El Gobierno se aferra a que puede aprobar los presupuestos pese a la crisis con Puigdemont

La política española está dividida entre quienes piensan que habrá unos nuevos presupuestos para este año y los que no, entre quienes creen que la legislatura quedará liquidada cuando el Tribunal Constitucional resuelva a favor de la amnistía y los que opinan que Pedro Sánchez tiene carrete hasta 2027. Las sensaciones difieren en función del grado de agresividad pública de Carles Puigdemont.

En las casas de apuestas del Congreso, el año se ha cerrado a la baja para el presidente, con las relaciones entre el Gobierno y Junts en su peor momento. La Moncloa sigue a ciegas y todavía no sabe si podrá aprobar las cuentas de 2025. Pero se aferra a que habrá presupuestos, a pesar de los continuos tropiezos con el expresidente, su exigencia de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, su pinza con el PP y su estrategia de apretar y apretar.

Ha debido de ser el descanso navideño, el Ejecutivo ha vuelto convencido de que lo peor ha pasado, que la mayor dificultad de estos meses ha sido aprobar la reforma fiscal y esa prueba la han superado. Fuentes gubernamentales confirman que se han retomado los contactos con Junts y se está "hablando de todo". Por supuesto, sobre los objetivos de déficit, que los catalanes ya tumbaron una vez, y de los presupuestos.

También del prometido traspaso de la gestión de la inmigración, donde Puigdemont exige "ser responsables de toda la cadena de decisión, desde el control de las fronteras hasta la propuesta de expulsión o las estancias de larga duración" y de la proposición no de ley para que el presidente se someta a una cuestión de confianza, que el PSOE mantiene congelada en la Mesa del Congreso. Sobre este tema, aseguran desde el Ejecutivo, "estamos trabajando con ellos".

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Las negociaciones están abiertas sin el expresidente como interlocutor. El Gobierno es consciente de que él tiene la última palabra y aun así confía en superar este bache. Especialmente belicoso en las semanas previas a Navidad, el líder de Junts parece atravesar una crisis de identidad. Se siente "maniatado" al Ejecutivo que, según denuncia, no cumple con sus compromisos, los empresarios le presionan para volver a ser la antigua Convergència y vive con inquietud la recuperación de ERC, en la nueva etapa de Oriol Junqueras.

Pese a este complejo escenario, el Gobierno piensa que finalmente dará su apoyo a las cuentas de 2025, que permitirían a Sánchez estabilizar la legislatura y prolongarla hasta 2027. Hasta trabajan para que su respaldo permita aprobar el cambio en la ley de Extranjería que acabe con el drama humanitario de Canarias, al obligar a todas las comunidades a acoger a los menores inmigrantes.

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El Ejecutivo no se pone plazos, pero el tiempo apremia. La previsión es poder presentar los PGE en el primer trimestre del año, aunque están dispuestos a retrasarlo un mes si las conversaciones avanzan. La Moncloa sí aleja por ahora la aprobación de los nuevos objetivos de déficit, que sólo se aprobarán para su refrendo en el Congreso si se confirma que hay presupuestos. En definitiva, que todo forma parte de un mismo paquete.

En medio de esta vorágine negociadora, la parte socialista del Gobierno no ve urgente la reducción de la jornada laboral. No porque no pretendan cumplir con este compromiso, que forma parte del acuerdo de coalición, sino porque no hay votos en el Congreso. Junts, que ha mantenido conversaciones con Foment del Treball, la patronal catalana coaligada con CEOE y contraria a la rebaja, ni siquiera avala la tramitación de la reforma. Esto significa que sus votos junto a los del PP y Vox podrían aprobar la enmienda a la totalidad y tumbar las 37,5 horas semanales.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ha cerrado un pacto con los sindicatos, quiere que el Consejo de Ministros dé su visto bueno sin cambios. Pero Economía defiende que no se puede enviar al Congreso un texto que no cuente con cierta conformidad de los grupos de la mayoría de la investidura, en referencia sobre todo a Junts. Para superar su veto, Díaz mantiene conversaciones con Puigdemont, a quien ya conoce de una visita a Waterloo.

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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzada ya como nueva secretaria general del PSOE andaluz, se ha propuesto sacar los PGE y volcarse después en resucitar al partido en Andalucía para encarar las elecciones autonómicas de junio de 2026. En el Gobierno están empeñados en que lo difícil fue sacar la reforma fiscal, con partidos, además, de distinta procedencia ideológica (de Junts a Podemos), y que es factible tener nuevos presupuestos. Lo que no dicen aún es a qué precio.