María Jesús Montero trata de ganar tiempo ante la demanda del novio de Ayuso
Alberto González Amador le reclama 40.000 euros por las declaraciones que ha realizado contra él durante los últimos meses y el Supremo ha admitido a trámite su demanda
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F34e%2Ffcd%2F059%2F34efcd059b4a813f1897f009c215c4a2.jpg)
La Abogacía del Estado ha pedido la suspensión del plazo que el Tribunal Supremo había otorgado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para responder a la demanda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por una supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor, informan fuentes jurídicas. El alto tribunal acordó el pasado 16 de diciembre darles 20 días tanto a Montero como a la Fiscalía, pero la Abogacía, que ejerce la defensa de la vicepresidenta, ha activado esta prerrogativa para ganar un mes más de tiempo.
Esta posibilidad se recoge en la ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. En concreto, en su artículo 14, que establece que "al recibir el primer traslado, citación o notificación del órgano jurisdiccional", la Abogacía del Estado "podrá pedir, y el juez acordará, la suspensión del curso de los autos, salvo que, excepcionalmente, y por auto motivado, se estime que ello produciría grave daño para el interés general". Este plazo de suspensión no puede "exceder de un mes" ni "ser inferior a 15 días".
Según apuntan las fuentes consultadas, la Abogacía se acogió a esta prerrogativa nada más notificarse la admisión a trámite la demanda y el magistrado dictó el 17 de diciembre una providencia en la que acordaba suspender los plazos durante un mes. Montero, por tanto, ya no está obligada a responder a los argumentos de González Amador a largo de este mes de enero.
La exministra de Igualdad, Irene Montero, ya pasó por una situación similar en 2022, cuando llamó "maltratador" al exmarido de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre. Tras negarse a acudir al correspondiente acto de conciliación, el Supremo acabó condenándola en 2023 a pagarle una indemnización de 18.000 euros, además de tener que publicar en su cuenta de Twitter y en un periódico de ámbito nacional el encabezamiento y fallo de la sentencia. En aquella ocasión, la Abogacía del Estado también pidió la suspensión de plazos, apuntan las mismas fuentes.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F55d%2Fcdc%2F520%2F55dcdc52018cacdc73973c304cace11c.jpg)
En el caso de María Jesús Montero, el novio de Díaz Ayuso le exige el pago 40.000 euros por las declaraciones que ha realizado contra él durante los últimos meses. La demanda acabó en el Supremo después de que la vicepresidenta se negara a acudir a un acto de conciliación en un juzgado madrileño el pasado octubre. Durante la celebración de esta comparecencia, cabía la posibilidad de que ambas partes llegaran a un acuerdo, pero, al no presentarse, González Amador tuvo vía libre para elevar su reclamación al alto tribunal.
Entre las declaraciones que señala su demanda, se incluyen unas del pasado 12 de marzo, cuando Montero arremetió contra la presidenta madrileña por vivir en un piso pagado "con fraude a la Hacienda Pública" y con "comisiones" por la venta de mascarillas. La también ministra de Hacienda hizo estas declaraciones después de que Eldiario.es desvelara que la Fiscalía había denunciado a González Amador por fraude fiscal.
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F312%2Fd90%2Fbde%2F312d90bde42508eea49db2350deb2540.jpg)
Como avanzó este diario, la defensa del novio de Díaz Ayuso amplió posteriormente su demanda y puso también el foco en las declaraciones que Montero realizó el pasado octubre. Entre ellas, unas valoraciones que hizo el día 23 en los pasillos del Congreso: "La señora Ayuso tiene que dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos y surgen. Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará", vaticinó ante los periodistas.
Apenas unas horas después de hacer estas declaraciones, se publicó en prensa que la jueza que mantiene imputado a González Amador había ampliado la investigación a nuevos delitos. La demanda del novio de Díaz Ayuso no pasa por alto el escaso tiempo que transcurrió entre las palabras de Montero y el momento en el que se hizo pública esta decisión. La sospecha de filtraciones para perjudicarle a él y a la presidenta madrileña ha sido constante en la causa que se sigue contra él, hasta el punto de que el Supremo ya está investigando si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, incurrió en un delito de revelación de secretos.
La Abogacía del Estado ha pedido la suspensión del plazo que el Tribunal Supremo había otorgado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para responder a la demanda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por una supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor, informan fuentes jurídicas. El alto tribunal acordó el pasado 16 de diciembre darles 20 días tanto a Montero como a la Fiscalía, pero la Abogacía, que ejerce la defensa de la vicepresidenta, ha activado esta prerrogativa para ganar un mes más de tiempo.