El Gobierno, sin garantías de aprobar el decreto anticrisis: PP y Junts juegan con su ansiedad

Nada es más impredecible ahora en la política española que una votación. La justísima e inestable mayoría parlamentaria del Gobierno de coalición provoca que sufra hasta el último instante, cuando el panel del Congreso revela por fin la posición de cada grupo. Para la Moncloa mañana puede ser otra de esas jornadas a ciegas, la primera después de que Carles Puigdemont haya suspendido la interlocución con el PSOE, a la espera de una reunión cumbre en Suiza.

Este miércoles, el Ejecutivo tiene que convalidar tres reales decretos leyes. Uno, sobre un nuevo impuesto a las energéticas, ya nació condenado al fracaso y la Cámara lo tumbará. El Gobierno lo tiene asumido, sabía que no dispone de los votos de PNV y de Junts pero se habían comprometido con Podemos, ERC y Bildu a intentarlo. El segundo, sobre la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, está garantizado porque cuenta con el apoyo del PP, alineado con la posición de la patronal.

El tercero, conocido como decreto ómnibus porque es un compendio de medidas anticrisis y otros asuntos, es un enigma. El Gobierno desconoce la postura de Junts, según confirman fuentes parlamentarias. Y tampoco sabe si le salva el colchón del PP, que guardará bajo siete llaves el sentido de su voto hasta el pleno. Fuentes de ambas formaciones confirman a El Confidencial que no piensan decir nada para excitar los nervios de la Moncloa. "Nos gusta jugar con la ansiedad del Gobierno", subrayan desde Génova.

Precisamente, porque el Ejecutivo y el PSOE han perdido antes votaciones de forma inesperada, es habitual que los de Feijóo no desvelen lo que harán hasta el último momento. Una actitud que, por razones distintas, también tienen los posconvergentes. Los de Junts, de cuyo respaldo depende la Moncloa en casi todas las votaciones, negocian siempre una contrapartida. Y llevan la presión al límite, hasta que el Gobierno transige.

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A esta perversa dinámica se ha añadido la ruptura de relaciones impuesta por Puigdemont, que sólo accede a sentarse para desencallar la situación en Suiza o para avanzar en algunas de las cuestiones pendientes, el traspaso integral de la competencia de inmigración o reconocimiento del catalán en la UE. Para el resto de asuntos, ya avisó el viernes en su comparecencia en Bruselas, que "no nos busquen".

El decreto ómnibus tiene un alcance político mayúsculo, ya que abarca temas tan relevantes como la revalorización del 2,8% con carácter general de las pensiones en 2025, la autorización a la Comunidad Valenciana para aumentar su financiación ante la DANA, la continuidad de la gratuidad del Cercanías y los descuentos del metro, medidas del llamado escudo social, el ingreso mínimo vital y la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

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En esta ocasión los nervios también se expanden al PNV. El decreto incluye la concesión a los nacionalistas de la propiedad del edificio situado en el número 11 de la Avenida Marceau de París, actual sede del Instituto Cervantes, y que fue entregada por la Francia ocupada a Franco. Moncloa ha autorizado ahora el traspaso del palacete, que había sido sede del Gobierno vasco en el exilio, en virtud de la nueva ley de Memoria Democrática. La decisión, muy criticada por el PP, está amparada por un informe del Gobierno que reconoce al PNV como legítimo propietario, pues fue adquirido por testaferros militantes del partido. Pero sus expectativas pueden truncarse por el 'no' de Puigdemont.

Fuentes socialistas reconocen que carecen de información de que lo que piensa hacer Junts aunque apuntan la dificultad de que "algún grupo vote en contra de todas estas ayudas sociales". "Esto no va de Puigdemont, esto va de las cosas del comer", subrayan. Pese a esa lógica, dan por hecho que "no sabrán nada de Junts hasta mañana porque siempre funcionan igual".

En el Gobierno, en cambio, defienden que la comunicación con los posconvergentes no se ha roto y que siguen "negociando y hablando siempre", no específicamente de esto sino de todos los temas abiertos. Incluso se muestran optimistas en poder alcanzar pronto un pacto sobre la cesión de la gestión de la inmigración. Puigdemont reclama que sólo los mossos tengan presencia en las fronteras, en sustitución de la Policía y la Guardia Civil, y poder hacer propuestas de expulsión o autorizar estancias largas. Desde el Ejecutivo se insiste en que "no todas las facultades son delegables", en referencia al control de fronteras porque lo impide la Constitución y la Unión Europea. Pero, aún así, ven factible el acuerdo con Junts: "Está maduro".