La ley contra el "abuso judicial" permite la vuelta de Puigdemont, pero Junts quiere más
El partido del expresident considera que la norma que propone el partido de Sánchez no incluye garantías del cierre definitivo de la causa del procés que le mantiene fuera de España
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La Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al "acoso derivado de acciones judiciales abusivas" que ha lanzado el partido del Gobierno no solo beneficia a Begoña Gómez, su hermano y el fiscal general del Estado. Arroja una cuerda a la que agarrase a Carles Puigdemont, obligado a permanecer fuera de España ante el fracaso de la amnistía para favorecer su rehabilitación por la vía rápida. La norma en su redacción actual le permitiría volver a España con perspectivas, además, de ver archivado su caso. Sin embargo, no es suficiente para el partido del expresident, que desconfía de las promesas del Gobierno. Junts ha avanzado una enmienda a la totalidad contra el texto y una propuesta propia.
La aprobación de la norma abre la puerta al regreso del fugado a través de la eliminación de Vox como acusación popular. La proposición contempla la prohibición para los partidos políticos de ejercer la acción penal. Una vez aprobada la ley de amnistía, solo el partido de Santiago Abascal se opuso a que le fuera aplicada, mientras que las otras partes —Fiscalía y Abogacía del Estado— reclamaron que sus delitos quedaran borrados.
El juez Pablo Llarena negó que esa ley afectara al delito de malversación agravada por el que le mantiene procesado. Con ese asidero, mantuvo la orden de detención en territorio nacional. Sin embargo, si la nueva ley se aprueba y Vox sale del procedimiento, el instructor del procés no tendrá ninguna acusación que reclame su entrada en prisión y se verá obligado a dejarle libre de forma inmediata.
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A medio plazo, la presencia exclusiva de la Fiscalía del Estado, representada ahora por la número dos de Álvaro García Ortiz, y de la Abogacía del Estado sugieren un archivo del procedimiento. Puigdemont no cuenta, sin embargo, con garantías de que eso suceda y no confía en la solución definitiva. Ya cuenta con la experiencia de la ley de amnistía y tanto él como su entorno son conscientes de que el Supremo tiene la posibilidad de congelar de nuevo los tiempos, por ejemplo, presentando ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad.
Con este panorama todo apunta a un nuevo pulso y un cruce de redacciones que abre la vía a que su actual articulado se amplíe si el Gobierno quiere lograr el apoyo de Junts. La portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, anunció horas después que su grupo presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo porque considera que se queda "cortísima".
Nogueras dejó claro que la propuesta no tiene el alcance que cree que debe tener: "La propuesta que presenta el PSOE se queda muy corta, cortísima". "El PSOE debe decidir si quiere tirar las paredes maestras o no, si quiere acabar con el cuervo que está instaladísimo en las instituciones del Estado español, o si se quiere quedar en la estética como hasta ahora", añadió. Durante la redacción de la ley de amnistía, el Gobierno acabó presentando hasta dos textos alternativos que ampliaban el original, por la presión del partido soberanista.
Batería contra las acusaciones populares
La propuesta del Ejecutivo limita la actuación de las acusaciones populares. Por una parte, deja fuera a los partidos políticos de forma inmediata, ya que especifica en una disposición transitoria única que las modificaciones contempladas por dicha proposición "serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento".
Además, fija que "quienes pretendan ejercitar la acción popular deberán actuar en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente", por lo que exige que acrediten ante la autoridad judicial "la relación o vínculo personal, social o profesional con el interés público que motiva su intervención en el procedimiento, así como la relevancia y suficiencia de dicho vínculo".
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También contempla la "plena" exclusión de la fase de instrucción, es decir, de la investigación judicial, aunque podrá recurrir en caso de que el instructor acuerde archivar. Y ello para "preservar el carácter secreto o reservado de la fase de instrucción, permitiendo que únicamente tengan conocimiento de la misma los sujetos directamente concernidos: el Ministerio Fiscal, el ofendido y perjudicado por el delito y la persona investigada".
La norma destaca como colofón que "cuando no se formule acusación por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular, el proceso penal será archivado, no pudiendo continuar el mismo solo con la acusación formulada por la acusación popular salvo por delitos en los que concurra un interés exclusivamente público".
La Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al "acoso derivado de acciones judiciales abusivas" que ha lanzado el partido del Gobierno no solo beneficia a Begoña Gómez, su hermano y el fiscal general del Estado. Arroja una cuerda a la que agarrase a Carles Puigdemont, obligado a permanecer fuera de España ante el fracaso de la amnistía para favorecer su rehabilitación por la vía rápida. La norma en su redacción actual le permitiría volver a España con perspectivas, además, de ver archivado su caso. Sin embargo, no es suficiente para el partido del expresident, que desconfía de las promesas del Gobierno. Junts ha avanzado una enmienda a la totalidad contra el texto y una propuesta propia.