Sánchez pacta otro decreto y acepta la cuestión de confianza para cerrar la crisis con Puigdemont
El Gobierno salva sólo las medidas sociales y deja para otro real decreto ley los asuntos de carácter económico. Junts presentará un nuevo texto de su petición de moción de confianza y el PSOE se compromete a tramitarla en el Congreso
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El Gobierno y Junts han alcanzado un acuerdo in extremis para sacar adelante un decreto con un nuevo texto que contempla parte de las medidas sociales, pero que, por el momento, deja fuera todos los temas de carácter más económico. La negociación ha sido tan agónica que ha retrasado tres horas la reunión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo se había obstinado en salvar todo el decreto denominado ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte y que la semana pasada tumbaron los de Carles Puigdemont, junto al PP y Vox. Pero, finalmente, la Moncloa ha cedido y lo que el Gobierno ha aprobado este martes recoge solo una parte de las iniciativas.
Las conversaciones han alcanzado también al espinoso asunto de la proposición no de ley de Junts, que exigía al presidente someterse a una cuestión de confianza. Tras negarse durante dos meses y mantenerla congelada en la Mesa del Congreso, los socialistas han transigido y se tramitará aunque con un "nuevo texto" para incluir que es una competencia exclusiva del jefe del Ejecutivo. La votación sobre si debe presentarla se producirá, con la duda de cuál será en ese momento el voto de Junts. Pero, Pedro Sánchez, que compareció en la Moncloa para explicar todo este giro de guion, avanzó que "el Gobierno no ve necesidad" de plantearla.
Con todas estas nuevas concesiones, Sánchez pone así fin a la crisis con Carles Puigdemont, que había puesto en jaque la legislatura y rearma su inestable mayoría parlamentaria. Probablemente habrá otros momentos de profundos desencuentros con Junts pero el presidente ha conseguido poner ahora un parche. No es lo suficientemente grande para aventurar si podrá o no sacar adelante unos presupuestos. Ni él mismo se ha atrevido a asegurarlo. "Partido a partido", dijo.
El jefe del Ejecutivo parece muy consciente de su debilidad. "Un Gobierno puede perder una votación parlamentaria pero no nos resignamos a que pierda la mayoría social", afirmó, para justificar que se haya cedido a las exigencias de Junts. Los posconvergentes también se han visto empujados a buscar una salida por el desgaste de coincidir con el sentido del voto del PP y para que no se les considere responsables de que no haya una subida del 2,8% de las pensiones. Su cambio de postura garantiza la convalidación en el Congreso de este nuevo decreto y que los jubilados no sufran ningún recorte en la paga de febrero.
Como suele ser habitual, Sánchez ha hecho de la necesidad virtud y atribuyó la decisión del trocear el real decreto ley inicial a que este asunto "generó mucha inquietud en buena parte de la ciudadanía". "El diálogo, la negociación y el acuerdo son la seña de identidad de mis gobiernos", subrayó. Esto, añadió, "es lo que nos ha permitido cosechar cifras récord de crecimiento económico" y "paz social". A esta "estabilidad" se aferra el presidente para minimizar la volatilidad de la situación política.
Junts reclamaba al Gobierno un nuevo decreto sólo con las cuestiones que estaban dispuestos a apoyar: la subida a los pensionistas, la actualización del Ingreso Mínimo Vital, las bonificaciones de metro y Cercanías y las subvenciones a los afectados por la DANA. Al final no se ha quedado solo en eso y el Gobierno, según señaló el presidente, ha logrado salvar "la práctica totalidad del escudo social" pero con algunas matizaciones introducidas por los posconvergentes. El real decreto ley que ha decaído recogía la prórroga de la paralización de los desahucios por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Y los de Puigdemont han metido ahora medidas de reparación a los propietarios, para garantizar que puedan cobrar el arrendamiento y el pago de los desperfectos "ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas". Sánchez puntualizó que el Ejecutivo ya había anunciado en su paquete sobre vivienda la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios.
Aunque el presidente compareció, la Moncloa permitió que previamente fueran los de Puigdemont quienes anunciaran el contenido del acuerdo. Se ha quedado fuera del decreto ómnibus, según fuentes posconvergentes, todas las medidas tributarias que se cerrarán más adelante, las que afectan a las subvenciones de las empresas electrointensivas, las destinadas a "suavizar" el impacto contable del impuesto en los bancos, las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente, o la "perpetuación" de unos anticipos por la financiación autonómica "sin pactar una redistribución distinta de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña".
El acuerdo con Junts ha resultado este martes toda una sorpresa. Los mensajes que durante estos días han salido de la Moncloa eran que no había prisa en rectificar el asunto de las pensiones o las ayudas al transporte y podían tomarse aún dos o tres semanas y que su propósito era incluir también el resto de medidas porque "todas son importantes". Incluso los sindicatos habían anunciado movilizaciones para el próximo domingo, en busca de una tensión social que favorece el interés político del Gobierno.
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Pero, la línea entre intentar sacar rédito al sentido del voto de PP y Junts, que era la estrategia actual de la Moncloa, y que la opinión pública responsabilizase al Ejecutivo por quedarse de brazos cruzados, era muy delgada. El propósito de Sánchez era conseguir el cambio de posición de Junts y, mientras, cargar duramente contra los populares por votar en contra del incremento de las pensiones. La razón es que Alberto Núñez Feijóo cuenta con un flanco débil: tradicionalmente el PP ha sido un partido con mucho votante mayor, pero en las últimas generales los socialistas se impusieron con bastante diferencia en la franja de edad de 65 a 75 años. El apoyo al PSOE fue del 34,9% de los electores, al PP, del 22,3%. Una distancia de 12,6 puntos.
Aunque, la urgencia real del Gobierno era solucionar los problemas con Puigdemont porque que la relación con Junts atravesaba por su peor momento y estaba totalmente envenenada. Los postconvergentes acumulan una lista de desencuentros con la Moncloa. Desde la falta de entendimiento en el traspaso de la inmigración —Interior sostiene que no es posible ceder el control de fronteras y Junts asegura que es una cuestión solo de "voluntad política"— a las quejas porque aún no se haya reconocido el catalán como lengua oficial de la UE. Sumado a otra mucho más importante: que el expresidente no se ha beneficiado totalmente de la amnistía.
Con el pacto alcanzado hoy se reconduce la interlocución con Puigdemont y a la vez se consiguen aprobar las medidas sociales. Pero el camino de la legislatura continúa lleno de piedras. Falta acordar las cuestiones económicas que este martes se han quedado fuera del real decreto ley, encontrar una salida al bloqueo del traspaso de las competencias de inmigración, pactar una nueva senda de estabilidad con unos objetivos de déficit que beneficien más a las comunidades autónomas y después atreverse con la previsible tortura de los presupuestos.
El Gobierno y Junts han alcanzado un acuerdo in extremis para sacar adelante un decreto con un nuevo texto que contempla parte de las medidas sociales, pero que, por el momento, deja fuera todos los temas de carácter más económico. La negociación ha sido tan agónica que ha retrasado tres horas la reunión del Consejo de Ministros. El Ejecutivo se había obstinado en salvar todo el decreto denominado ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte y que la semana pasada tumbaron los de Carles Puigdemont, junto al PP y Vox. Pero, finalmente, la Moncloa ha cedido y lo que el Gobierno ha aprobado este martes recoge solo una parte de las iniciativas.