El fiscal general pidió "asesoramiento" al jefe de Seguridad Informática de la Policía Nacional
La Fiscalía tramitó esta petición el pasado viernes, 72 horas después de que el juez ordenara a la Guardia Civil que recuperara los mensajes borrados del móvil de García Ortiz
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reclamó "asesoramiento" al jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática de la Policía Nacional después de que el magistrado del Tribunal Supremo que le mantiene imputado, Ángel Luis Hurtado, ordenara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes que borró de su teléfono móvil.
Según explican las fuentes consultadas, el primer acercamiento se produjo el pasado jueves —el mismo día que desde el entorno del fiscal general se pidió de manera extraoficial a Telefónica el tráfico de sus llamadas—, cuando una persona cercana a García Ortiz contactó a la Policía Nacional para transmitirles su interés en resolver una serie de dudas técnicas con esta unidad especializada en ciberdelincuencia. Un día después, la Fiscalía tramitó la petición a través de un funcionario del Ministerio de Justicia.
Esta "solicitud de asesoramiento" se dirigió de forma directa al jefe de la brigada, el comisario Juan Carlos Sancho. El Confidencial se ha puesto en contacto con la Policía Nacional para saber si el comisario se ha reunido con la Fiscalía y aclarar así los detalles del "asesoramiento", pero han declinado hacer declaraciones. Fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado tampoco han querido hacer ningún comentario al respecto.
El fiscal general está imputado por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. A lo largo de la investigación, ha acusado a la UCO de incurrir en "importantes irregularidades" en sus informes, lo que ha provocado que el magistrado salga en defensa de los guardias civiles para remarcar su "profesionalidad". La solicitud de "asesoramiento" apunta ahora a que García Ortiz habría recurrido en paralelo a la Policía Nacional.
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Según desveló El Debate y confirman las fuentes consultadas por este diario, el entorno del fiscal general también contactó el mismo jueves de la pasada semana con Telefónica de manera extraoficial para intentar recuperar el listado de llamadas de su teléfono personal. Esta maniobra se produjo después de que el magistrado se dirigiera a esta compañía y a Vodafone para pedirles el tráfico de llamadas de los números que están a su nombre durante los siete días en los que produjeron las supuestas filtraciones contra el novio de Díaz Ayuso.
Aunque cualquier cliente puede ver el histórico de sus llamadas salientes, no sucede lo mismo con las entrantes. Las citadas fuentes indican que personas cercanas a García Ortiz contactaron a cargos intermedios de la compañía para tener acceso a esa relación de comunicaciones. El Confidencial contactó a la Fiscalía la pasada semana para preguntarles por esta cuestión, pero también declinaron realizar comentarios.
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La UCO ya informó al juez en noviembre de que el análisis del móvil de García Ortiz había finalizado con el hallazgo de "0 mensajes" en el periodo investigado. En un posterior informe, alertó además al magistrado de que el fiscal general había llevado a cabo "un cambio de terminal telefónico" el 23 de octubre, apenas una semana después de que el Supremo abriera la investigación contra él.
A falta de conocer el tráfico de llamadas y de que la UCO intente recuperar los mensajes borrados, el juez ha citado a García Ortiz como imputado el próximo 29 de enero. En un duro auto, sospecha que pudo filtrar algunos de los correos que la defensa del novio de Díaz Ayuso había enviado a la Fiscalía. No solo a la prensa, sino también a "Presidencia del Gobierno" para que pudieran utilizarlo contra la presidenta madrileña.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tachó este martes esa línea de investigación de meras "elucubraciones" y denunció que "no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siguió la misma línea y criticó que los informes de la UCO están siendo "interpretados de forma diferente por determinadas instituciones y determinados colectivos".
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reclamó "asesoramiento" al jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática de la Policía Nacional después de que el magistrado del Tribunal Supremo que le mantiene imputado, Ángel Luis Hurtado, ordenara a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes que borró de su teléfono móvil.