El Gobierno reforma el acceso a la carrera judicial para intentar diluir el sesgo conservador
Justicia quiere que los graduados de "rentas medias y bajas" también puedan opositar. Se elimina la financiación privada de las asociaciones profesionales para reforzar la "apariencia de imparcialidad"
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El Gobierno se arremanga para cambiar la orientación del mundo judicial y que no sea tan preeminentemente de derechas. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reforma el acceso a la carrera de jueces y fiscales y prohíbe la financiación privada de asociaciones. El Ejecutivo quiere garantizar que cualquier estudiante de Derecho de una familia "de rentas bajas o medias" pueda dedicar cuatro años de su vida para preparar las oposiciones, explicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Para ello se implementa un sistema de becas, con la cuantía de Salario Mínimo Interprofesional, y se convierte el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones, con delegaciones en todas las provincias. Además, se modifican el tipo de exámenes con la sustitución de la prueba oral, memorística, por una escrita con un caso práctico. Y se favorece la llegada a jueces o fiscales del llamado cuarto turno, reservado a juristas de reconocida competencia.
Por primera vez podrán acceder al Ministerio Fiscal y se ampliará el número de plazas en cada convocatoria para que sean uno de cada cuatro nuevos togados. Esta oposición también sufrirá cambios. Ahora el ejercicio de redacción de un dictamen se realizará en primer lugar y, una vez superado, se valorarán los méritos profesionales. A partir de ahora, todas las pruebas escritas serán anónimas, para esquivar así el peso de los apellidos en el momento de corregir.
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Con estas medidas, el Ejecutivo trata de diluir el sesgo conservador de jueces y fiscales, una profesión que se vincula con personas adineradas, que pueden mantenerles durante el prolongado tiempo que cuesta preparar la oposición y con tradición familiar en este campo. Lo hace con una lluvia fina, sin la garantía de obtener un rédito a corto plazo pero con la intención de que haya más jueces y fiscales progresistas en el futuro.
El Ejecutivo, y particularmente el presidente, libra una batalla abierta contra algunos magistrados, por las investigaciones judiciales a su mujer y a su hermano. Como parte de esta dinámica de confrontación se ha planteado una proposición de ley para limitar la figura de las acusaciones particulares.
Este cambio en la ley del Poder Judicial, aún en mantillas hasta que el Consejo de Ministros lo apruebe en segunda vuelta y sea remitido al Congreso, recoge también la desaparición de las subvenciones privadas a las asociaciones judiciales. Bolaños aseguró que se les presupone la imparcialidad, pero que además es necesaria la "apariencia de imparcialidad". Una vez que entre en vigor, no antes de un año, se decidiría el sistema de reparto de ayudas públicas que complementarán las cuotas que pagan los afiliados.
La reforma establecerá también un sistema de ascenso automático de los jueces "por antigüedad" y modificará el modo de elección de las Salas de Gobierno de los principales tribunales. Se hará con candidaturas individuales y un solo voto por elector.
El Gobierno se arremanga para cambiar la orientación del mundo judicial y que no sea tan preeminentemente de derechas. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reforma el acceso a la carrera de jueces y fiscales y prohíbe la financiación privada de asociaciones. El Ejecutivo quiere garantizar que cualquier estudiante de Derecho de una familia "de rentas bajas o medias" pueda dedicar cuatro años de su vida para preparar las oposiciones, explicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños.