La Policía y la Guardia Civil han expulsado a 47 agentes por narcotráfico en los últimos diez años
Desde 2014, la Policía Nacional ha apartado del servicio a 20 funcionarios y el Instituto Armado ha hecho lo propio con 27 miembros tras contar con condenas firmes
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Feff%2F03e%2Fa60%2Feff03ea6038d1afed5f28f64b081a35d.jpg)
Casi medio centenar de funcionarios policiales han sido expulsados del servicio en la última década por su relación con el tráfico drogas, según datos del Ministerio del Interior. Son un total de 47 casos. La Policía Nacional ha apartado del servicio a 20 agentes, mientras que la Guardia Civil ha hecho lo propio con otros 27 desde 2014.
La cifra afecta a aquellos que han sido suspendidos administrativamente de sus funciones de manera definitiva tras haber sido condenados penalmente en procedimientos judiciales por su relación con redes de tráfico de drogas. Cuando un agente es investigado judicialmente, la sanción disciplinaria queda en suspenso a la espera de la decisión que adopten los tribunales.
La información a la que ha tenido acceso El Confidencial forma parte de una respuesta cursada a través del Portal de Transparencia al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. En estos datos no se incluyen todavía los casos conocidos en los últimos años sobre mandos policiales implicados en investigaciones contra el narcotráfico, todavía en fase de investigación o a la espera de juicio.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, encargada de investigar a los miembros del Cuerpo cuando hay indicios de delito, arrestó en noviembre al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Madrid por su presunta implicación en una organización dedicada al tráfico de drogas.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fdb4%2F9c3%2F29e%2Fdb49c329ee8ce07a0f784bb1e6e3ca22.jpg)
Este caso fue especialmente mediático por su cargo y porque le encontraron millones de euros en billetes emparedados en su domicilio. Se busca una segunda residencia en la que se sospecha que escondía más dinero de la organización con la que colaboraba. Fuentes policiales dedicadas al combate de esta lacra advierten que las mafias buscan "tener acceso al policía, a amigos comunes, saber el bar al que acude, el gimnasio".
Esta es una de las razones por las que en ocasiones se da más en ámbitos locales que en los servicios centrales de ambos cuerpos. Los datos facilitados por Interior y la hemeroteca acreditan que, si bien minoritariamente, es una dinámica que se repite en las fuerzas y cuerpos de seguridad.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F3aa%2F00c%2F44e%2F3aa00c44ed5541f529150b265180b112.jpg)
La Audiencia Provincial de Almería celebró el pasado abril un juicio contra diez acusados de conformar un grupo criminal destinado a introducir mediante sus propios barcos grandes cantidades de hachís. Fueron hasta cerca de 1.250 kilos en solo dos operaciones, a través de los puertos de Roquetas de Mar (Almería).
Entre los diez acusados en el banquillo había un guardia civil. El agente estaba acusado por revelación de secretos y cohecho, ya que habría brindado a la organización información útil para desvelar los movimientos de los investigadores y facilitar los portes de droga a cambio de pagos en especie.
También el año pasado, Asuntos Internos de la Policía Nacional acusó al enlace de la Policía Nacional en la embajada española en Colombia de integrar una trama que se enriqueció con envíos de droga a España a través del Atlántico. Según los informes policiales que desveló este periódico, el mando daba instrucciones a un intermediario español que ejercía de nexo con las bandas de narcotraficantes y viajaba a América para cargar la mercancía. Las escuchas del caso recogen órdenes directas del inspector jefe al que llamaban 'Big Boss' ('Gran Jefe'). Estos hechos siguen bajo investigación.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F965%2Fedd%2Ff66%2F965eddf66fd2f69492d13924f39b9c41.jpg)
Una de las operaciones que más llamó la atención en este ámbito fue la que dio con el arresto en 2022 del teniente coronel de la Guardia Civil que había sido responsable del OCON Sur y uno de sus subordinados. OCON Sur era una estructura que creó Interior para luchar contra el narco en el Campo de Gibraltar y fue disuelto meses antes de estas detenciones. Ambos mandos han recurrido la decisión judicial de someterse a un juicio ante jurado en un juzgado de Madrid.
Los 20 agentes expulsados de la Policía se desglosan así en los últimos diez años: 5 (en 2014), 1 (2015), 1 (2016), 5 (2017), 3 (2018), 2 (2019), 1 (2020), 1 (2021), 0 (2022), 0 (2023), 4 (2023). Por su parte, los 27 miembros de la Guardia Civil se distribuyen así: 4 (en 2014), 2 (2015), 1 (2016), 4 (2017), 1 (2018), 5 (2019), 6 (2020), 4 (2021), 0 (2022), 0 (2023), 0 (2024).
Casi medio centenar de funcionarios policiales han sido expulsados del servicio en la última década por su relación con el tráfico drogas, según datos del Ministerio del Interior. Son un total de 47 casos. La Policía Nacional ha apartado del servicio a 20 agentes, mientras que la Guardia Civil ha hecho lo propio con otros 27 desde 2014.