El PP busca fórmulas para frenar la 'ley de impunidad' del PSOE y mira al TC y a la UE

En la planta noble de Génova hacía tiempo que corría el runrún de la carta que Sánchez se sacaría de la manga para intentar taponar su hemorragia judicial. Hasta ahora, desde la Moncloa y desde Ferraz se había alentado la tesis de la confabulación de "sectores extremistas" para minimizar las causas abiertas contra el entorno político y personal del presidente del Gobierno. Pero el PSOE ha pasado del relato a la acción con una proposición de ley para frenar lo que califican como "acoso" por "acciones judiciales abusivas", una reforma de gran calado que favorecería el cierre de casos como el que afecta a Begoña Gómez.

La iniciativa que los socialistas registraron el viernes de forma imprevista en el Congreso pilló a más de un dirigente del PP con el pie cambiado y provocó una oleada de malestar y rechazo en el primer partido de la oposición contra lo que ya han apodado como la "ley de impunidad" del PSOE. En la cúpula popular también se respira cierta "preocupación". Porque, al menos en este momento, no tienen garantías de poder frenar el paquete legislativo de los socialistas si éste termina viendo la luz, más allá de la siempre compleja aritmética parlamentaria del Gobierno. Pero explorarán "todas" las fórmulas, a nivel parlamentario y judicial, para intentarlo.

La primera vía que observan en el PP es intentar poner palos en las ruedas a la proposición de ley desde su origen en la tramitación. Fuentes del equipo jurídico de Feijóo asumen que no podrán frenar su calificación por la Mesa del Congreso por la mayoría progresista que la controla, pero a partir de ese momento sí podrán presentar escritos de reconsideración a los letrados de la Cámara para su obstaculización, en este caso más por la forma que por el fondo de la propuesta.

El PSOE ha optado por la fórmula de la proposición de ley, lo que le permite agilizar los trámites sin contar con los informes preceptivos de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado, a pesar de que la reforma incluye modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una de las patas a las que se aferrará también el PP para llamar la atención de Europa. Voces autorizadas del PP cercanas al líder nacional apuntan a que elevar la norma a la Comisión Europea será otro elemento clave de presión por la falta de "consenso" con "los órganos de gobierno del Poder Judicial".

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Los recursos parlamentarios del PP no suelen llegar a buen puerto por el filtro del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que fue escogido por la socialista Francina Armengol. Pero hay algún precedente que invita a un resquicio de esperanza para los populares, como sucedió con el veto que interpuso el Gobierno a la ley de conciliación del PP por alterar la política presupuestaria. Galindo se desmarcó, se posicionó a favor del PP y manifestó su posición contraria al veto del Ejecutivo. "Los letrados tienen que valorar el acomodo de las leyes a la legalidad vigente y a la Constitución", inciden los populares.

A priori, y a falta de un análisis exhaustivo de la norma, las fuentes consultadas advierten del choque de la proposición del PSOE con la Carta Magna, y ven también plausible la vía de acudir al Tribunal Constitucional, sin descartar otros recursos judiciales. "Es un texto muy limitativo que choca con la letra de la Constitución. Defenderse con las leyes es antidemocrático. Lo que pretenden es privar de facultad al juzgador", subrayan las fuentes consultadas. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano", añaden.

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La bautizada como "ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas" pone los mimbres para suprimir a los partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculadas a los mismos de la acusación popular, y limita además su capacidad de actuar sacándolas de la fase de instrucción. El peso del procedimiento quedaría en manos de la Fiscalía, que ya se opuso a la apertura de causas como la que pesa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La norma registrada por el PSOE pretende también impedir que se abran procedimientos por "recortes de prensa", es decir, cualquier acción penal por denuncias con base a informaciones periodísticas. Hay que recordar que ya existe doctrina del Tribunal Supremo que establece que una publicación mediática no es suficiente para abrir una causa penal sin pruebas o indicios que lo acrediten, lo que queda a criterio del juzgador."Esto es absolutamente una censura previa", inciden en el PP. La reforma de los socialistas propone, además, que se pueda recusar a jueces que haya emitido opiniones políticas.

Hace años, aún con Mariano Rajoy en el Gobierno, el PP se planteó modificar también la figura de la acusación popular en pleno terremoto por el caso Gürtel. "Hubo cierto consenso para regularla y mejorarla, pero nunca para suprimirla", explican en el partido. La idea, no obstante, se desechó rápido por la falta de acuerdo con Ciudadanos, y ni siquiera salió de la subcomisión de Justicia. Tampoco la recuperaron posteriormente.

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"Sánchez va a por todas", insisten en el PP. "Es una ley hecha con las vísceras ad hoc para defender a su líder. No se puede hacer de una manera más vergonzosa. Utilizan el poder legislativo de la peor manera posible, para confirmar el acoso y la limitación a los jueces", lamentan. La ley del PSOE incluye una disposición transitoria que especifica que si la norma entra en vigor, aplicará "a los procesos en curso", es decir, a todas las causas actualmente abiertas contra el Ejecutivo: su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, o el caso Koldo, entre otras derivadas.

Más allá de la ofensiva que pueda desplegar el primer partido de la oposición, el primer obstáculo que se ha encontrado Sánchez está en sus propios socios parlamentarios. Porque Junts ya anunció el mismo viernes que presentaría una enmienda a la totalidad a la ley por considerarla "insuficiente". Habrá que esperar, al menos hasta febrero, para conocer el recorrido que tendrá finalmente la ofensiva del Ejecutivo para limitar a la judicatura.