El Supremo indagará de forma urgente en el patrimonio de Ábalos tras la pista de las comisiones

La decisión del Congreso sobre el suplicatorio de José Luis Ábalos ha resonado en el Tribunal Supremo (TS) y en la Fiscalía Anticorrupción como un pistoletazo de salida. La investigación sobre la relación del diputado con la trama Koldo y, muy en concreto, con el empresario Víctor de Aldama, se encontraba paralizada hasta el momento, sin posibilidad de avances. Pero el TS ya tiene vía libre e indagará con urgencia en el patrimonio del socialista. Sus cuentas y bienes y los de su entorno familiar y personal son, ahora, una prioridad. Sobrevuela la sospecha de que parte de las que pudo haber cobrado se encuentre en el extranjero, informan fuentes del caso.

Los investigadores temen que la diligencia se alargue. El informe patrimonial llevará su tiempo y lo mismo sucederá con sus comunicaciones, otra de las cosas que, sin autorización, no se podían tocar y que ahora se analizarán previsiblemente en busca de indicios. La UCO afronta el reto de encontrar pruebas después de que su principal objetivo haya dispuesto de casi un año para prepararse. Desde que estalló el caso Koldo han pasado 11 meses, tiempo de sobra suficiente para ocultar detalles "inconvenientes", indican las fuentes consultadas.

Hasta el momento, Ábalos se ha refugiado en una versión centrada en tachar de "mentiras" las acusaciones de Aldama y en poner en duda tanto las conclusiones de la UCO como las reflejadas en la exposición razonada que remitió el juez Ismael Moreno. Las complicaciones del que fuera secretario de Organización del Partido Socialista aumentaron desde que Aldama optó por cooperar y, además de corroborar sospechas ya acreditadas en la instrucción, añadió nuevas afirmaciones sobre el cobro de comisiones y la actividad del exministro y su asesor en el marco de la adjudicación de obra pública.

Aldama ha soltado hasta el momento dos descargas contra el exministro. En su declaración en la Audiencia Nacional y en las alegaciones escritas que envió al Supremo. En el interrogatorio aseguró haber pagado comisiones en efectivo a Ábalos y precisó que destinó 250.000 euros a atar los contratos para las mascarillas y 600.000 a otras cuestiones que no precisó. Además, confirmó la compra para su disfrute del chalet La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, que pudo incluso poner "en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos".

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EFE

Esa propiedad, señalan, fue adquirida por Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, su socio en la trama de los hidrocarburos. El empresario también respaldó las averiguaciones de la UCO respecto al pago de 82.298 euros para alquilar un piso en Madrid en el que residía Jessica, su pareja en aquel momento. Los abonos se alargaron entre 2018 y 2022.

El segundo disparo vino con forma de escrito y sirvió para explicar, al menos en parte, esos 600.000 euros para negocios desconocidos. Aldama indicó a través de su abogado que pactó con Ábalos proporcionarle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros, para que contara con una garantía de que un grupo de constructoras de su órbita le entregarían comisiones a cambio de que se preadjudicaran decenas de contratos de obra pública.

Suma de recursos

La otra cuerda de la que dispone Ábalos, además de la negación, es la vía del recurso. Se ha opuesto a la investigación abierta por el magistrado Leopoldo Puente y cargado contra la Guardia Civil, a la que acusa de haberle investigado de forma irregular pese a la inmunidad que, entonces, conservaba. Desde que arrancara el caso, ha venido insinuando que es víctima de una operación política para acabar con él y perjudicar, de paso, al PSOE.

El magistrado Puente le atribuye cuatro delitos y asegura que existen "indicios bastantes" de la posible comisión de, al menos, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Considera que hay pruebas de que pudo lucrarse por la adjudicación irregular de obra pública y de los contratos de las mascarillas. "Ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados" debe ser contrastada. Comienza la partida.