El juez cerca a Sánchez al extender la cadena de filtraciones del novio de Ayuso a la Moncloa
El auto judicial sitúa el delito de revelación de secretos en el entorno más cercano del presidente del Gobierno y asegura que la Moncloa actuó por "finalidad política"
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La sospecha de que la Moncloa acabaría salpicada por la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso acaba de pasar de la tesis a la realidad. El juez Ángel Hurtado ha dejado claro en su último auto que considera que fue "Presidencia del Gobierno" quien impulsó la difusión del contenido de emails reservados de la defensa del empresario Alberto González Amador para utilizarlos como arma contra una rival política. Con ello, sitúa el delito de revelación de secretos en el entorno más cercano al presidente del Gobierno y pone en nuevos aprietos al propio Pedro Sánchez.
Las conclusiones alcanzadas por el instructor y reflejadas en el escrito, donde el magistrado cita como imputado al fiscal general del Estado para el próximo 29 de enero, se basan en el análisis del móvil de Juan Lobato, el acta notarial que levantó el exsecretario general del PSOE de Madrid y su propia declaración. El juez considera -al igual que la UCO- que ha quedado acreditado que la Fiscalía General del Estado reenvió a ese departamento la comunicación en la que el abogado de la pareja de la presidenta madrileña ofrecía reconocer dos delitos fiscales para alcanzar un acuerdo de conformidad.
La eliminación de los mensajes del ordenador del fiscal general y de sus wasaps va en contra de la defensa de Álvaro García Ortiz en este contexto. Si, como defiende tanto el fiscal general como la Moncloa, los correos no se enviaron desde el Ministerio Público hasta Presidencia, no podrá demostrarlo, ya que han sido eliminados. Además, el borrado y el cambio de terminal extienden la sospecha de un intento de ocultación que tampoco favorece al jefe de la Fiscalía.
El informe clave de la Guardia Civil que sirve como trampolín y que Hurtado asume en su integridad se centra en la figura Pilar Sánchez Acera, mano derecha del entonces director de Gabinete de Pedro Sánchez y actual ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Su intervención en este episodio ha quedado acreditada de forma documental, en varios mensajes de los que se extraen las conclusiones reflejadas en el escrito.
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El magistrado asegura categóricamente, sin opción a la duda y más allá de la simple hipótesis, que el correo en cuestión, fechado el 2 de febrero de 2024, salió de la Fiscalía General del Estado con destino Presidencia del Gobierno y "de ahí al medio de comunicación El Plural.com". "Llegado a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato Gandarias, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política".
Para alcanzar esta certeza, Hurtado se apoya en la reacción de Lobato en aquel momento y en su afirmación, verbalizada de forma directa por wasap, de que el famoso email procedía de la Fiscalía. "En una primera transmisión que recibe de él, plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en el wasap que envía a las 08:44:19 Porq si no parece q me la ha dado la fiscalía (sic)". Las dudas de Lobato fueron a más en otras conversaciones con terceros. Minutos después asegura: "Y pilar quiere q yo saque el mail de fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser (sic)". Lo que "Pilar" le dijo cuando preguntó de donde procedía no aclaraba nada. "Ha llegado", se limitó a contestar de forma evasiva.
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La conclusión del instructor es que ante estas circunstancias, "desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio ElPlural.com". En todas las ocasiones en las que se refiere a la filtración en el auto, utiliza el término Presidencia y no otros posibles y más difusos como una simple mención a altos cargos de Moncloa o a personas vinculadas con el Ejecutivo. La elección no parece casual.
Además del respaldo de las propias valoraciones de Lobato, el juez tiene en cuenta la diferencia entre el email que Sánchez Acera le reenvió al que fuera líder socialista en Madrid con el correo que finalmente publicaron los medios. El correo entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal que llegó al teléfono de Lobato a través de una captura en poder de Sánchez Acera no tenía los datos personales tapados. Sin embargo, el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, sí. Este último procedía (ahora sí) de ElPlural.com. El primero, no. Deduce.
A juicio
Tanto el auto y sus afirmaciones como la propia confirmación de la imputación, dejan a García Ortiz en una situación cada vez más delicada. La prueba de descargo a su favor ha sido descartada por el magistrado, que no ha tenido en cuenta las declaraciones de los periodistas de la Ser y eldiario.es, que aseguraron la pasada semana como testigos que tuvieron conocimiento del correo de González Amador antes de que estuviera en poder del fiscal general.
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En el auto, el juez asegura que aunque afirmaron hacer conocido la comunicación reservada, no la publicaron. Considera que este hecho resta peso a sus afirmaciones. Así las cosas, acabada la fase de instrucción a la que aún quedan flecos, todo apunta a la apertura de juicio oral. A cada paso del procedimiento, la situación de García Ortiz empeora y provoca nuevas críticas por su decisión de mantenerse en el cargo.
El magistrado deja entrever otra cosa en su escrito. Si ve así de clara la intervención de Moncloa, tendrá que tomar decisiones. La citación de Sánchez Acera es segura y está por determinar si tira del hilo que le presentó la UCO e interroga a aquellos que, según dijeron los agentes, tuvieron conocimiento del email antes de ser publicado en ningún medio: el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada; y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.
La sospecha de que la Moncloa acabaría salpicada por la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso acaba de pasar de la tesis a la realidad. El juez Ángel Hurtado ha dejado claro en su último auto que considera que fue "Presidencia del Gobierno" quien impulsó la difusión del contenido de emails reservados de la defensa del empresario Alberto González Amador para utilizarlos como arma contra una rival política. Con ello, sitúa el delito de revelación de secretos en el entorno más cercano al presidente del Gobierno y pone en nuevos aprietos al propio Pedro Sánchez.