Tres frentes en una semana: el fiscal general pone a prueba su manual de resistencia
El Supremo se pronunciará el martes sobre un recurso que pone en riesgo su continuidad como fiscal general, tras lo que él mismo tendrá que declarar un día después como imputado
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta esta semana a un viacrucis judicial. La primera fecha marcada en rojo es la del próximo martes, cuando el Tribunal Supremo se pronunciará sobre una demanda que pide anular su nombramiento como fiscal general y, al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional comenzará a debatir sobre la sentencia que le acusó de "desviación de poder" al ascender a su predecesora, Dolores Delgado. Estos dos asaltos servirán de calentamiento para la traca final del miércoles, en la que será interrogado por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.
El Supremo ha llamado a declarar a García Ortiz después de que esta última causa haya pasado por otros dos juzgados en los últimos nueve meses. El primer juez lo elevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al concluir que se debía investigar a dos fiscales que gozaban de aforamiento ante el mismo, pero, tras tomarles declaración, el magistrado fue un paso más allá y lo elevó al Supremo al considerar que los indicios ya apuntaban de forma directa a la posible participación del fiscal general.
La causa terminó por llegar así al alto tribunal en octubre y el juez se centró desde el primer momento en la filtración de los correos electrónicos que la defensa del novio de Díaz Ayuso había enviado a la Fiscalía. Entre ellos, el ya famoso correo del 2 de febrero en el que el abogado comunicaba a la Fiscalía su "voluntad firme" de "alcanzar una conformidad" porque "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". El magistrado sospechó que García Ortiz podía haber filtrado este correo a la prensa y ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registrara su despacho, pero llegaron demasiado tarde.
Tras analizar los móviles incautados al fiscal general, la UCO avisó en diciembre al juez de que habían hallado "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea" en el periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo, los días más sensibles de la supuesta filtración. En un posterior informe, informaron además al magistrado de que había llevado a cabo "un cambio de terminal telefónico" una semana después de que el alto tribunal se hiciera cargo de la investigación. El juez ha ordenado a la UCO que intente recuperar estos mensajes, pero, a falta de ver si lo consiguen, el análisis de los móviles de otras dos personas han resultado cruciales.
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La primera de ellas es la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que también consta como imputada. "Hola, jefe. A tu disposición", le escribió a García Ortiz en uno de sus primeros mensajes. Tras analizar el resto de sus conversaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha acreditado que le envió el correo clave de la defensa de González Amador a las 22:01 del 13 de marzo y que, a las 23:51, comenzaron a publicarse entrecomillados del mismo en prensa.
La segunda persona es el ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que ha entregado al Supremo los mensajes que recibió a primera hora del día siguiente, cuando Pilar Sánchez Acera, mano derecha del entonces director de Gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro para la Transformación Digital, Óscar López, le envió ese mismo correo electrónico para que lo utilizara contra Díaz Ayuso. "Sácasela en la pregunta. Un quién miente señora Ayuso, usted o su novio? [sic]", le indicó Sánchez Acera.
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Esta última línea de investigación provocará que el interrogatorio de este miércoles a García Ortiz no solo vaya a abordar el borrado de mensajes de su móvil o las posibles filtraciones a prensa, sino también al Gobierno. "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo", advirtió el magistrado al citarle como imputado. "Llegado a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato Gandarias (...) con una clara finalidad política".
Otras dos decisiones clave
Antes de que García Ortiz se enfrente a este paseíllo, la Sala de lo Contencioso del Supremo se pronunciará sobre la demanda que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) interpuso contra el real decreto que el Gobierno dictó en diciembre de 2023 para renovarle como fiscal general. La asociación recurrió esa decisión después de que el Supremo tumbara el mencionado ascenso de Delgado, que es la sentencia que el Constitucional también comenzará a debatir este martes.
La política de nombramientos del fiscal general provocará así dos debates paralelos. Por un lado, la APIF argumenta en el Supremo que el Ejecutivo incurrió en "una manifiesta arbitrariedad" al pasar por alto esa sentencia y renovó a García Ortiz "pese a estar incurso en la causa legal de cese" que prevé el Estatuto del Ministerio Fiscal: "El incumplimiento grave o reiterado de sus funciones". Por otro, Delgado alega ante el Constitucional que la sentencia sobre la desviación de poder "no se sostiene".
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En el caso del Constitucional, el pleno solo debatirá por ahora si admite a trámite el recurso, y la ponente a la que se ha asignado el caso, la magistrada conservadora Concepción Espejel, se opone a admitirlo al considerar que "no hay especial trascendencia". El Supremo, por el contrario, sí entrará en el fondo y decidirá ya si anula o no el nombramiento de García Ortiz como fiscal general, una cuestión que él ha tratado de evitar por todas las vías posibles durante los últimos meses.
Su primera maniobra consistió en intentar apartar a cuatro de los cinco magistrados de los que depende su resolución, pero el alto tribunal rechazó su solicitud en mayo y lo tachó de mero "artificio procesal". Desde entonces, cada vez son más los fiscales que piden su dimisión y la propia APIF se ha personado ahora como acusación en la causa que se sigue contra él por revelación de secretos. Pese a ello, García Ortiz resiste y no piensa dar un paso atrás. Según asegura, mantenerse como fiscal general "es lo menos gravoso y más prudente para la institución". "En puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española", afirma.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta esta semana a un viacrucis judicial. La primera fecha marcada en rojo es la del próximo martes, cuando el Tribunal Supremo se pronunciará sobre una demanda que pide anular su nombramiento como fiscal general y, al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional comenzará a debatir sobre la sentencia que le acusó de "desviación de poder" al ascender a su predecesora, Dolores Delgado. Estos dos asaltos servirán de calentamiento para la traca final del miércoles, en la que será interrogado por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.