El fiscal que investigaba al novio de Ayuso dijo a su jefa que el caso acabaría con un acuerdo
En aquel momento, la defensa de Alberto González Amador ya había ofrecido a la Fiscalía el pago de 525.000 euros y aceptar ocho meses de cárcel para poner fin a la investigación
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El fiscal que denunció al novio de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal aseguró a su jefa, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que "este asunto acabará siendo una conformidad". La conversación se produjo el 12 de marzo de 2024, según declaró Lastra ante el Tribunal Supremo. "Además, conozco al señor Neira [el abogado de González Amador], hemos hecho muchas conformidades y esto, bueno, pues nos han ofrecido la conformidad en estos términos y seguramente este asunto…”, sostiene que le dijo el fiscal Julián Salto durante aquel encuentro. Diez meses después, el posible acuerdo entre la Fiscalía y el novio de Díaz Ayuso parece más lejos que nunca.
En el momento en el que se produjo esta conversación, Salto ya tenía sobre la mesa una propuesta de acuerdo que le había hecho llegar la defensa de González Amador. En concreto, el 2 de febrero, cuando le comunicaron su "voluntad firme" de "alcanzar una conformidad" porque "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". González Amador se ofrecía a pagar 525.000 euros y aceptar ocho meses de cárcel, lo que le hubiese librado de ingresar en prisión.
Salto veía con buenos ojos este posible acuerdo y así se lo transmitió a Lastra, pero antes debía resolverse un escollo: el hecho de que González Amador no fuese el único denunciado. El 12 de marzo, el propio fiscal envió un correo al abogado del empresario para hacerle saber que esta cuestión en principio no tenía por qué ser un problema: "Aunque se ha denunciado también [a] otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible". Un día después, tanto este último correo como el del 2 de febrero comenzaron a publicarse en prensa y, con esas filtraciones, el posible acuerdo saltó por los aires.
El Tribunal Supremo está investigando ahora si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, participó en estas filtraciones. De hecho, Saltó también fue imputado por revelación de secretos en un primer momento, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó que no había ningún indicio contra él. Esta investigación paralela obligó a Salto a dar un paso atrás en la causa que él mismo dirigía contra González Amador, siendo entonces sustituido por un fiscal que ya no parece tan proclive al pacto. Al menos, esa es la idea que se desprende de uno de los escritos que presentó este enero, en el que apoya ampliar la causa a un delito de corrupción en los negocios.
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Como ya informó El Confidencial, la Fiscalía en principio se oponía a ampliar la investigación a los nuevos delitos que señalaban las acusaciones populares que ejercen Más Madrid y el PSOE. "El objeto del presente proceso es cómo tributó González Amador", advirtió el fiscal Diego Lucas en un escrito de julio. "El fiscal se opone a que se acuerde la práctica de las diligencias interesadas por la acusación popular porque son innecesarias para acreditar los hechos y delitos objetos del proceso".
Pese a ello, la jueza terminó por atender en parte los argumentos de las acusaciones populares y abrió una pieza separada para investigar los posibles delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. La defensa de González Amador recurrió esta decisión, pero la Fiscalía se opuso a su solicitud de archivo y consideró que el de corrupción en los negocios sí debe investigarse. “La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor", advirtió el fiscal en un escrito del pasado 8 de enero.
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Este cambio de criterio complica la posibilidad de recuperar "la conformidad" a la que Salto apuntaba hace ya casi un año, pues la misma se basaba en el reconocimiento de dos delitos de fraude fiscal, pero no de corrupción en los negocios. Además, las dos acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid ya han dejado claro que no tienen intención alguna de que el caso se cierre en el corto plazo.
La Fiscalía también solicitó este enero que se tome declaración a González Amador tanto por la pieza principal, que se centra en el presunto fraude fiscal, como por la pieza separada, que aborda el de corrupción en los negocios. El Ministerio Público apunta para ello a que la ley impone un plazo de un año de instrucción y que este vencerá el próximo marzo. Aunque es prorrogable, consideran que no tiene sentido alargado sin antes tomar declaración al empresario, y la jueza ha atendido su razonamiento: el próximo 7 de febrero, un año y cinco días después de que hicieran llegar su propuesta de conformidad a Salto, González Amador está citado a declarar como imputado.
El fiscal que denunció al novio de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal aseguró a su jefa, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que "este asunto acabará siendo una conformidad". La conversación se produjo el 12 de marzo de 2024, según declaró Lastra ante el Tribunal Supremo. "Además, conozco al señor Neira [el abogado de González Amador], hemos hecho muchas conformidades y esto, bueno, pues nos han ofrecido la conformidad en estos términos y seguramente este asunto…”, sostiene que le dijo el fiscal Julián Salto durante aquel encuentro. Diez meses después, el posible acuerdo entre la Fiscalía y el novio de Díaz Ayuso parece más lejos que nunca.