El PSOE diseña una ley a la medida de Begoña Gómez para forzar el cierre de su caso

Una causa incómoda para el presidente del Gobierno. Una ley diseñada para provocar su cierre. La proposición de ley anunciada por el PSOE en el Congreso es mucho más que una declaración de intenciones o un proyecto a futuro y su entrada en vigor amenaza el procedimiento que sigue en la actualidad el juez Juan Carlos Peinado en contra de Begoña Gómez. La eliminación de la ecuación de las acusaciones populares, la postura de la Fiscalía que no apoyó su apertura y se ha sumado a las solicitudes de archivo y la precisión incluida en el texto de que el articulado es aplicable a procedimientos que estén ahora mismo en curso favorecen que la mujer de Pedro Sánchez pueda esperar un carpetazo al caso, que ya ha buscado por otras vías sin éxito.

La iniciativa parlamentaria no solo tendrá efectos en la instrucción sobre las actividades profesionales de la esposa del jefe del Ejecutivo si acaba viendo la luz. Afectará también al resto de casos que rodean en los últimos meses al Gobierno, cuyo avance será más complicado que en la actualidad. Sin embargo, es en esa causa concreta donde las posibles repercusiones son más evidentes e inmediatas. La propuesta de norma incluye, sin disimulo, algunas de las principales críticas lanzadas contra ese procedimiento desde Moncloa. Pedro Sánchez, varios ministros y otros cargos han repetido de forma constante que todo parte de una denuncia presentada por una organización "ultraderechista" basada en "recortes de prensa" que busca "una operación de acoso y derribo contra el presidente del Gobierno y su entorno más próximo".

Del discurso político se ha pasado a la acción legislativa con una redacción que la mayoría de la judicatura considera inconstitucional. En resumen, la proposición pone los mimbres para la expulsión de las acusaciones populares de los procedimientos, o bien por la vía de la prohibición de que ejerzan la acción penal, o bien por la restricción de su capacidad de actuar, sacándolas de la fase de instrucción. Con ello, el peso completo de la instrucción queda en manos de una Fiscalía sometida a dependencia jerárquica. En el caso Begoña ejercen la acusación en la actualidad un partido político —Vox— y varias asociaciones a las que el Gobierno sitúa en ese espectro de la derecha extrema: Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias, Movimiento de Regeneración Política de España y un particular.

Ante la posibilidad de que tachar a las acusaciones de la ecuación no fuera suficiente, el texto registrado agrega otro componente, de nuevo rescatado del argumentario del PSOE en los últimos meses. Explica en su preámbulo que, en un momento como el actual en el que "las noticias o juicios de valor periodísticos son de fácil difusión a través de canales digitales y redes de comunicación", existen "revelaciones que no siempre están contrastadas o que obedecen a móviles espurios". Defiende así que las informaciones no pueden servir de base para abrir un proceso penal si no se acompañan de "una mínima base probatoria o indiciaria".

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El texto de los socialistas dice en concreto que los jueces tendrán que inadmitir la denuncia "cuando se base en meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad, o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados". La redacción supone que el legislativo irrumpa en la valoración de la prueba que realizan los magistrados.

Como colofón, la ley proyectada incluye que, si la Fiscalía o la acusación particular no ven delito, el proceso penal tendrá que ser archivado, "no pudiendo continuar el mismo solo con la acusación formulada por la acusación popular salvo por delitos en los que concurra un interés exclusivamente público".

El hermano de Sánchez y el resto de casos

Con todas esas premisas, el caso Begoña Gómez se vería herido de muerte. El que afecta al hermano de Pedro Sánchez tendrá también un destino incierto. Los dos se abrieron por denuncia presentada por Manos Limpias según informaciones periodísticas. La diferencia es que, en el segundo, el Ministerio Público no ha mostrado una oposición tan frontal como en el primero.

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En la contratación de David Azagra por parte de la Diputación de Badajoz, en manos del PSOE, para coordinar la actividad de los conservatorios de la ciudad, la Fiscalía no se ha opuesto de plano a la investigación. Sí discrepó con la jueza en diciembre en relación con el auto en el que la magistrada le citó a declarar esta semana. A su juicio no estaban suficientemente motivados los delitos que se le atribuyen a cada uno de los encausados.

La proposición también lanza un salvavidas al fiscal general en la causa en la que se le investiga por revelación de secretos, aunque, en su caso, la existencia de la acusación particular que ejerce el novio de Isabel Díaz Ayuso aleja el cierre del procedimiento. La iniciativa supondría, eso sí, la expulsión de una de las acusaciones: la que ejerce la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, ya que también prohíbe a colectivos vinculados a la judicatura o el Ministerio Público ejercer la acción penal. En cuanto a los casos Koldo y José Luis Ábalos, el peso completo quedaría sobre los hombros de la Fiscalía Anticorrupción.

En general, cualquier causa de corrupción que pueda afectar al mismo partido que propone la reforma legal, flaquearía.

"¿Colectivos víctimas de acoso?"

Aunque la judicatura ha agotado ya su capacidad de asombro, el anuncio de la ley ha vuelto a indignar. Sobre todo, el texto sobrevuela una acusación de politización de los jueces que se sustancia en uno de sus artículos, por el que se incluye como causa de recusación sus opiniones públicas en contra o a favor de partidos o sindicatos. La sensación general es que el Gobierno cambia las reglas del juego a media partida y que lanza el aviso de que, si la ley no conviene a determinados intereses personales, se muda sin más."Hay un tufillo dictatorial", señala una fuente. "Y mucho miedo", concluye otra.

Hace ocho años, en pleno estallido de las causas de corrupción que cercaban entonces al PP, el partido propuso una modificación dirigida precisamente a rebajar la figura de la acusación popular. La propuesta levantó ampollas y el PSOE se opuso y acusó a la formación de buscar acallar las acusaciones de corrupción. En esa línea, hay quien habla ahora de "amnistía encubierta" o de "paraguas para la impunidad contra la corrupción". En el preámbulo en el que se dice que el objetivo de la ley es "asegurar los derechos fundamentales de los colectivos víctimas de acoso". "Cuánta ironía", lanza una de las fuentes consultadas.