor que aporta el turista al territorio.

P. ¿Y el turismo sostenible?

R. Hay que ser respetuoso no solo con el territorio, sino también con las costumbres y con el residente. Hemos visto cómo en los últimos ocho años de Gobierno socialista se incrementaron las plazas legales en más de 115.000. Es insostenible. Y hemos visto además cómo ese incremento de plazas no se ha traducido en un aumento del Producto Interior Bruto y de la riqueza de nuestra comunidad, sino que ha aumentado la percepción negativa que tienen los residentes sobre el turismo porque no se está traduciendo el récord de llegadas con un crecimiento del bienestar para los residentes. Estamos trabajando en una estrategia basada en el valor del turismo, en el incremento de según qué tipos y qué nichos. También en alargar la temporada turística.

P. ¿Cuántas plazas hoteleras sobran?

R. Esto es a lo que me refería antes. No podemos seguir contando la cantidad de turistas, hay que hacerlo en valor. Es un proceso que no es de un día para otro. Estamos trabajando con un grupo de expertos a través de un proceso participativo jamás visto en Baleares ni en España. Más de 140 entidades han colaborado en el diagnóstico que vamos a presentar el mes que viene. Es muy importante acertar en el diagnóstico, porque esto no puede ir de percepciones de 'sobran' o 'faltan' tantos turistas. Somos una comunidad turística y lo digo con orgullo. El turismo representa en Baleares más del 80% de nuestro Producto Interior Bruto y más de 200.000 puestos de trabajo directos.

P. Baleares ha sido escenario de muchas manifestaciones contra el turismo. ¿Ha aumentado la turismofobia?

R. Es imprescindible volver a encontrar el equilibrio. También es algo que no se consigue de un año para otro. Cuando llegamos hace 15 meses nos encontramos sobre la mesa 115.000 nuevas plazas legales. Y también tenemos una oferta ilegal que durante los ocho años de Gobierno socialista se incrementó como nunca antes.

P. ¿Habrá medidas contra Airbnb?

R. No es contra Airbnb, sino contra el alquiler turístico ilegal. Siempre hemos defendido el alquiler turístico legal reglado que cumple con unos parámetros de calidad y que contribuye a redistribuir la riqueza. Estamos firmando convenios con las grandes plataformas, que contribuyen como nadie a esta saturación, para que no permitan anuncios que no tengan un número de licencia. Estamos cruzando los datos de Hacienda para detectar los alquileres ilegales. Y también hay algo muy importante: el incremento de las sanciones y de las inspecciones. Por primera vez, parte de lo recaudado con el Impuesto de Turismo Sostenible (ecotasa) se destina a los consells para que puedan incrementar el número de inspectores y las labores de vigilancia.

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P. El caso de la ecotasa es paradigmático. En el primer Pacte de Progrés del recientemente fallecido expresident Francesc Antich, se impulsó la ecotasa. El PP se opuso y hoy nadie en Baleares, tampoco los hoteleros que tanto la criticaron, la pone en duda. ¿Cómo se ha producido este cambio de postura?

R. Los tiempos cambian y hoy en Baleares no la cuestiona absolutamente nadie. En esta legislatura ha habido un cambio muy importante en algo que sí que generaba debate y controversia: el destino del dinero del Impuesto de Turismo Sostenible. Tienes que ser lo suficientemente transparente y claro para que los visitantes que regresen a Baleares vean lo que se ha hecho gracias al dinero que ellos han aportado. Estamos destinando el impuesto para proyectos de medio ambiente, destacando los de agua. Estamos movilizando más de un millón de euros entre impuestos, turismo sostenible y fondos europeos para proyectos medioambientales y de sostenibilidad.

P. ¿Cómo están las infraestructuras hidráulicas?

R. Nos las encontramos absolutamente desbordadas y abandonadas. Hemos hecho un esfuerzo presupuestario muy importante en agua, mejora del destino y energías renovables para la adquisición de fincas públicas para convertirlas en espacios naturales para el uso y disfrute de todos. Y también por primera vez se están utilizando fondos europeos para el impulso del turismo sostenible y comprar hoteles obsoletos para poder tirarlos. Se trata de recuperar espacios verdes para la ciudadanía y para los turistas.

P. Palma es la ciudad más cara para vivir en España. Aparte de este dato, hay otro que es muy relevante: un tercio del total de la vivienda es para alquiler solamente de habitaciones.

R. Lo primero que había que hacer es una política de vivienda. En ocho años [del Govern de Francina Armengol] no ha habido absolutamente ninguna política de vivienda que haya tenido un resultado para los ciudadanos. Hubo muchos titulares, todos vinculados al intervencionismo. Hace un tiempo saltó a escala nacional la expropiación de grandes tenedores. Me parece que fueron 13 las viviendas que consiguieron sacar al mercado. Es importante hacer una política de protección de vivienda pública pensada en la necesidad de emergencia habitacional que tenemos en Baleares.

P. Hay mucha gente viviendo en autocaravanas, sobre todo en Ibiza en verano.

R. Me consta que las políticas que hemos puesto en marcha están funcionando, pero es un proceso lento, mucho más lento de lo que desearíamos. Nosotros impulsamos un cambio de visión. El sector privado debe ser un aliado del Gobierno de las Islas Baleares para impulsar políticas de vivienda. Hemos puesto en marcha varios programas. En primer lugar, un primer decreto de emergencia habitacional. Somos un territorio frágil, limitado, donde no podemos bajar el precio de la vivienda construyendo sin límite, porque el territorio que tenemos es el que es.

P. ¿Qué otras medidas se han impulsado?

R. Favorecer la mayor edificabilidad de los suelos, el incremento de las alturas de los edificios, la reconversión de locales comerciales en vivienda… También era importante una mejora en la fiscalidad. Eliminamos el impuesto de Transmisiones Patrimoniales en los primeros diez días para jóvenes menores de 30 años y lo bajamos al 50% para menores de 35 años. Más de 11.000 jóvenes han podido acceder en estos 15 meses a una vivienda sin tener que abonar ni un euro en concepto de transmisiones patrimoniales a la Administración. Además, estamos ultimando un censo de solares en todos los municipios y próximamente saldrán a licitación. Hemos establecido una nueva categoría de vivienda: vivienda a precio limitado, con una reducción del 30% del valor de mercado.

P. ¿En qué consiste el programa ‘Alquiler seguro’?

R. Lanzamos un mensaje a los propietarios: en Baleares hay más de 70.000 viviendas vacías y les ofrecemos unas condiciones únicas en el mercado. Desde el Govern se les garantiza el cobro de las mensualidades, incluso por anticipado, si así lo desean, por los siete años de vigencia de los contratos y también la reparación de cualquier daño. Tenemos ya más de 100 personas dentro del programa.

P. Después de que Vox rompiese el acuerdo de gobernabilidad que había suscrito con el PP en Baleares y de su negativa a apoyar los presupuestos autonómicos, en una reunión con alcaldes populares, estos le transmitieron que no cediese al “chantaje” de Vox. ¿Qué implica esta petición? ¿No ceder al chantaje de Vox implica un adelanto electoral?

R. Yo respeto muchísimo a Vox. Son la tercera fuerza en Baleares con 62.000 votantes. El pacto de investidura fue un acto de generosidad y responsabilidad de los dos partidos. Pero cuando Vox, por una estrategia nacional, decide el pasado julio romper con todos los gobiernos, para mí no tenía explicación. Habíamos cumplido el 90% de los puntos firmados y nosotros como Gobierno no tenemos competencias en materia de acogimiento de menores, son los consells insulares. Cuando luego Vox, a partir de otra estrategia nacional, decide que va a dejar a los gobiernos del Partido Popular en la estacada y no aprueba sus presupuestos, tampoco lo comparto. En nuestro caso, los presupuestos ya habían pasado el primer trámite. De hecho, el techo de gasto había salido adelante con el voto de Vox. Es en ese momento, cuando las bases de mi partido me transmiten ese mensaje. Vox y el PP son dos partidos diferentes, insisto, les respeto muchísimo, pero yo no puedo hacer comulgar a Vox con las ideas del PP, y al revés tampoco.

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P. ¿No hay entonces adelanto electoral a la vista?

R. No. Ahora mismo tampoco se entendería. Esa mayoría del cambio formada por el PP y Vox en Baleares sigue existiendo y habrá desacuerdos, es normal, pero yo siempre abogo por priorizar aquello en lo que estamos de acuerdo.

P. No solo Canarias, también Baleares batió el año pasado el récord de llegadas de inmigrantes. Formentera está absolutamente desbordada. El sentimiento en Canarias es de abandono total, ¿también lo sienten así?

R. Totalmente. Evidentemente, el drama humanitario y las cifras que maneja Canarias no son comparables a las de ningún otro territorio. Ahora bien, vayamos a los datos para que se vea la dimensión del problema en Baleares. En 2016, llegaron 22 personas, algo prácticamente anecdótico. En 2024, 6.000. Ha sido un crecimiento exponencial y si trasladamos estos datos a lo que puede suceder los próximos años, nos plantamos en una situación similar a la de Canarias y yo no lo puedo permitir. Rechazo cualquier atisbo de demagogia y cualquier discurso que nos intenta meter en el buenismo de la solidaridad frente a los malos. Esto no va de solidaridad, esto va de capacidad. El Consell de Formentera destina el 20% de su presupuesto total a la atención de menores no acompañados. Esto supone retraer recursos de otros servicios. Ahora mismo, esos recursos para atender a menores están un 600% por encima de su capacidad.

P. ¿Qué le exige al Gobierno?

R. Que se haga cargo de sus competencias. Las competencias de menores son de las comunidades autónomas, y en el caso de Baleares están transferidas a los consells insulares, pero cuando se crearon esas competencias no fueron diseñadas ni concebidas para la atención de menores no acompañados. Como dijo la Fiscalía de Menores de Baleares, no se puede separar la competencia de la inmigración irregular, que es del Gobierno de España, de la de los menores no acompañados. Por cierto, el origen de nuestra inmigración irregular es único: Argelia. Y el momento en el que empezó a dispararse coincide con la ruptura de relaciones con Argelia fruto de la decisión de Pedro Sánchez de favorecer a Marruecos. Reclamo también toda la ayuda de la UE que el Gobierno se niega a pedir. Hay que proteger nuestras fronteras y actuar en origen.

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P. ¿Cierra por completo la puerta a una reforma de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo de reparto cuando un territorio se vea desbordado?

R. Creo que no es lo que plantea el Gobierno de España. La propuesta del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo iba en ese sentido. En el caso de Baleares no podemos aceptar menores que vengan de otra comunidad autónoma. No por insolidaridad, no porque seamos los más malos, sino porque nosotros somos, si se me permite, receptores. Pero voy a ir más allá. Eso no es política de inmigración, eso es política de reparto. Y a mí, hablando de menores, oír al Gobierno de España hablar de reparto, me parece una falta de humanidad y de ética impresionante. Los que van de solidarios nos dan lecciones. La política de inmigración debe ser otra cosa, igual que la política de exteriores y de interior.