Junts exige a Moncloa que deje la "demagogia" y apruebe ya un decreto 'limpio' de pensiones
El Gobierno quiere que Feijóo y Puigdemont se 'quemen' antes de aclarar cómo recuperarán las medidas. Turull se sacude la presión del PSOE y exige aprobar los decretos de ayudas "por separado" cuanto antes
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El Gobierno se da otra vez de bruces con la realidad. No es que la legislatura fuera difícil, es que la dependencia de Junts la ha convertido en imposible. En solo un año, la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez se ha desintegrado. El Ejecutivo no pudo convalidar este miércoles en el Congreso un importantísimo real decreto ley, que incluía la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público, entre otras medidas sociales.
La crisis abierta con Carles Puigdemont ha desembocado en otra bochornosa derrota en la Cámara. El PP, que barajó abstenerse y permitir así su aprobación, optó finalmente por dar una nueva bofetada al Ejecutivo y también votó en contra. El alcance de las medidas que han decaído dejan al Gobierno en una situación muy precaria, ante la evidencia de que no dispone de apoyos suficientes. Pero todo continuará igual.
La Moncloa se escuda en que están tan acostumbrados al castigo, que no cambia nada. La situación, explican, no es muy distinta a la de hace unos días. "Se puede vivir como vivíamos anteayer". A nadie en el Ejecutivo le pasa por la cabeza que, tras este fracaso, igual hay que convocar elecciones. Argumentan que la vida parlamentaria no sería muy distinta si gobernara Alberto Núñez Feijóo, que estaría sujeto "a Vox, Junts o incluso Alvise". Porque, sostienen, "la fragmentación afecta igual a la izquierda que a la derecha".
Sin elecciones a la vista, el objetivo a corto plazo es responsabilizar al PP y a Junts de que no entre en vigor la revalorización del 2,8% de las pensiones y la gratuidad del Cercanías. Que cale en la opinión pública que estas dos formaciones rechazaron estas medidas en el Congreso. Con especial énfasis en los populares.
La estrategia fue evidente después de la votación. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les señaló abiertamente: "Que lo expliquen". El titular de Transportes, Óscar Puente, más expresivo, ironizó con el "gesto patriótico" del PP y recordó a Junts que "las pensiones las reciben también los catalanes".
El Ejecutivo de coalición ya estudia cómo reparar los efectos del rechazo del Congreso al real decreto ley, conocido como ómnibus porque incluía otros asuntos como la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional o ayudas a los afectados a la DANA. Mientras, de manera paralela, ha lanzado una campaña para culpar a PP y Junts y transmitir con ejemplos concretos las consecuencias de su voto.
Los de Puigdemont insisten en negociar por separado las medidas para evitar los "engaños" del Gobierno
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha exigido este jueves Moncloa que abandone "la demagogia barata" y apruebe cuanto antes un decreto 'limpio' de pensiones, y ayudas al transporte o a los afectados por las riadas. Si no lo hacen, su grupo registrará su propia proposición de ley, tal y como hizo ayer el PP. "Así no se puede seguir, acumulando incumplimientos y engaños", ha avisado en una entrevista en TV3 en la que ha insistido en que su formación no va "de farol". "Estaban avisados", ha recalcado, asegurando que Puigdemont exigió a Santos Cerdán en su reunión del lunes en Bruselas la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinaria para aprobar las medidas sociales "por separado".
Los de Puigdemont se sacuden así la presión del Gobierno. E insisten en negociar por separado las medidas para evitar precisamente los "engaños" del PSOE, algo de lo que se quejan todos los grupos parlamentarios. Moncloa suele acumular materias y compromisos muy distintos en un mismo texto legislativo, obligando así a que su precaria mayoría de investidura vote siempre junta. Los socios suelen quejarse del "chantaje" al que se ven sometidos en muchas votaciones.
Turull reta a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza; si no la supera, debe "dimitir" y convocar elecciones
Turull ha citado uno de los obstáculos para aprobar el decreto ómnibus: la extensión de la prohibición de los desahucios cuando se trata de "okupación delincuencial", también llamada "inquiokupación". Esta medida fue comprometida por Moncloa con Podemos para que apoyara la llamada "ley Bolaños" de modernización de la Administración de la Justicia. El PNV también avisó que no daría sus votos al decreto si esta cuestión de la vivienda tenía reflejo, pero finalmente se incluyó el traspaso de titularidad del palacete de la Avenida Marceau de París, histórica sede del Gobierno vasco requisada por los nazis y entregada a Franco. Y Moncloa se aseguró su apoyo.
El dirigente independentista ha vuelto a desafiar a Sánchez al insistir en que debe someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento. La Mesa del Congreso, contraria a tramitar la proposición de Junts sobre esta cuestión, pospuso su decisión para dar una salida al diálogo con Puigdemont, cada vez más débil. Turull ha insistido esta mañana en que, visto lo visto ayer, Sánchez debe preguntar a la Cámara si sigue gozando de su apoyo; si no lo supera, cree que debe "dimitir" y convocar elecciones cuanto antes.
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Si el Gobierno quisiera, podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario y aprobar un nuevo real decreto ley solo con el incremento de las pensiones y las ayudas al transporte. Populares y posconvergentes han anunciado que lo avalarían si no se incluye nada más. Por ahora el Ejecutivo deja en el aire este paso. No hay confirmación de cuándo sucederá. Podría ser en la reunión del próximo martes o dentro de tres semanas. Solo avanzan que "harán todo lo posible para que las medidas se mantengan".
La Moncloa cree haber encontrado un hueco para desgastar a Alberto Núñez Feijóo entre los pensionistas, que son una de las grandes fortalezas electorales del PP y del PSOE. En enero cobrarán con la revalorización prevista, pero en febrero, según el Gobierno, no está garantizada. Lo mismo sucede con la gratuidad del Cercanías. Los bonos ya adquiridos se pueden utilizar, pero si hoy se compra un billete o un abono nuevo, el precio será el de antes de las ayudas. El metro podrá mantener su precio siempre que las comunidades autónomas asuman el 30% que subvencionaba el Ejecutivo.
En el Gobierno argumentan que era un decretazo sin trampas, que no había medidas inaceptables ni para PP ni para Junts. Incluso se había acordado antes con los de Carles Puigdemont, para tratar de mantener prieta la mayoría parlamentaria. "Otra cosa es que se bajen del barco por circunstancias sobrevenidas", aseguran, en referencia al deterioro de los lazos con los posconvergentes.
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Pensar en lo que sucedió hace un par de meses es un ejercicio de nostalgia. La relación con Junts está hecha trizas. Por más que les trasladan que el bloqueo que imponen siega el avance de la legislatura, no se sienten concernidos en la gobernabilidad, según fuentes del Ejecutivo.
Por eso la atención se distrae hacia el PP. En la Moncloa aseguran que pensaban que se abstendrían. "Tenían un relato ganador como los salvadores del aumento de las pensiones". "Era compatible cargar contra la inestabilidad del Ejecutivo y a la vez permitir que se aprobara". Entre los populares la tesis es la contraria: "Nada evidencia más la debilidad de Sánchez que perder votaciones". Es mucho más rentable, indican, que cualquier discurso.
La legislatura embarranca, pero la decisión de Sánchez, que ha vivido este episodio desde el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) es continuar, aunque sea a empujones. Con los presupuestos, el Gobierno no puede ni soñar. La única esperanza de estabilidad es conseguir una reconciliación con Puigdemont y pagar de nuevo su precio. Que el presidente se implique en el reconocimiento del catalán en la UE, que lo rehabilite políticamente con una reunión en Waterloo (Bruselas) y que el Gobierno ceda el control de las fronteras y los expedientes de expulsión de inmigrantes a la Generalitat.
El hartazgo de la Moncloa con Junts es sideral, pero Sánchez tiene muy difícil ir a unas nuevas elecciones con Sumar derruido en su margen izquierda y Podemos en su propia lista.
El Gobierno se da otra vez de bruces con la realidad. No es que la legislatura fuera difícil, es que la dependencia de Junts la ha convertido en imposible. En solo un año, la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez se ha desintegrado. El Ejecutivo no pudo convalidar este miércoles en el Congreso un importantísimo real decreto ley, que incluía la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público, entre otras medidas sociales.