Adade o el 'brazo judicial' del PSOE que sentó a Rajoy en el banquillo como acusación "popular"
El PP enterró en su día la idea de limitar las acusaciones por su "persecución" en la Gürtel: "No nos atrevimos, era demasiado grosero". Génova acusó a Ferraz de servirse de una asociación de abogados afines
Mariano Rajoy se revuelve hoy en el salón de su casa al contemplar cómo Pedro Sánchez busca apartar a las acusaciones populares de los procedimientos judiciales abiertos contra miembros de su familia y su Gobierno. La tesis de fondo de la reforma legislativa registrada ayer por el PSOE en el Congreso es que "organizaciones ultraderechistas" como el Sindicato Manos Limpias, pero también el PP y Vox, utilizan los tribunales para tratar de tumbar al Gobierno, pervirtiendo así la figura de la acusación popular.
En el PP de Rajoy no dan crédito. "En este país, los únicos que han perseguido al rival político con denuncias permanentes y titulares de prensa son los socialistas", zanja un estrecho colaborador en Génova en la época en la que estaba salpicada por los escándalos de corrupción que asolaban al partido. En todos ellos, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), formada por juristas de ideología progresista y varios afiliados socialistas, jugó un papel protagonista como acusación popular.
La proposición de ley del PSOE —bautizada "de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas"— pretende limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla ni partidos políticos ni asociaciones o fundaciones vinculadas a estas, además de impedir que se abran procedimientos por "recortes de prensa" o que se recusen a los jueces que hayan emitido opiniones políticas.
Precisamente, fue la petición de Adade la que logró que Rajoy compareciera ante el juez como testigo en el juicio de la Gürtel. Era la primera vez que un presidente del Gobierno de España se sentaba en el banquillo y aquello desembocó en la moción de censura que expulsó al PP de la Moncloa y aupó a Sánchez con su promesa de erradicar la corrupción de la vida pública.
El letrado de Adade que lo interrogó, José Mariano Benítez de Lugo, reconoció después haber trabajado durante más de veinte años para el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid y se afilió al PSOE en el franquismo. Para más inri, es vecino muy próximo de Rajoy en Aravaca.
Génova siempre denunció la estrecha vinculación de Adade con Ferraz, aunque no fuera estatutaria. "Es la asociación que estaba detrás de todas las acusaciones populares contra el PP. Son abogados de parte del PSOE disfrazados de acusación popular", recuerda hoy un exdirigente nacional que vivió el estallido de los escándalos judiciales del PP. En todos ellos se personó esta asociación, que hoy está presente en el caso Koldo. En cambio, no participó de los procesos que afectaron a los socialistas, como los ERE, con el pretexto de que ellos trabajan gratuitamente y no pueden costearse procedimientos fuera de Madrid.
El PP llevó a Adade a la comisión de investigación que abrió en el Senado sobre financiación de los partidos. El cuestionario fue preparado con especial esmero entre la dirección de grupo y la cúpula nacional. Aunque no se pudo demostrar la conexión, más allá de que varios de los letrados han estado o están contratados de asesores en grupos parlamentarios socialistas. "Le hacen el trabajo sucio al PSOE, son sus abogados de parte", les acusó el senador Luis Aznar.
Su letrado más mediático, Benítez de Lugo, que protagonizó un tenso careo con Rajoy en el juicio de la Gürtel, negó cualquier concertación política, aunque admitió que llevaba dos décadas trabajando para el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Su presidente, Francisco Javier Ledesma, que fue miembro del PSOE y UGT, diputado socialista en la Asamblea de Madrid hasta 1999 y hermano del ministro de Justicia Fernando Ledesma, también rechazó que trabajaran al servicio del partido. Entre los abogados colaboradores de Adade también destaca Leopoldo Torres, que fue fiscal general del Estado con Felipe González.
Entonces eran los populares quienes acusaban al PSOE de utilizar la acusación popular para atacarles a ellos en los tribunales. De hecho, se plantearon internamente reformar la figura de la acusación popular —no derogar—, aunque se desechó rápido.
Un dirigente de entonces recuerda con frustración el debate de aquellos meses. "Fue una idea, nada serio. Nunca nos atrevimos a plantear nada porque era grosero. Parecía que era protegerte a ti mismo", explica este exdirigente de Génova, que añade que el PP siempre se ha personado como partido, "nunca a través de grupos interpuestos como Adade". "Manos Limpias nada tiene que ver con nosotros", zanja al tiempo que recuerda que después de la actuación de Adade en el caso Gürtel "hubo abogados que se ofrecieron" ante Génova para poner en marcha asociaciones contra el PSOE. "Nosotros jamás haríamos eso", concluye.
Otras fuentes del PP recuerdan que el debate de reformar la figura de la acusación popular llegó tierno a la subcomisión de Justicia, pero quedó en un tintero porque Ciudadanos se levantó de la mesa de negociación en el que se abordaban medidas de regeneración democrática. "Estábamos a favor de regular mejor la figura de la acusación popular de los partidos políticos, pero no limitarla ni eliminarla por completo. Esto es un atropello, un disparate", recalcan las fuentes.
Mariano Rajoy se revuelve hoy en el salón de su casa al contemplar cómo Pedro Sánchez busca apartar a las acusaciones populares de los procedimientos judiciales abiertos contra miembros de su familia y su Gobierno. La tesis de fondo de la reforma legislativa registrada ayer por el PSOE en el Congreso es que "organizaciones ultraderechistas" como el Sindicato Manos Limpias, pero también el PP y Vox, utilizan los tribunales para tratar de tumbar al Gobierno, pervirtiendo así la figura de la acusación popular.
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