Descontrol con el vino Valdepeñas: el juez avisa a García-Page de que no se supervisa su calidad

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha tomado este miércoles dos decisiones relacionadas con la causa que instruía contra las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas Felix Solís y García Carrión, sus administradores y dos entidades certificadoras por la comercialización como crianza, reserva o gran reserva de vinos. Por una parte, ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por sospechas de que no cumplían los requisitos de elaboración en cuanto a periodo de envejecimiento y permanencia en barrica de roble o botella. Por otra ha lanzado la voz de alarma respecto al proceso supervisor. Ve un evidente "descontrol administrativo" en el proceso de producción y comercialización.

Según especifica el auto en el que da carpetazo penal al procedimiento, el magistrado ha acordado poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha "a los efectos administrativos oportunos". El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro considera que la falta de supervisión de los operadores del sector -productores y entidades de certificación- y de la Administración Pública "impide determinar con la certeza necesaria requerida en el proceso penal si se han comercializado vinos de calidad inferior a la catalogación indicada en la botella".

La causa se inició en abril de 2021 a raíz de una denuncia de la Fiscalía por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental contra cuatro bodegas de Valdepeñas y sus administradores, las ya mencionadas García Carrión y Félix Solís, además de bodegas Fernando Navarro y Fernando Castro. Para estas dos últimas mercantiles y sus administradores se decretó el sobreseimiento provisional en octubre de 2023. Ese mismo mes se acordó dirigir el procedimiento contra las entidades certificadoras Sohicert SA y Liec Agroalimentaria SL en calidad de cooperadoras necesarias.

La resolución considera que las diligencias de investigación, principalmente los informes de la unidad investigadora, la documentación de las distintas empresas distribuidoras de la mercancía en grandes superficies, la documentación administrativa y la aportada por los investigados, así como las declaraciones de investigados y testigos, dan una idea muy clara de la falta de atención directa sobre todo el proceso.

El lío es tal que no ha podido determina si, como se sospechaba, se han comercializado vinos de calidad inferior a la catalogación indicada en la botella. "Tal relajación, interesada o no, en la cadena de producción y supervisión por parte de todos los operadores implicados en el sector, incluida la propia Administración Pública, parece haber conducido a un sistema basado en un control meramente aparente o formal más que real, cuya sanción deberá operar, en su caso, en los ámbitos administrativo y/o civil, pues, como expresa el Ministerio Fiscal en su informe 'no podemos sostener una acusación seria en base a suposiciones, por muy firmes que estas' sean", dice.

El auto subraya que tras practicarse numerosas diligencias de investigación (copiosa documentación, declaraciones de investigados y testigos y periciales), "no puede concluirse que las irregularidades existentes en la actividad desplegada por todos y cada uno de estos operadores del sector vinícola constituyan delitos de publicidad engañosa y estafa".

Sin envejecimiento ni barrica

En cuanto al delito publicitario, el magistrado explica que falta uno de los elementos del tipo penal, como es que la conducta llevada a cabo por los investigados "pueda causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores", por lo que los hechos no serían susceptibles de integrar esta figura penal. Respecto al delito de estafa, señala que las diligencias de investigación no permiten apreciar la existencia del engaño bastante con la solidez suficiente en orden a proceder al encausamiento de los investigados.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía en 2021. En inicio, se trataba de investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro, así como sus administradores habién comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella.