La UCO conecta a Koldo con el dueño del prostíbulo Hot y un detenido por extorsión

La historia no siempre es circular, pero la biografía de Koldo García Izaguirre describe una circunferencia casi perfecta. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el antiguo portero de prostíbulo y mano derecha de José Luis Ábalos cobró, tras salir del Ministerio de Transportes en julio de 2021, de un entramado societario en el que participa uno de los mayores proxenetas de España, Emilio Carrillo González.

El sumario del caso Ábalos revela que Koldo fue contratado en febrero de 2022 por la empresa Instalibero District SL en calidad de consultor y percibió al menos 10.851 euros por ese supuesto servicio. Según el Registro Mercantil, Instalibero District SL fue creada en 2018 con el objeto social de "actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal" y, en la época que tenía en nómina al asesor de Ábalos, estaba controlada por un empresario llamado Manuel Sallés Carceller.

El sumario ha sacado del anonimato a este individuo. Sallés, nacido en 1959 y con residencia en Las Rozas (Madrid), acumula un largo historial como asesor financiero de todo tipo de organizaciones criminales. Su especialidad es el blanqueo de capitales, el alzamiento de bienes y la corrupción política. Su nombre y apellidos aparecen en más de una treintena de mercantiles instrumentales.

Instalibero District SL, la empresa que fichó a Koldo tras salir del Ministerio, era una de las sociedades más recientes de Sallés. Las diligencias indican que, desde 2021, este financiero colaboraba estrechamente con otros dos empresarios que la UCO involucra en el fraude de los hidrocarburos

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El primero es Emilio Carrillo, nacido 1956 y con domicilio en un ático del distrito de Tetuán cercano al despacho que tuvo Ábalos en el Ministerio de Transportes. La periodista Cristina López Schlichting entrevistó a Carrillo en 2001 para un reportaje publicado en El Mundo sobre las "nuevas esclavas" de la prostitución titulado Carrillo, magnate español del sexo.

En esa época, el investigado por la Guardia Civil era uno de los rostros visibles de la recién creada Asociación Española de Locales de Alterne (Anela) que llegó a presentarse públicamente en el Hotel Meliá de Madrid. "Yo doy mi vida por las señoritas. Soy un ser muy querido por ellas", contó Carrillo a la periodista. "Tengo siete hoteles y una discoteca en el corazón de Madrid", explicó.

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Esos siete hoteles de Carrillo estaban repartidos por toda España (Segovia, Villalba, Zafra, Puertollano, Badajoz, Valladolid…) y, en realidad, eran prostíbulos con habitaciones. En cuanto a la discoteca, se llamaba Hot Show Girls, se ubicaba en los bajos de la Plaza de Colón de la capital y fue durante más de una década uno de los nightclub con más trasiego de clientes de Madrid.

"¿Y a usted no le causa problemas morales este negocio?", preguntó López Schlichting a Carrillo. "Bueno, sí, he tenido mis películas, para qué le voy a decir que no. Por eso defiendo a las señoritas contra las mafias y adopto con ellas el papel de bueno. Pero, en fin, esto ha existido siempre", contestó el proxeneta.

Hace unos años, Carrillo amplió sus negocios entrando en el mundo del petróleo junto a un segundo empresario que la UCO relaciona igualmente con Sallés y con el fraude de los hidrocarburos. Se trata de Jesús de Gregorio Llopis (1966), empadronado en el distrito de Salamanca de Madrid y con otra larga trayectoria en el mundo de la noche. Según el sumario, Gregorio fue detenido en 2015 por "pertenencia a organización criminal, extorsión, delito de descubrimiento, revelación de secreto y cohecho".

Fuentes próximas al caso retratan a Gregorio como un individuo extremadamente peligroso. "Antecedentes obrantes en esta unidad [UCO] lo sitúan en el diseño de estructuras empresariales ideadas para facilitar el blanqueo de los capitales procedentes de cualquier ilícito penal", recoge la Guardia Civil en un informe del pasado 10 de octubre al que ha tenido acceso El Confidencial.

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En el momento en el que Koldo estuvo cobrando de Instalibero District SL por supuestos servicios de consultoría, Sallés, Carrillo y Gregorio eran una piña. Los tres concedieron poderes a una misma abogada, por ejemplo. A juicio de la UCO, se estaban preparando para poner en marcha una operativa de fraude de hidrocarburos a gran escala y ya habían montado sociedades para ejecutarla, como Nuwa Servicios Compartidos SA.

No era la primera vez que lo hacían. El Juzgado Central de Instrucción número 5 los detuvo hace cuatro años, en el marco de las diligencias previas 100/2021, por ocasionar un presunto agujero a la Agencia Tributaria de 111,8 millones de euros.

En mayo de 2024, la UCO cazó a Carrillo, Gregorio y Sallés en un hotel de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) preparando supuestamente un nuevo golpe. "La vinculación existente entre los actores principales de esta reunión", recoge el informe policial, "permite inferir que dicho encuentro se produjo con la finalidad de establecer posibles estrategias empresariales o comerciales tendentes al diseño y creación de un posible entramado continuista que releve al detectado, dado que, en principio, todos los presentes están relacionados con el sector de los hidrocarburos y el blanqueo de capitales".

Otro de los implicados en la estafa de 2021, Claudio Rivas, siguió también en este lucrativo negocio. La Guardia Civil considera que Rivas continuó defraudando a Hacienda hasta el punto de convertirse en uno de los cabecillas de la organización de hidrocarburos que desmontó el pasado octubre tras evadir otros 182 millones de euros.

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En esta última causa está involucrado Víctor de Aldama, intermediario del caso Koldo. El 22 de noviembre, Aldama declaró en la Audiencia Nacional que Sallés se dedicaba "al tema de hidrocarburos" y que Koldo lo había acompañado en varios viajes, entre ellos destinos, a Venezuela y México. Según Aldama, Koldo y el responsable de Instalibero District SL llegaron a compartir despacho en la calle Velázquez de Madrid.

Fuentes cercanas a las pesquisas añaden que el asesor de Ábalos también acompañó a Sallés a Canarias. Esos desplazamientos estaban presuntamente relacionados con el negocio de los combustibles que presuntamente tramaban Sallés, Carrillo y Gregorio. En concreto, habrían intentado conseguir en territorio insular depósitos fiscales de combustible en puertos francos. El sumario ya ha demostrado que Koldo tenía hilo directo con el presidente de Canarias hasta junio de 2023, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Los pagos de Instalibero District SL a Koldo se produjeron en fechas próximas a esos viajes. La UCO impidió que Sallés, Carrillo y Gregorio, llegaran a consumar una nueva estafa, pero no pudieran evitar que Rivas defraudara otros 182 millones de euros entre 2021 y 2024.

Según las diligencias, el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera concedió a Rivas la licencia para operar a pesar de que sus mercantiles no reunían los requisitos financieros necesarios para poder conseguirla. En este otro caso, se investiga si Koldo medió para que Rivas recibiera un trato de favor.