El Supremo rechaza cesar a García Ortiz como fiscal general a un día de que declare

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado este martes el recurso que reclamaba la anulación del nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La decisión se adopta a 24 horas de que preste declaración como imputado por revelación de secretos ante otra Sala, la de lo Penal. Con este pronunciamiento, los magistrados de lo Contencioso descartan incrementar el control judicial sobre los nombramientos que efectúa el Gobierno, que nombró a García Ortiz para un primer mandato y después lo renovó en diciembre de 2023.

Los cinco magistrados que han compuesto el tribunal rechazan así el recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que defendía que la elección del Ejecutivo se adoptó en contra de los requisitos mínimos porque, cuando el Gobierno le renovó, la Sala de lo Contencioso ya había apreciado "desviación de poder" en su decisión de ascender a su antecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal.

La APIF consideraba que este hecho encajaba con una "causa legal de cese" que prevé el Estatuto del Ministerio Fiscal: "El incumplimiento grave o reiterado de sus funciones". También incidía en otras polémicas que han rodeado a García Ortiz durante su mandado, como su posicionamiento ante la conocida como ley del solo sí es sí o la de la amnistía.

El fiscal general se opuso a ese recurso y defendió que la asociación solo buscaba "socavar" al Gobierno para obtener "publicidad". También se enfrentó a los magistrados e intentó apartar a cuatro de ellos al cuestionar su imparcialidad, pero el alto tribunal rechazó esta solicitud en mayo y lo tachó de mero "artificio procesal". Ocho meses después, el Supremo ha fallado a su favor.

TE PUEDE INTERESAR

El juez destaca la gravedad del delito del fiscal general a 48 horas de su declaración

Beatriz Parera

"Ninguno de los hechos esgrimidos por la demanda considerado en sí mismo, ni el conjunto de todos ellos, revelan el incumplimiento grave y reiterado por el señor García Ortiz, durante su primer mandato como fiscal general del Estado, de sus funciones constitucionales que afirma la recurrente y determinaría su falta de aptitud para ser nombrado por segunda vez", advierte la sentencia.

En lo que se refiere a la desviación de poder por el nombramiento de Delgado, los magistrados reconocen que dice "muy poco en favor de su autor" y de su responsabilidad de llevar a cabo "un ejercicio ejemplar de sus potestades", pero "la propuesta de ascenso no deja de desenvolverse en el ámbito interno" y, por tanto, resulta insuficiente para cesarle como fiscal general.

Su "desviación de poder"

En marzo de 2022, cuando Delgado aún ejercía como fiscal general, el PSOE ya intentó blindar su acceso a la categoría más alta de la carrera fiscal en cuanto cesara de su puesto. El plan consistió en presentar una enmienda a la ley concursal por modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero las críticas llegaron a tal punto que, ante la falta de apoyos, los socialistas terminaron por retirar la misma en junio de 2022.

De esta manera, García Ortiz se encontró con que debía mover ficha para cumplir las expectativas de su antigua jefa, y así lo hizo ante la primera oportunidad: la vacante que había surgido de fiscal de Sala togada —militar— de Supremo. El actual fiscal general tenía que dar este paso para que Delgado después pudiera acceder al puesto al que realmente aspiraba, que era el de fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo pide el tráfico de llamadas del fiscal general y trata de recuperar sus mensajes

Pablo Gabilondo

En junio de 2023, el fiscal general también logró sacar adelante este segundo nombramiento y parte de la carrera dijo basta. Destacados miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) abandonaron la organización como protesta, mientras que las asociaciones conservadoras le plantaron cara en el Supremo. La primera estocada de este tribunal llegó en noviembre de 2023, cuando anuló el ascenso de Delgado a la máxima categoría al apreciar "desviación de poder" por parte de García Ortiz. En mayo de 2024, llegó la segunda al tumbar su nombramiento para Memoria Democrática.

Entre ambas decisiones, la APIF presentó su recurso contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz como fiscal general, pero el alto tribunal ha rechazado ahora sus argumentos. En cualquier caso, ambas partes volverán a verse las caras este miércoles, cuando el fiscal general del Estado comparecerá como imputado ante el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. En esta otra causa, la APIF está personada como acusación popular.

El TC admite el recurso de Delgado

De forma paralela, los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional hecho valer su mayoría este mismo martes y han acordado revisar la mencionada sentencia del Supremo que acusó a García Ortiz de "desviación de poder". La magistrada a la que se le había asignado el caso en un primer momento, la conservadora Concepción Espejel, se oponía a admitir a trámite el recurso de Delgado al considerar que "no hay especial trascendencia constitucional", pero la mayoría del pleno ha rechazado sus argumentos y ha acordado revisar la decisión del Supremo por siete votos frente a cinco.

TE PUEDE INTERESAR

¿También tú, Lastra? La defensa de García Ortiz se agrieta por revelaciones de los suyos

Beatriz Parera

"El Tribunal Constitucional considera que el recurso de amparo debe ser admitido porque concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional", argumenta la mayoría progresista. "La demanda plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal y además el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y general repercusión social y económica".

Según defendió la también exministra de Justicia durante una entrevista concedida a Cadena Ser en 2023, los magistrados del Supremo "querían llegar a un fin" con su sentencia y "a partir de ahí construyeron la fundamentación" jurídica con "contradicciones profundas" y "argumentaciones oscuras".