García Ortiz cree que el Supremo "maltrata" a la Fiscalía mientras se juega su continuidad

No es ningún secreto que la desconfianza entre el fiscal general del Estado y el Tribunal Supremo ha ido creciendo a pasos de gigante en los últimos meses. Esta semana, llegará, sin embargo, a su punto más álgido. Se han combinado dos factores que han acabado de tensar una relación que nunca ha sido fácil. Por una parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo debe decidir este mismo martes si anula el nombramiento de Álvaro García-Ortiz, recurrido por una asociación de fiscales. Por otra, declarará como imputado por revelación de secretos el miércoles, en este caso ante la Sala de lo Penal. Según aseguran fuentes de su entorno, el jefe del Ministerio Público considera que la forma en la que se ha diseñado su citación evidencia una "falta de respeto" a la institución.

Comenzando por lo más inmediato, cinco magistrados tienen en sus manos su cese obligado y cuatro de ellos no cuentan, según ha argumentado García Ortiz, con "la objetividad" suficiente para decidir. Intentó, sin éxito, recusarles en una muestra evidente de que cree que, con la actual composición, hay posibilidades de que la Sección Cuarta vuelva a fallar en su contra, como ya ha hecho con anterioridad en otros recursos presentados, en ese caso, por nombramientos que propuso y que se consideraron irregulares. Ahora no está en juego la designación de otros, sino la suya propia. Y lo está en el peor momento de su mandato, a las puertas de que, por primera vez en la historia, un fiscal general declare como imputado.

Esa declaración por revelación de secretos y la manera en la que el instructor la ha conducido, esconde el reproche. Según estas fuentes cercanas a García Ortiz, el instructor no ha mostrado "respeto institucional" en el modo de acordarla. Por ejemplo -dicen-—, no le ha ofrecido la posibilidad que contempla el artículo 400 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de que el interrogatorio se desarrolle en su despacho y no en sede del Supremo, en el Palacio de las Salesas, lo que le ahorraría el paseíllo.

Tampoco se le ha preguntado por su agenda ni por los compromisos que pudiera tener antes de fijar la fecha para que comparezca como imputado. Este mismo miércoles, coincidiendo con el interrogatorio, estaba prevista, por ejemplo, la celebración del Consejo Fiscal que preside que ha tenido que suspenderse. Otra de las cosas que provoca malestar es el tratamiento que recibirá de las partes que acudirán a la citación, donde se obviará el protocolario "Excmo. Sr." que es el habitual.

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La percepción muestra de forma muy clara la diferencia de criterio que ya existía desde un inicio en todo lo que afecta a esta causa. El Supremo y, con él, el instructor, han definido una imputación que es personal y, con ello, independiente de su cargo y la institución. García Ortiz siempre ha defendido todo lo contrario y cree que persona y cargo están indisolublemente unidos. De hecho, uno de sus motivos para mantenerse en el cargo fue asegurar que irse debilitaría la figura, ya que daría a entender que es sencillo tumbar a un fiscal general.

En este ambiente, los escritos que la Abogacía del Estado ha ido presentando en su defensa han ido subiendo de tono en la última etapa. Hace aproximadamente un mes, los servicios jurídicos del Estado cargaron, por ejemplo, contra la UCO, a la que acusaron de presentar informes con "irregularidades" e inconsistencias. En el último presentado, lo hacía directamente contra el juez, al que acusaba de omitir pruebas que le exculpan y mantener la imputación con base en "meras opiniones, carentes de base probatoria".

Como fiscal general o sin serlo

Antes de que llegue, sin embargo, ese momento, el de la declaración, habrá que despejar la duda de si acude a ella como fiscal general o como fiscal de sala. El recurso sobre el que debe deliberar y fallar la Sala de lo Contencioso procede de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que cree que el Gobierno actuó de forma arbitraria cuando le renovó para el cargo tras las elecciones de julio del 23. En ese momento ya se habían dictado sentencias en las que el Supremo apuntaba que incurrió en una "desviación de poder" al ascender a su antecesora Dolores Delgado.

La APIF considera, en su recurso, que García Ortiz está incurso en una de las causas legal "de cese" que prevé el Estatuto del Ministerio Fiscal, en concreto, "el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones". Echando ahora la vista atrás, la desviación de poder que le atribuía el Supremo se queda pequeña en comparación con la imputación que arrastra. Si la Sala Tercera le quita los galones, acudirá a declarar de todos modos sin ellos, ya que los fiscales de sala están también aforados ante el Supremo.