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El TC da la razón al fiscal general y aparta a un magistrado conservador de la amnistía
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El TC da la razón al fiscal general y aparta a un magistrado conservador de la amnistía

La mayoría progresista aparta al miembro más reciente de la minoría conservadora en la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo

Foto: El magistrado Macías, en primer plano, en un pleno del Tribunal Constitucional. (Marta Fernández / Europa Press)
El magistrado Macías, en primer plano, en un pleno del Tribunal Constitucional. (Marta Fernández / Europa Press)
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El sector progresista del Tribunal Constitucional se ha unido este miércoles para estimar la recusación formulada por el Fiscal General del Estado en relación con el magistrado conservador José María Macías en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. El auto concluye que resulta inevitable calificar la participación del magistrado en la elaboración y aprobación de un informe sobre la norma que redactó el Consejo General del Poder Judicial en la etapa en la que era vocal.

La mayoría progresista del TC considera que tuvo "participación directa o indirecta en el asunto objeto del pleito y causa" y que, con ocasión de su cargo de vocal en el CGPJ pudo “tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”. Apunta que ambas son causas de recusación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La decisión se ha tomado en contra de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, miembros de la minoría conservadora.

Como ha venido publicando este diario, los equilibrios entre los sectores progresista y más cercano a la derecha se han convertido en la primera batalla levantada por el estudio de la constitucionalidad de la ley. Los números daban, en este momento, seis votos al sector más cercano al Gobierno y cinco al conservador. Cada una de las partes buscaba recortar los apoyos del bloque contrario. Sin embargo, las recusaciones de magistrados del sector más cercano a la izquierda, como Laura Díez -antiguo cargo de Moncloa- o el presidente Cándido Conde-Pumpido, se han rechazado. Con la decisión, la mayoría progresista se refuerza mientras la conservadora queda debilitada.

La intervención de García Ortiz

El fiscal general del Estado intervino en esta pelea y presentó un incidente de recusación contra el más nuevo de los magistrados del Constitucional, designado a propuesta del PP. También, Carles Puigdemont reclamó también que se apartara, al igual que la Abogacía del Estado. Álvaro García Ortiz alegaba en su escrito que existía una participación directa del magistrado en el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo sobre la ley de amnistía. El escrito no se basa así en las opiniones al respecto vertidas por Macías, sino en que en su anterior condición de vocal "tuvo participación directa en determinadas actuaciones oficiales que, por su contenido, comportan una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica valoración de la ley de amnistía cuya constitucionalidad ahora se somete a escrutinio del TC.

En esos textos del CGPJ se realizaban consideraciones como que la concesión de una amnistía, en el actual sistema constitucional, "constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes" o la ley de amnistía "supone una degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España" o que la norma confunde el interés de España con el interés del presidente del Gobierno.

El sector progresista del Tribunal Constitucional se ha unido este miércoles para estimar la recusación formulada por el Fiscal General del Estado en relación con el magistrado conservador José María Macías en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía. El auto concluye que resulta inevitable calificar la participación del magistrado en la elaboración y aprobación de un informe sobre la norma que redactó el Consejo General del Poder Judicial en la etapa en la que era vocal.

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