Sánchez pone el foco en el malestar social por la vivienda y cree que le dará frutos en 2027
El aumento de los precios del alquiler y de compra se percibía en el partido como una de las principales amenazas para el Gobierno y que verdaderamente podía tener impacto electoral
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El Gobierno se encomienda a la resolución del problema de la vivienda como gran baza electoral. En medio de un sinfín de conflictos abiertos que desgastan a Pedro Sánchez, desde las investigaciones judiciales a su esposa y su hermano a la difícil convivencia con Junts, la Moncloa ha puesto el foco en una de las principales preocupaciones de los españoles.
Después de centrarse en la legislatura anterior en la regulación del mercado, sin que esta política diera los éxitos esperados, el Ejecutivo apuesta ahora por asumir la construcción de vivienda pública y por favorecer la bajada del precio del alquiler con hasta la exención del 100% del IRPF a los caseros. Un cambio de modelo que el presidente del Gobierno asume sin contar con nadie, ni Sumar, su socio de coalición, ni sus socios parlamentarios.
La batería de medidas anunciadas este lunes se irán aprobando poco a poco. Pero el Ejecutivo está convencido de que en estos dos años y medio, hasta que se celebren las elecciones generales de 2027, "dará a tiempo" a que se noten los efectos. Además, en 2026 entrará en vigor un nuevo Plan Estatal de Vivienda que "aumentará los programas de ayuda y prestará una especial atención a mayores, jóvenes, personas con discapacidad y quienes residen en zonas degradadas".
Aunque Sánchez gobierna desde 2018 hasta ahora no habían abordado de manera tan global las dificultades de muchos españoles para comprar o arrendar una vivienda. Ayer el presidente habló de "emergencia habitacional" y pronosticó que si no se actúa, la sociedad acabará dividida en dos clases de ciudadanos: "propietarios ricos e inquilinos pobres".
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En el PSOE son muchos los que situaban la subida de los alquileres y la imposibilidad, sobre todo de los jóvenes, de comprar o arrendar una casa, como la principal amenaza electoral para el Ejecutivo. Mucho más que los tratos con Carles Puigdemont o las cuestiones judiciales que afectan al Gobierno.
Dirigentes socialistas advertían incluso de un malestar social pre 15-M, que si se organizaba en torno a una nueva formación política podía tener un notable éxito en el Congreso. "Es importante que el presidente haya decidido ir a por ello", señalan.
Fuentes del PSOE sostienen que es evidente que "el mercado de la vivienda no funciona" y "hay que ser valientes para afrontarlo y poner las soluciones que a medio plazo generen resultado". "No podemos construir miles de viviendas de un día para otro, pero sí tomar decisiones para las que hoy existen y no se ponen en alquiler o las que se dedican a pisos turísticos, achicando también el parque inmobiliario", en referencia a algunas de las decisiones adoptadas.
La inquietud por los altos precios del alquiler y la subida de los pisos es muy transversal pero latente, sobre todo en la izquierda. El Gobierno capitaliza así la iniciativa, pero necesita el apoyo de sus socios parlamentarios para muchas de las medidas. Y ayer no parecían precisamente satisfechos.
"Llegan tarde y se quedan cortos", defendió el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Por parte de EH Bildu, Óskar Matute, aseguró que "limitar no es suficiente" y que lo que hay que hacer es "prohibir la compra de viviendas por parte de extranjeros que no sean para vivir", respecto a las restricciones que se impondrán a los extracomunitarios no residentes.
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Podemos, también poco complaciente, consideró que el Ejecutivo sólo ha hecho "anuncios efectistas" y "medidas vacías". Para el PP, en cambio, todo lo que se ha planteado es "intervencionista". Justo este fin de semana, Alberto Núñez Feijóo ha reunido a sus barones en Asturias para lanzar su propia propuesta, que pasa por liberalizar suelo público y construir viviendas en alquiler "a precio tasado", con la licitación de planes urbanísticos exprés, reducir la "maraña burocrática" en los proyectos de edificación o rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 4%.
Como en este asunto es imposible obviar el aroma electoral (en ambos lados), el Gobierno plantea también su política de vivienda como un modelo antagónico al de los populares. "Solo les preocupa que la vivienda siga siendo un bien especulativo, con el que hacer negocios y dar pelotazos", indican en Ferraz, sobre la negativa de sus comunidades de aplicar el Índice de Precios de Referencia para rebajar el alquiler en las zonas declaradas tensionadas.
El presidente reconoció este lunes que el aumento de los precios responde a muchos factores como la extensión del número de hogares, que más personas viven solas, la población se concentra en las grandes ciudades, los intereses hipotecarios son más altos o la falta suelo, pero sostuvo también que existe un pecado original de la Administración popular que no actuó contra la burbuja inmobiliaria, frenó la construcción de vivienda pública y entregó a los fondos buitre las casas de protección oficial. Tampoco en este asunto parece que habrá un pacto de Estado.
El Gobierno se encomienda a la resolución del problema de la vivienda como gran baza electoral. En medio de un sinfín de conflictos abiertos que desgastan a Pedro Sánchez, desde las investigaciones judiciales a su esposa y su hermano a la difícil convivencia con Junts, la Moncloa ha puesto el foco en una de las principales preocupaciones de los españoles.