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El Gobierno sopesó incluir en la reforma judicial el control de la sala del Supremo que juzgaría al fiscal general
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El Gobierno sopesó incluir en la reforma judicial el control de la sala del Supremo que juzgaría al fiscal general

El borrador del anteproyecto establecía que aquellos magistrados que van a jubilarse en los próximos cinco años ya no podrían aspirar a presidir una de las salas del alto tribunal

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press/Eduardo Parra)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press/Eduardo Parra)
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El Gobierno se planteó aprovechar la reforma judicial que anunció este martes para que la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quedara en manos de la magistrada que se considera más cercana al PSOE: Ana Ferrer. Tras finalizar la presidencia de Manuel Marchena, tanto ella como su compañero Andrés Martínez Arrieta se han presentado como candidatos, pero, en un borrador de esta reforma, el Gobierno cambiaba las reglas de juego y establecía que "no podrán ser nombrados aquellos magistrados que, por el tiempo que les falte para la jubilación, no puedan cumplir completo el mandato de cinco años". En el caso de Arrieta, su jubilación está prevista para dentro de dos años.

El Gobierno sopesó introducir este cambio en plenas investigaciones del Supremo contra el exministro José Luis Abalos y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Si ambas causas terminan por llegar a juicio, los magistrados que componen la Sala de lo Penal serían los encargados de enjuiciarles. Este mismo escenario se repetiría ante la apertura de nuevos procedimientos penales contra otros aforados, entre los que se incluye tanto a los miembros del Gobierno como a diputados y senadores. Finalmente, el anteproyecto de ley que han presentado no incluye esta modificación.

Los efectos de la reforma se hubiesen extendido además a la sucesión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que se encarga de revisar los recursos contra las decisiones del Consejo de Ministros. Los candidatos que aspiran a hacerse con la presidencia de esta sala son la magistrada Pilar Teso, a la que también se considera cercana al Gobierno, y Pablo Lucas, que contaría con el apoyo de los conservadores. Al igual que Ferrer, ambos figuraban entre los favoritos para presidir el CGPJ el pasado verano, pero, con el cambio del Ejecutivo, Lucas hubiese quedado fuera de esta nueva carrera porque su jubilación también está prevista para dentro de dos años.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene además sobre la mesa otro caso que afecta al fiscal general del Estado. En concreto, un recurso que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales interpuso contra su nombramiento y que amenaza la continuidad de García Ortiz en el cargo.

Foto: Begoña Gómez junto a Pedro Sánchez (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

El borrador inicial del anteproyecto de ley del Gobierno se alargaba 50 páginas e incluía esta modificación en la 42, donde acordaba reformar el artículo 342 de la ley orgánica del Poder Judicial. "Los presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombrarán, por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados de dicho tribunal que cuenten con tres años de servicios en la categoría", establece a día de hoy el mismo. Sin embargo, el Gobierno se planteó añadir la mencionada coletilla de que "no podrán ser nombrados" aquellos que por su jubilación "no puedan cumplir completo el mandato de cinco años".

En la "exposición de motivos" de este borrador que incluía el anteproyecto, el Gobierno también dejaba caer el cambio, pero de forma sutil. "La ley contiene algunas otras reformas menores", apuntaba en un primer momento. "No podrán presentarse a estas plazas personas que por su edad no puedan completar su mandato antes de llegar a la edad de jubilación", añadía a continuación.

Pleno previsto en el CGPJ para enero

Ferrer, Teso, Lucas y Arrieta comparecieron el pasado noviembre ante el Consejo General de Poder Judicial para defender sus candidaturas. Las dos magistradas incidieron en sus proyectos a largo plazo por contraposición a la cercana jubilación de sus rivales, que reivindicaron el actual sistema y su experiencia.

Foto: El presidente de la Sala Segunda de lo Penal del TS, Manuel Marchena. (EFE)

Durante su presentación, Ferrer apuntó incluso a que "en breve" se jubilarán hasta cinco magistrados de la Sala de lo Penal, pero no mencionó de forma directa a Arrieta. Según defendió la magistrada, la renovación de las instituciones es "positiva" porque "supone la incorporación de nuevas miradas" y un incentivo ante las oportunidades de promoción, aunque también señaló como contrapartida la pérdida de magistrados "referentes". Teso defendió por su parte que el plazo legal de cinco años para este cargo tiene como objetivo "dar estabilidad en la presidencia", lo que, de forma indirecta, también implicaba distanciarse de Lucas por su jubilación en julio de 2026.

La reforma que se planteó el Gobierno hubiese implicado ir un paso más allá y establecer por ley que ni Lucas ni Arrieta podrían presentarse como candidatos. La principal duda se centraba en si los socios del Ejecutivo aceptarían esta modificación o si la misma llegaría a tiempo. Según apuntan las fuentes consultadas, el CGPJ tiene previsto comenzar a debatir las candidaturas a finales de enero, pero lograr la mayoría no será sencillo: para sacarlas adelante, necesitan 13 votos, y tanto conservadores como progresistas cuentan en principio con 10. El texto aprobado no incluye ese límite, aunque ahora inicia una tramitación parlamentaria en la que podrá sufrir cambios.

NOTA DE REDACCIÓN

A primera hora de la mañana, esta noticia daba por hecho que la reforma del Gobierno incluía este cambio. Tras acceder al anteproyecto de ley definitivo y no a su borrador, se ha corregido la información.

El Gobierno se planteó aprovechar la reforma judicial que anunció este martes para que la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quedara en manos de la magistrada que se considera más cercana al PSOE: Ana Ferrer. Tras finalizar la presidencia de Manuel Marchena, tanto ella como su compañero Andrés Martínez Arrieta se han presentado como candidatos, pero, en un borrador de esta reforma, el Gobierno cambiaba las reglas de juego y establecía que "no podrán ser nombrados aquellos magistrados que, por el tiempo que les falte para la jubilación, no puedan cumplir completo el mandato de cinco años". En el caso de Arrieta, su jubilación está prevista para dentro de dos años.

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