Los jueces temen que el Gobierno escale la 'ley Begoña' hasta incluir multas por 'lawfare'
El Ejecutivo necesita a Junts y la sospecha generalizada en la carrera judicial es que jugará la baza de ofrecer un endurecimiento de medidas legislativas contra el poder judicial
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Muy pocas cosas sorprenden ya a los jueces desde que se iniciara la actual legislatura en 2023. Sin embargo, la proposición de ley bautizada por el PSOE como de garantía y protección de los derechos fundamentales "frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas" ha tenido la virtud de volver a provocar el pasmo generalizado en la carrera judicial al completo.
Como segunda virtud, ha logrado todo un hito: aunar a todas las asociaciones en la crítica, incluyendo a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Diferentes fuentes jurídicas consultadas aseguran que muchos en la carrera judicial temen una escalada en el texto durante el trámite parlamentario en el que el Gobierno necesita el apoyo de todos sus socios. El Ejecutivo tiene que seducir, entre otros, a Junts por lo que la sospecha generalizada es que el endurecimiento de medidas legislativas contra el poder judicial puede estar más cerca de lo que parece.
La propuesta de norma ha sido ya bautizada con retranca como la ley Begoña por la forma casi milimétrica en la que está diseñada para empujar un archivo del procedimiento en el que se la investiga por múltiples delitos. Pero los jueces no se la toman ni de lejos como un chiste, sino más bien con preocupación. En su redacción actual, la ley provoca que este Gobierno y cualquier otro en el futuro eluda cualquier instrucción judicial incómoda, dicen. Van a allá: presienten que el Ejecutivo tiene la opción de sacar a relucir el lawfare precisamente con el partido que ha hecho bandera del término y ofrecérselo a la formación de Puigdemont para empujar su apoyo.
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No descartan así que en la fase de enmiendas a lo largo del rumbo parlamentario de la ley aparezcan reflejadas medidas dirigidas a facilitar reclamaciones por responsabilidad a determinados magistrados. Vuelve así el fantasma que ya se apareció durante la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. Entonces, el acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts contemplaba la posibilidad de emprender "acciones de responsabilidad" si se acredita a través de comisiones parlamentarias que hubo casos de 'lawfare' ('guerra judicial') contra el independentismo catalán, acciones que podrían traducirse en acusaciones de prevaricación contra los jueces y magistrados de esos casos o reclamaciones económicas a la Administración de Justicia.
"La dictadura de las togas"
De momento, como ya ha publicado El Confidencial, a Junts no le gusta la reforma. Su primera reacción fue el reproche público de que se queda corta, ya que la proposición de ley "no soluciona el problema estructural" de la Justicia española. Mencionó "el lawfare y la politización de la Justicia". "Si los socialistas hubieran actuado antes, y no hubieran mirado a otro lado, la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente". Presentará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo.
Las asociaciones judiciales han salido en tromba contra el texto y avisan de que tendrá "graves consecuencias". "Supondría la pretendida restricción del ámbito subjetivo, objetivo y procesal de la acción popular, prevista en la Constitución como derecho de los ciudadanos, al tiempo que limita el papel constitucional del Poder Judicial", concluyen. En privado, admiten que, en la última etapa, se están normalizando hechos impensables hace no tanto y de que el escalón hasta llegar a la posibilidad de armar un sistema dirigido a atajar por la vía de la reclamación económica a jueces incómodos ya no es una quimera.
Este mismo martes, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, defendió que "no hay ninguna prueba concreta" contra Álvaro García Ortiz en el auto del magistrado Ángel Hurtado ni tampoco contra la Moncloa, a quien el Supremo acusa de llevar a cabo maniobras "con una clara finalidad política", después de recibir uno de los correos que la defensa de González Amador había enviado a la Fiscalía para tratar de cerrar el acuerdo. Según la ministra, lo plasmado por el juez en su escrito son "elucubraciones". "Las afirmaciones", dijo, "se tienen que basar sobre indicios". Una de esas cosas ya habituales es la crítica directa desde el poder ejecutivo al judicial.
Muy pocas cosas sorprenden ya a los jueces desde que se iniciara la actual legislatura en 2023. Sin embargo, la proposición de ley bautizada por el PSOE como de garantía y protección de los derechos fundamentales "frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas" ha tenido la virtud de volver a provocar el pasmo generalizado en la carrera judicial al completo.